Un informe encargado por el Consejo Andaluz de Colegios Oficiales de Farmacéuticos revela que la facturación de las farmacias españolas caerá cerca de un 10% en 2011 como consecuencia del impacto de los Reales Decretos Leyes 4/2010 y 8/2010, así como de los nuevos precios de referencia que entrarán en vigor en marzo.
De acuerdo con el informe, que se lo ofrecemos íntegro, se trata de una disminución que agrava enormemente los descensos generalizados en la facturación de las farmacias ya registrados en 2010 y que podría resultar aún mayor en Andalucía. Y es que, según se expone, considerando la notable rigidez de los costes estructurales que tienen las farmacias, y que representan entre el 40 y el 60 por ciento de su margen bruto de explotación, estas caídas en la facturación resultarán sin duda "traumáticas", por lo que pronostica que "se generalizarán los despidos entre personal adjunto y auxiliar" y "verán amenazada su misma supervivencia muchas farmacias modestas, singularmente las de los pequeños núcleos aislados de población", creándose situaciones que probablemente "pongan en riesgo la capilaridad, la equidad y la cohesión del servicio farmacéutico a los ciudadanos".
El informe comenta que, si para la economía general la máxima incidencia de la crisis económica en España se registró en 2009 y para los sectores con significativa dependencia de la financiación pública esta culminación se ha producido, en general, durante 2010, para el sector farmacéutico y para las oficinas de farmacia en particular la culminación de la crisis se producirá en 2011. De ella se verán profundamente afectados todos sus agentes: los laboratorios, sobre todo, nacionales, que se verán forzados a profundos procesos de reestructuración; los distribuidores mayoristas que, además de intensas caídas en su facturación, sufrirán una morosidad creciente y las consecuencias indirectas de un notable endurecimiento del crédito; y, de forma especialmente intensa, a las oficinas de farmacia.
El informe subraya que la gestión de la situación crítica que se avecina requiere "una actuación coordinada y responsable del conjunto de la profesión farmacéutica española", que sea sensible a la situación de crisis y a la necesidad de favorecer la austeridad y el uso eficiente de los recursos públicos, pero también firme en la defensa del modelo asistencial farmacéutico e inflexible en la defensa de dos cuestiones fundamentales: la primera, el compromiso de los poderes públicos de que se pondrán los medios suficientes para asegurar la supervivencia de las pequeñas farmacias para mantener así la capilaridad del modelo asistencia; la segunda, la equidad del servicio farmacéutico para todos los ciudadanos españoles. Este último aspecto conviene tenerlo especialmente en cuenta en una situación como la actual, donde se están produciendo iniciativas autonómicas, sin ir más lejos en Andalucía, que, según el informe, introducirían desigualdades en la prestación del servicio farmacéutico en función del territorio en que se viva.