Entre la colección de medidas contrarreformistas adoptadas por el Gobierno español el viernes pasado como acompañamiento de los Presupuestos Generales del Estado presentados, destaca con luz propia ese verdadero acto de piratería financiera que es la propuesta de amnistía fiscal para evasores de capital y defraudadores a Hacienda, a los que se promete impunidad si retornan lo evadido y aceptan pagar un gravamen del 10% sobre el capital escondido. Con esa medida el Gobierno dice pretender hacer aflorar veinticinco mil millones de euros, e ingresar en las arcas del Estado dos mil quinientos.
Tal reforma sorprende poco porque hace tiempo que la CEOE, la gran patronal, la viene reclamando. Y el PP está obviamente para lo que gusten mandar esas aves de rapiña. En el fondo es lógica tal demanda, dada la condición de defraudadores de impuestos que tienen la inmensa mayoría de empresarios españoles, grandes o pequeños. Según el catedrático Vicenç Navarro, en España empresarios, rentistas y especuladores defraudan anualmente setenta mil millones de euros a Hacienda. Este es por otra parte, el único país del mundo en el que el promedio de lo que declaran los empresarios como ingresos anuales es inferior a la media de ingresos anuales declarada por los asalariados. Y ello en un país en el que cobrar mil euros como salario mensual es ya, una rareza.
Así que en eso estamos, en el perdón gubernamental a los granujas que en vez de pagar impuestos se llevan los capitales allegados a costa de los trabajadores a paraísos fiscales opacos. Bastará como digo conque paguen un 10% de ellos, para que puedan legalizarlos y quedar exonerados de toda responsabilidad. Y además podrán aparecer como unos patriotas, ellos que aman tanto a su España que la descapitalizan sin el menor rubor.
Ya sabemos que un 10% de gravamen es una cifra notablemente inferior a la que deberían haber pagado como impuestos normales (cualquier asalariado paga por IRPF tipos que llegan prácticamente a doblar esa cifra), pero para eso están los amigos: para legalizar el blanqueo de capitales. El ejemplo que se da a los contribuyentes cuando estamos a las puertas de una nueva campaña del IRPF es abrasador para la credibilidad de la Hacienda Pública. Hoy en El País, portavoces de la Organización Profesional de Inspectores de Hacienda del Estado dicen que la amnistía fiscal decretada es anticoonstitucional, "desligitima al Estado" y puede provocar un "derrumbe" en la conciencia fiscal de los ciudadanos. Veremos qué pasa cuando se abra la campaña de declaración del IRPF en mayo.
Y todo ello en un país que acaba de aportar la mitad de los nuevos parados habidos en toda Europa el pasado mes de febrero, en el que el paro entre los jóvenes ya supera el 50%, donde se acaba de suprimir las ayudas para la promoción formativa de los desempleados, y en el que la asignación conjunta consignada para Eduación y Sanidad en los recién presentados presupuestos estatales es inferior a la destinada para Defensa. Mientras que por ejemplo en España se recorta o congela el sueldo de los empleados públicos, el gobierno alemán acaba de firmar un nuevo convenio colectivo por dos años mediante el cual se aumentará el 5% el sueldo de los funcionarios. España es efectivamente, diferente.