Publica El País que el coste de dar los nuevos y carísimos medicamentos para hepatitis C en España ronda los 13.000 euros por paciente. La cifra proviene de un médico que ha participado en un congreso financiado por el laboratorio Gilead, fabricante del remedio Sovaldi (sofosbuvir). Comentamos las novedades semejante pelotazo económico que amenaza la financiación del sistema sanitario.
Viene a explicar el diario que los precios de este y otros fármacos de nueva generación han bajado mucho. Y es verdad pues en Estados Unidos el tratamiento de la hepatitis C con Sovaldi cuesta 80.000 dólares. En España, Gilead intentó colárselo al sistema sanitario por 60.000 euros. El escándalo fue mayúsculo y más tarde se barajó la cifra de 24.000 euros. Por lo tanto que el precio esté siendo de 13.000 puede considerarse “una buena oferta”.
Pero para mí la noticia no es tanto esa como que el Sovaldi es un medicamento que cuesta fabricarlo 115 euros, por elegir la cifra más alta que se ha barajado. La noticia por tanto es que se ha pegado un pelotazo económico a costa del sistema sanitario público consentido por el Gobierno español.
Sí, porque las leyes internacionales de propiedad intelectual por las que se rige el negocio de los medicamentos (y he escrito negocio) permiten que los gobiernos concedan licencias obligatorias de fármacos que presenten un indudable fin social en una situación de emergencia sanitario y el Ejecutivo ahora en funciones de Mariano Rajoy con Alfonso Alonso a la cabeza del Ministerio de Sanidad, NO ha querido hacerlo.
Y eso que ha contado con el apoyo del comisario de Salud de la Unión Europea que ha recordado al Gobierno que puede tomar la medida.
La expropiación legal de la patente del medicamento para la hepatitis C denominado Sovaldi está en el centro del debate o más bien se intenta dejar la margen mediante eventos financiados por los laboratorios interesados como el que reporta El País. La posibilidad existe y varios partidos políticos, sindicatos y organizaciones sanitarias están pidiéndolo.
Es más, la Plataforma de Afectados por la Hepatitis C ha pedido al Gobierno en reiteradas ocasiones que sea valiente y permita que se fabrique un genérico de estos tratamientos carísimos y cuyo precio es pura especulación, burbuja sanitaria que juega con la vida de muchas personas que mueren por no acceder a una posible cura por su elevado precio.
Pero la Administración prefiere perpetuar su error, beneficiando así a los farmaespeculadores y echar la culpa a los sufrientes de que el gasto farmacéutico se haya disparado desde que ellos han cedido al chantaje de las mafias camufladas de laboratorios (o nos pagas precios escandalosos por las pastillas o los enfermos mueren).
El último episodio del escándalo que hemos conocido es que un jurado estadounidense ha establecido que la farmacéutica Gilead se aprovechó de hallazgos previos para desarrollar las medicinas que ahora vende a altos precios basándose en su exclusividad. Debe pagar 180 millones de euros a su competidora Merck, Sharp and Dohme (MSD), que acaba de recibir autorización para entrar en el masivo mercado de los infectados por este virus.
Gilead tiene abiertos procesos para demostrar que su molécula es un avance que merece el blindaje de una patente tanto en India como en Europa. Y es que el argumento de que el alto coste desorbitante de algunos medicamentos nuevos es el reflejo de su “valor” para los pacientes y la sociedad no resiste el examen de los hechos.
Que tratamos de mercados y no de personas enfermas lo prueba que Marruecos dispone el Sovaldi menos caro del mundo. Por lo visto sólo unas pocas personas conocen el secreto de fabricación de este genérico, comercializado a un precio 100 veces menor que en Estados Unidos (EE.UU.) y unas 50 veces menor que en Francia.
El SSB 400, primer genérico contra la hepatitis C 100% marroquí, se vende al precio de 3.000 dirham por caja, cuando el coste del tratamiento de doce semanas es de 451.000 dirham en Francia y de 800.000 dirham. A Gilead le interesaban tan poco los enfermos marroquíes que no presentaron la patente que suele proteger su fármaco en el plazo reglamentario…
Así que en los próximos meses veremos si continúa bajando el abusivo precio de estos tratamientos porque sus vendedores rebajan precio en función del aumento de su consumo (es decir, del esfuerzo del Estado por llegar a pagar los medicamentos para todos) o veremos un nuevo Gobierno capaz de anteponer la salud pública a los intereses comerciales de las mafias sanitarias.