Farmaindustria está estudiando la adopción de acciones legales contra la Resolución del Servicio Andaluz de Salud (SAS) de la Junta de Andalucía por la que se anuncia la convocatoria de una subasta para la selección de medicamentos a dispensar por las oficinas de farmacia de Andalucía en caso de prescripción por principio activo.
Con esta decisión, la Junta de Andalucía pone en marcha un procedimiento previsto en el Decreto-Ley 3/2011, de 13 de diciembre, que vulnera e invade competencias constitucionales propias y exclusivas del Estado en materia de inclusión de medicamentos en la prestación farmacéutica pública y en materia de fijación de precio de los medicamentos financiados con cargo al SNS. Asimismo, supone una vulneración de lo dispuesto en Ley 41/2002, de 14 de noviembre, básica reguladora de la autonomía del paciente y de derechos y obligaciones, y una ruptura de la igualdad en el acceso a la prestación farmacéutica, reconocida como mínima y común por la normativa estatal.
Con la subasta se excluirán de la dispensación con cargo al SAS aquellos medicamentos que no hayan sido seleccionados mediante este sistema, aun a pesar de estar incluidos por el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad en la prestación farmacéutica del SNS y cumplir las condiciones establecidas por la legislación estatal para ser dispensados en caso de prescripción por principio activo, cercenando el acceso de los andaluces a cientos de medicamentos en la búsqueda de unos ahorros que en ningún caso van a conseguir solucionar las tensiones presupuestarias del sistema público de salud. Constituye, pues, un caso más de inequidad entre los pacientes españoles en función de la comunidad en la que residen, provocando la ruptura de la unidad del mercado farmacéutico y generando un desequilibrio en la prestación farmacéutica del Sistema Nacional de Salud.
Asimismo, desde un punto de vista industrial, el Decreto-Ley 3/2011 implica una grave restricción de la competencia para las compañías farmacéuticas, muchas de las cuales, especialmente los laboratorios innovadores, van a ver discriminados y expulsados de facto del mercado andaluz sus productos. Esta limitación a la competencia podría infringir lo dispuesto en el artículo 106 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea.
Finalmente, Farmaindustria va a solicitar al Gobierno que interponga Recurso de Inconstitucionalidad contra el Decreto-Ley, y lamenta que el Servicio Andaluz de Salud haya decidido sacar adelante esta iniciativa pese al rechazo que su anuncio ha generado entre los distintos agentes sanitarios, tanto colegios de farmacéuticos, como la industria farmacéutica y la distribución. La difícil situación que atraviesan actualmente las comunidades exige el abordaje de posibles soluciones de forma conjunta, desde el diálogo y la búsqueda de consensos para ser capaces de preservar y mejorar el SNS como patrimonio de todos los españoles.