La sesión de inicio del juicio a Baltasar Garzón celebrada ayer estuvo de verdad a la altura de lo esperado. Garzón no se arrugó y defendió lo evidente con palabras claras: si ordenó escuchas policiales a los abogados de Gürtel es porque en esa "organización criminal" los abogados "formaban parte nuclear de ella" y eran "elemento básico en el blanqueo de dinero". Oigan al pobre tipo que preside el tribunal intervenir nervioso como un flan, consciente de su triste papel en esta tragicomedia fabricada a mayor gloria de la exculpación de un puñado de sinvergüenzas, a los que Garzón destapó sus sucios negocios y sus conexiones políticas con el partido de la derecha española.Y es que el juicio entero es una farsa política instrumentada en venganza por las actuaciones del juez Garzón contra la trama Gürtel, como lo es de modo aún más evidente el siguiente caso del que tendrá que responder, un montaje judicial instigado por un grupúsculo fascista para castigar su intento de investigar los crímenes contra la Humanidad del franquismo, régimen al que la clase judicial española tanto debe y al que tanto honra. Después de treinta años de democracia seguimos teniendo un aparato del Estado, el judicial, que sigue enfeudado a un pasado que para ellos continua vivo y presente, y si algún juez lo olvida o intenta orillarlo ahí está la jauría mediática para recordárselo y la organización corporativa para neutralizarlo.
Al linchamiento judicial de Garzón asisten un centenar de periodistas extranjeros, desde la CNN hasta Al Jazeera pasando por los medios más influyentes de Argentina y Chile, países que llevan tiempo atentos a esta clase de iniciativas cercenadoras en España de la búsqueda de la verdad y la reparación en materia de memoria histórica. La indignación y el escándalo están por tanto garantizados a nivel internacional; su mera posibilidad deberían cubrir de vergüenza -en el improbable caso de que la tuvieren- a los responsables de la patochada que acaba de comenzar en Madrid.
En realidad, el objetivo de este juicio no es solo acabar con Garzón y escarmentar en cabeza ajena a los jueces que tienen ahora en sus manos la posibilidad de meter en la cárcel a los corruptos de Gürtel y sus socios del Partido Popular. Por encima de todo lo que se está buscando es conseguir eliminar legalmente las pruebas existentes, destruyendo las cintas policiales grabadas que incriminan a los acusados. Ilustres precedentes de la destrucción de pruebas grabadas por orden judicial los hay en casos semejantes en los que se vinculaba igualmente corrupción y Partido Popular, como lo fue el caso Naseiro (antiguo tesorero del PP) y el caso Zaplana (ex presidente de la Generalitat Valenciana anterior a Camps, también del PP).
Visto lo visto, y con todo, los magistrados que juzgan a Garzón harían bien en tentarse la ropa, no fuera el caso de qué dentro de un tiempo fueran ellos los que tuvieran que responder ante un tribunal por haber prevaricado. A la larga, las farsas judiciales acaban estallándoles en la cara a quienes participan en ellas: recuerden el affaire Dreyfuss o el juicio a Léon Blum. O lo que les dijo Sophie Schöll al fiscal y los jueces nazis que la condenaron a la guillotina: "pronto estaréis vosotros en mi lugar".
En la imagen que ilustra el post Mariano Rajoy, actual presidente del Gobierno español (PP) en un mitin del Partido Popular en Valencia cuya organización pagó la trama Gürtel, según el sumario que se sigue a esta red de corrupción política. A la derecha de la imagen está Alvaro Pérez "el Bigotes", máximo responsable de la red Gürtel en el País Valenciano, y a la izquierda el expresidente valenciano, Francisco Camps (PP), alias" el Curita" en Gürtel.