Que en los distintos organismos se encuentre faltos de personal no es nada nuevo. Sin embargo, la situación crítica generada por la pandemia en la que nos encontramos desde hace más de un año ha agravado dicha situación. Alcanzan niveles insoportables, tanto para los empleados que sufren sobrecargas de trabajo, como para la ciudadanía que no está recibiendo la atención necesaria a tiempo.
El Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE)
Plantillas bajo mínimos, envejecidas y estresadas por el contacto diario cara a cara con el público; sistemas informáticos y ordenadores obsoletos, en algunos casos con más de 30 años de antigüedad, un volumen de trabajo cada vez mayor, concretamente hasta cinco veces mayor que antes de la pandemia. Y como remate la pandemia por el coronavirus, que ha colapsado las oficinas y ha afectado a un buen número de trabajadores.
Los retrasos en los pagos de los ERTE continúan y sigue habiendo usuarios que no han cobrado un euro. Como consecuencia de todo ello, y mucho más, la Unión Sindical Obrera (USO) ha convocado una huelga en el SEPE los dos últimos días del mes, lo que sin duda agravará la situación y retrasará el cobro en fecha de las prestaciones.
Colapso excepcional
El Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), encargado de gestionar las prestaciones de desempleo y ERTE de un cada vez más elevado número de personas, está en horas bajas y condenado al colapso salvo que se tomen medidas. Nunca había estado tantas veces en el ojo del huracán como este año, cuando la avalancha de ayudas y subsidios que ha tenido que gestionar se ha multiplicado por más de cinco a consecuencia de esta pandemia.
A pesar del esfuerzo de sus empleados, el cobro para muchos de los afectados se retrasó incluso durante meses, la atención se hizo casi tarea imposible, y al mismo tiempo se sucedieron los errores con los pagos.
Como dato significativo, entre el 15 de marzo y el 7 de abril se gestionaron más de 650.000 prestaciones, se atendieron más de 275.000 llamadas y se registraron más de 10 millones de accesos a la sede electrónica. En la actualidad el SEPE cuenta con apenas 8.400 trabajadores para gestionar cada mes más de 2,3 millones de prestaciones y pagar a los 800.000 ocupados que aún están en un ERTE.
El SEPE conforma un organismo que cada mes gestiona 2.376.847 prestaciones y subsidios. De los que 1.148.603 son contributivas, y el pago a 900.000 trabajadores afectados por un Expediente Temporal de Regulación de Empleo (ERTE). Y todo ello, como ya hemos dicho, a la espalda de una plantilla claramente insuficiente, que lleva mucho tiempo soportando sobrecargas de trabajo, y niveles de tareas casi inalcanzables.
Alta tasa de trabajadores temporales
Pero no solo eso, sino que la tasa de temporalidad en este organismo público alcanza el 33%, lo que supone que uno de cada tres empleos es eventual. Además, tienen unos 1.500 puestos vacantes y a final de junio terminan los contratos de 2.135 interinos que han sido nombrados para hacer frente a la carga adicional de trabajo en esta pandemia.
Desde CSIF exigen al Gobierno la aprobación inmediata de una Oferta Pública de Empleo. También que se implante la jornada de tarde y un decidido apoyo a la inversión tecnológica. En la última década se han perdido 3.400 puestos que no se han repuesto y la sangría de bajas continuará puesto que la edad media de su plantilla es de 57 años. Lo que refleja que muchos de ellos están a las puertas de la jubilación.
No se descartan retrasos en el pago de las prestaciones
La gota que colmó el vaso fue el ciberataque sufrido el pasado 9 de marzo. El cual paralizó casi por completo la actividad en el organismo público durante casi una semana. Ya que bloqueó sus sistemas informáticos y que todavía le impide funcionar con total normalidad.
