Como ya les comenté en un post anterior, el 19 de enero pasado falleció mi padre. A posteriori mi madre y yo hemos tenido que comenzar una serie de gestiones en relación con lo que podríamos llamar la burocracia postmortem: cambiar titularidad de cuentas en la Caja de ahorros, comunicar en persona el hecho a la delegación del Ministerio de Trabajo para que le dieran de baja en la Seguridad Social y el sistema de pensiones, comenzar papeleos con gestores y notarios por asuntos de herencia, etc etc.
Sorprende que en un mundo tan informatizado como el nuestro, el ciudadano aún tenga que andar con papeles de ventanilla en ventanilla para resolver estos asuntos, y más a los pocos días de haber ocurrido un hecho tan triste. Parece que sería bastante más fácil ventilarlo al modo en que lo hace la Agencia Tributaria, quien recibe de modo informático los datos sobre nuestros ingresos que generan diferentes terminales. Vamos, que apretando un botón como quien dice, a Hacienda no se le escapa nada, si quiere. Hace algunos años, por ejemplo, recibí una amable carta suya a los pocos días de presentar mi declaración anual del IRPF haciéndome saber que había olvidado mencionar los datos catastrales de un piso de mi propiedad, vivienda que efectivamente por descuido no había incluido en mi declaración. O sea que como digo si quieren, pueden.
No quisiera sin embargo que se queden con la idea de que la Administración española se limita a descargar sobre los deudos del fallecido un trabajo que es a ella a quien en última instancia le interesa que se ejecute. Comprensiva como es nuestra burocracia estatal, es capaz de arbitrar alivios que hablan a las claras de la humanidad de quienes la rigen. Así por ejemplo nuestra Administración central parece ser consciente de que los gastos que origina un entierro tienen una repercusión directa sobre el bolsillo de los familiares del difunto. Entre paréntesis, hoy día no hay funeral digno posible por debajo de los tres mil euros, y eso sin contar nichos o tumbas.
Como prueba de estos desvelos, la dirección Provincial del Ministerio de Trabajo e Inmigración del Gobierno de España remitió con fecha 15 de febrero pasado una Resolución (sic) dirigida a mi madre, en la que un tal Carmelo Palomero Montes, Director Provincial, tiene a bien notificarle que de acuerdo con la LGSS aprobada por Real Decreto de 20 de junio de 1994 y la Orden de 13 de febrero de 1967, "ha resuelto aprobar la prestación cuyos datos, efectos e importes se señalan en esta notificación", advirtiendo que en caso de "no estar conforme con la resolución adoptada" podrá reclamar por la vía jurisdiccional. Todo este despliegue se concreta un poco más abajo en dos líneas:
"DATOS RELATIVOS A LA PRESTACIÓN DE AUXILIO POR DEFUNCIÓN":
Importe de la prestación........ 42'09 €.
Han leído bien: cuarenta y dos euros con nueve céntimos. He de aclarar que ni mi madre ni yo solicitamos prestación alguna y por tanto esta "ayuda" se concede con carácter general, lo que a mi juicio aumenta su contenido insultante. Realmente o pretenden insultarnos, o quien maneja ese negociado es un tarado mental. Y es que sólo un idiota profundo en el sentido médico del término puede creer que cuarenta y dos euros con nueve céntimos constituyen hoy día una "ayuda" ni siquiera simbólica, con la cual una viuda a la que le han dejado la pensión en menos de la mitad de lo que percibía su esposo en vida, pueda sufragar al menos una parte de los gastos del entierro de su marido. Claro que si se tiene en cuenta que la Orden que regula la "prestación" se tramitó en 1967, la cosa se entiende un poco mejor: quizá fue ese año, en pleno reinado del general Franco, cuando se fijó la cuantía de la prestación y ésta no se ha movido desde entonces.Para tramitar esta "ayuda" debe existir una oficina en la que un grupo de funcionarios cobran un sueldo mensual por cumplir un horario en el que envían docenas o acaso cientos de notificaciones como esta cada día, por importe de cuarenta y dos euros y nueve céntimos cada una. Parece un chiste de La Codorniz: La Oficina Siniestra.
En tiempos de presunta austeridad en las cuentas públicas, estaría bien comenzar por suprimir una "prestación" tan indigna que debería avergonzar a quien la concede y nada soluciona a quien la recibe. Y de paso, estudiar si mantener al señor Palomero Montes y subordinados en el cargo y en el sueldo es un lujo que los ciudadanos en general estamos en condiciones de seguir pagando indefinidamente.