El Colegio Oficial de Farmacéuticos de Málaga (ICOFMA) ha ofrecido una rueda de prensa para informar sobre el impacto en los ciudadanos y en los profesionales relacionados con el medicamento, del Real Decreto Ley 4/2010 de 26 de marzo de racionalización del gasto farmacéutico con cargo al Sistema Nacional de Salud.
Asistieron a la rueda de prensa el Presidente del Colegio de Farmacéuticos, Javier Tudela; el Presidente de la Asociación de Oficinas de Farmacia (APROFARMA), Alfonso Monllor; el Secretario de de COFARAN, Luis Francisco Ortega; el Presidente del Colegio de Agentes Comerciales de Málaga, Liberio Pérez España; el Presidente de la Asociación de Auxiliares de Málaga, Antonio Plaza Perea; y el Presidente de la Unión de Consumidores de España en Málaga, Jesús Burgos.
El Presidente del Colegio, Javier Tudela, explicó que las oficinas de farmacia de la provincia de Málaga verán recortados sus beneficios mensuales desde 476 euros las más modestas hasta 7.245 euros las de mayor tamaño. Asimismo, añadió que la actualización de los márgenes fijos de los medicamentos de alto precio y de la escala de deducciones aplicable sobre la facturación conjunta de recetas dispensadas con cargo al SNS y Mutualidades, no compensan la reducción de precios de medicamentos genéricos ni la limitación de los descuentos por compras. Teniendo en cuenta un coste medio mensual por trabajador de 1.900 euros, la nueva normativa puede suponer la pérdida de aproximadamente 400 puestos de trabajo en la provincia. Falta por valorar el impacto de la reserva singular en el ámbito del SNS de limitar la dispensación a farmacia de hospital de medicamentos visados a pacientes ambulatorios.
El Colegio de Farmacéuticos de Málaga está en desacuerdo con la limitación en los descuentos que reciben las farmacias de los distribuidores, ya que son una práctica lícita y eficiente que no influye en el gasto público de medicamentos, además de representar una restricción a la libre competencia. También manifestó que está en desacuerdo con la limitación a farmacia de hospital de medicamentos visados a pacientes ambulatorios, ya que perjudican al paciente -por las distancia, el acceso de 24 horas, la libre elección- y limitan las competencias legales de la oficina de farmacia. La desaparición de la limitación del cambio de precio de los medicamentos sólo una vez al año, puede provocar dificultades en la gestión de stocks en la farmacia, además de causar desabastecimientos e incomodidades al ciudadano.
El RDL de racionalización del gasto farmacéutico no contempla ninguna medida estructural que actúe sobre la demanda, tales como la utilización de guías farmacoterapéuticas para la prescripción, políticas de educación sanitaria y de promoción de la salud y prevención de la enfermedad, potenciación de los servicios cognitivos en la oficina de farmacia, etc.
Esta norma supone una reforma del sistema de precios de referencia, una reducción del precio de los medicamentos genéricos y una política de precios para ciertos grupos de medicamentos de uso común que va a suponer una importante destrucción de empleo en el sector -del 5 al 10 por ciento sobre las 2.000 personas que trabajan en las 620 farmacias de la provincia- y una considerable merma de la calidad asistencial de los pacientes.