A esto se suma que pese a que, desde el SEPE indican que se recupera la normalidad, no se descartan retrasos en el pago de las prestaciones. Ya que aunque la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha mostrado la recuperación y el funcionamiento de la aplicación del SEPE en recientes declaraciones. Manuel Galdeano, portavoz del sindicato CSIF en el SEPE, pone en duda incluso que de tiempo para el pago de las nóminas, "Va a ser muy complejo que podamos resolverla todas", ha apuntado, en referencia a las solicitudes mas recientes. Y eso que algunos funcionarios han trabajado de forma voluntaria este fin de semana.
Y a esto hay que añadir una huelga que ha convocado la Unión Sindical Obrera (USO) los dos últimos días del mes. Lo que agravará aún más una situación que ya de por sí era compleja. Un golpe tras otro para un SEPE al que se le acumulan los problemas, aunque no solo a él, puesto esto también se extiende a otros organismos como el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS).
Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS)
En el INSS, la Tesorería de la Seguridad Social, el Instituto Social de la Marina (ISM) y la Gerencia de Informática trabajan 22.981 personas, casi 7.000 menos que en 2010. Son mayoritariamente funcionarios, casi el 92%, que se han jubilado y su puesto no ha sido reemplazado. Uno de los mayores problemas de estas plantillas es la edad. Según los datos de Boletín Estadístico de las Administraciones Públicas, el 86,4% de la plantilla tiene más de 50 años y solo 411 trabajadores bajan de los 30.
De los más de 400 centros de atención e información que tiene repartidos el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) por toda España, 152 tienen un elevado riesgo de no poder atender al público por las inminentes jubilaciones y la ausencia de reemplazo. Concretamente en los próximos tres años un 10% de sus funcionarios se jubilarán. Pese a que hay pendientes convocatorias de oposiciones, las plazas ofertadas solo serán solo un parche, según coinciden los sindicatos, después de tres años sin concursos.
Problema estructural
Se trata de un problema estructural, ya que las plantillas se han reducido un 21% desde 2010 por las políticas de recorte, y la limitación de la tasa de reposición de funcionarios que inició el presidente José Luis Rodríguez Zapatero y continúo su sucesor Mariano Rajoy.
Sin embargo, su carga de trabajo, lejos de disminuir, aumenta: el número de pensiones se ha incrementado un 12% y otro 10% la afiliación, a lo que se suman ahora nuevas competencias como el Ingreso Mínimo Vital (IMV) o los funcionarios de las clases pasivas.
Además, la Seguridad Social ha tenido un incremento de actividad extraordinario durante la pandemia y ha tramitado cuatro millones de bajas por Covid, las prestaciones para 1,5 millones de autónomos o las exoneraciones de 3,6 millones de trabajadores en ERTE.
Como ya hemos mencionado, la pandemia ha agravado aún más la situación de los departamentos que se encargan de pagar las pensiones y realizar los trámites de las bajas médicas, del IMV, las bajas por maternidad o las gestiones relacionadas con autónomos o empleadas de hogar.
Las oficinas están a menos de medio gas y las bajas de empleados por la Covid son habituales. Este es el panorama que presenta nuestra Seguridad Social, de la que tantos hogares dependen para obtener ingresos y poder hacer frente a los gastos habituales.
Problemas que se repiten en la mayoría de los organismos públicos
Los problemas de personal, y la falta de convocatorias, u ofertas de empleo público no se limitan al SEPE o al INSS. Si no que se repiten en casi la totalidad de los organismos públicos.
Por ejemplo, la sanidad está desbordada, y el poco refuerzo que entró por la pandemia, salió en cuanto la cosa mejoró un poco. Con los Servicios Sociales encontramos más de lo mismo; trabajadoras sociales frente a un grupo demasiado numeroso de usuarios a los que atender, lo que provoca grandes listas de espera, y que la atención no pueda ser todo lo completa que sería necesario.
Es por ello que el Gobierno debe implementar un plan de empleo y convocatorias, suficiente y acorde con las necesidades reales. El cual ofrezca la oportunidad que merecen tantísimas personas que están formadas y preparadas para trabajar, y no encuentran empleo. Además de poder ofrecer el servicio que la ciudadanía merece y necesita.