Los dos partidos de centroderecha que gobiernan Polonia, la Plataforma Cívica (PO) del primer ministro Donald Tusk y el PSL de Waldemar Pawlak, heredero del histórico Partido Campesino, llegaron recientemente a un acuerdo para reformar el sistema de pensiones y retrasar la edad de jubilación hasta los 67 años.
Tusk anunció en su investidura un paquete de medidas de austeridad y reformas para garantizar la estabilidad financiera del país, que afectarán a las pensiones y la edad de jubilación, que a partir de 2013 se quiere aumentar progresivamente hasta los 67 años. La propuesta no gustó a su socio minoritario de Gobierno, y Pawlak amenazó con romper la coalición y se decantó por la defensa del actual sistema, en el que en la mayoría de casos los hombres se jubilan con 65 años y las mujeres con 60.
Finalmente el Ejecutivo de Varsovia consiguió salvar los muebles: los hombres podrán jubilarse a los 65 años y las mujeres a los 62, pero siempre que hayan cotizado un mínimo de 40 y 35 años, respectivamente. Tusk y Pawlak acordaron la posibilidad de jubilaciones parciales anticipadas, aunque la cuantía de la pensión no podrá en este caso exceder el 50% de la cantidad completa, que se obtendría al cumplir los 67 años. Para el diario de centroizquierda Gazeta Wyborcza, “Pawlak ha ganado a Tusk pero las mujeres saldrán perdiendo con la nueva reforma”. Polonia es el país poscomunista de mayor peso político y económico y un laboratorio para Europa del Este en materia de pensiones. El Gobierno liberal de Donald Tusk ha optado por una reforma parcial del sistema de pensiones copiada en parte del modelo chileno, donde impera un esquema de capitalización individual de las cotizaciones.
En Polonia, la tasa media de jubilación gira en torno a los 56 años y el número de trabajadores en activo en la franja de población entre los 55 y 65 años de edad es la más baja de la UE: 27%, frente al 69 % de Suecia. En 2013, en este país de 38 millones de habitantes, habrá un activo por un jubilado. Los gobernantes polacos han impulsado una reforma que se fundamenta en tres pilares: el sistema de reparto clásico basado en las cotizaciones de asalariados y empresarios, los fondos de inversiones obligatorias gestionados por el Estado y las cotizaciones voluntarias de los trabajadores en compañías de seguros privados. Estos fondos privados representaban en 2007 el 12,20% del PIB polaco, frente al 14% en Hungría y el 22% en Bulgaria. /
Crisis y envejecimiento de la población
El caso polaco ha puesto sobre la mesa que la crisis económica, el envejecimiento de la población y la caída del número de cotizantes a la seguridad social están obligando a los gobiernos de los países de la antigua Europa comunista a llevar a cabo importantes reformas del sistema de pensiones que generan descontento social y protestas callejeras. En Chequia, el Gobierno de centroderecha de Petr Necas prepara un ambicioso plan de reformas del sistema de pensiones que incluye retrasar la edad de jubilación a los 70 años, aumentar las cotizaciones obligatorias y potenciar los fondos de capitalización privados. Este último aspecto, según el experto Jan Mládek, será “un elemento fundamental” de la reforma. Según el líder del sindicato CMKOS, Jaroslav Zavadil, “no es aceptable una reforma que sangra a los trabajadores y en la práctica les obliga a trabajar más y cotizar en fondos de pensiones privados”. La vecina Eslovaquia también ha emprendido una reforma de su sistema de pensiones que convierte en obligatoria la cotización en fondos privados.
Diversos modelos
Hungría, que ha tenido que ser rescatada de la quiebra financiera por el FMI y la UE, de la mano del Gobierno conservador de Viktor Orban, ha aprobado una ley que desvía el dinero recaudado por los fondos privados de pensiones hacia el sistema público, pero no por ánimo de justicia social sino por mero afán recaudatorio. Los ciudadanos que se nieguen a aceptar la reforma, unos tres millones, podrían perder el 70% de su pensión. En Bulgaria, que es el Estado de la UE más envejecido y pobre, el Ejecutivo de centroderecha de Boiko Borisov también contempla nacionalizar los recursos de los fondos privados, porque considera que son incapaces de hacer frente a su cometido, y quiere retrasar la la edad de jubilación a los 67 años.
Por su parte, los rumanos tendrán que trabajar hasta los 65 años, dos años más que en la actualidad, para cobrar su pensión. El Gobierno conservador se ha visto en la obligación de reformar el sistema público de pensiones, que en 2010 alcanzó un déficit de 3.000 millones de euros. Desde 1989, Rumanía ha perdido 3,6 millones de asalariados y el número de pensionistas ha aumentado de 2,2 millones. Hay 0,8 cotizantes por cada pensionista. Eslovenia rechazó en referéndum la reforma del sistema de pensiones, que también pretendía retrasar la edad de jubilación de 63 a 65 años.