La modificación, cuyo texto acaba de ser presentado a la mesa del Congreso (18 de febrero de 2015), pretende “reforzar la protección de las menores y mujeres con capacidad modificada…“. Para ello “será preciso…el consentimiento expreso de sus representantes legales“. Y que en caso de discrepancias se recurrirá al Código Civil. Nada más. Y nada menos.
Desde este blog intentamos rehuir controversias de carácter legalista pues para ello existen otros foros, pero indudablemente en nuestra continuada defensa de los derechos de los niños, de los menores, nos hemos manifestado en apoyo a la idea del menor maduro: la capacidad de los menores de edad para tomar decisiones que afecten a su integridad física y mental, por debajo de la mayoría de edad legal de 18 años. Se nos ocurre que condicionar una decisión de la trascendencia de una IVE al consentimiento expreso de los representantes legales de un menor no le aporta derechos ni protección, sino más bien al contrario. Teniendo en cuenta la progresión inexorable de las gestaciones en términos que los pediatras solemos contar en semanas, la remisión de los conflictos al Código Civil con la conocida y lamentable lentitud de la Justicia española, especialmente en su rama civil procesalmente prolija, esa provisión resulta una triste burla. Como dice la maldición gitana: “Pleitos tengas…”
Los pediatras enfrentados a situaciones de embarazos adolescentes deberán desplegar todas sus habilidades clínicas, psicológicas, sociales y políticas para introducir racionalidad en cada situación concreta, con los asesoramientos que estimen más útiles y con la mirada claramente puesta en la salud, física y mental, el bienestar y la estabilidad de la adolescente embarazada. Y en caso de dudas éticas, clínicas o legales no perder el tiempo y referir a la menor a especialistas o instancias (programas de Atención a la Mujer) que estén en mejor disposición de ofrecer soluciones eficaces.
X. Allué (Editor)