En ese ámbito aparecen algunos conceptos que se utilizan con liberalidad que, a mi entender, merecen un comentario breve.
Gasto. En la literatura periodística y en las manifestaciones de la administración, los políticos y sus corifeos, se continua utilizando el término “gasto” al referirse a las asignaciones económicas que se dedican a la salud y la asistencia sanitaria. En términos coloquiales “gasto” representa pérdida. Se “gastan” las suelas de los zapatos, los neumáticos de los automóviles, el consumo en general y la paga semanal. El dinero que se emplea en la asistencia sanitaria no es un gasto. Es un uso o incluso una inversión.
Salarios. Los emolumentos que reciben los profesionales y trabajadores de la asistencia sanitaria hace tiempo que han dejado de crecer al ritmo de la carestía de la vida o, si se quiere, de la inflación. Además, la parte del león de los recortes la sufrieron los salarios: de hasta un 25% en la asistencia sanitaria pública, incluyendo las horas extras nocturnas o las guardias. La parte del otro león fue la reducción de plazas. Los profesionales que trabajan con salarios en la Medicina privada también han sufrido recortes y disminuciones. No así los que perciben honorarios.
Responsabilidad. La responsabilidad de los profesionales, si algo hace es crecer cada día. Mejores y nuevos conocimientos exigen una actualización constante. Y la exigencia, tanto por parte de los propios profesionales y sus organizaciones, como por parte de la administración y los usuarios, mantiene un crecimiento constante. La mejora en los conocimientos sobre temas de salud de la población también reclama más información y más eficacia. La cobertura de la responsabilidad profesional mediante seguros, sin alcanzar los niveles extraordinarios de la asistencia médica en los Estados Unidos, también crece.
Coste por proceso. De eso se habla poco. Les interesa más a las compañías aseguradoras de salud, las mutuas o HMO’s. Las administraciones públicas, estatales o autonómicas se atreven poco a introducir estos parámetros en su contabilidad. Pero cada vez que se hace una aproximación es fácil comprobar que el coste por proceso, asociado o no la complejidad de cada proceso, no es más eficaz en la asistencia privada que en la pública cuando se cuentan todos los números.
Lo que tiene menos valoración en general, es el coste social. Ahí, tanto la asistencia pública como la privada, rehuyen incluir parámetros que pongan en evidencia la eficacia real de tratamiento de los procesos.
Hay mucho más, pero lo dejamos abierto a comentarios…
X. Allué (Editor)