Las Reacciones Adversas a Medicamentos (RAM) afectan al 7% de la población general y representan un importante problema de salud pública dado que pueden ser potencialmente mortales y provocar o prolongar la hospitalización. Esos daños y muchas irregularidades ponen en cuestión a la industria farmacéutica.
Cada vez hay más demandas millonarias contra los laboratorios por ocultar información sobre posibles efectos secundarios de un medicamento. Hace poco un juez de Louisiana (Estados Unidos) ordenó al laboratorio Takeda de Japón y a Eli Lilly de EE.UU. el pago de daños y perjuicios por la suma récord de 9.000 millones de dólares o 6.550 millones de euros por ocultar evidencia de una posible relación entre su medicamento Actos y el cáncer a la vejiga.
Financial Times afirma que
las grandes farmacéuticas anteponen las ganancias a la salud pública, desde elegir las mejores pruebas clínicas para ocultar riesgos a la salud, hasta sobornar médicos y bloquear medicamentos más baratos”.
El debate está llegando a la calle. Lo que apunta FT es un sentimiento generalizado. Como escribe también el médico comprometido Juan Gérvas en un artículo que publica Acta sanitaria:
El afán de lucro inteligente busca el lucro sin dañar al cliente porque, en otro caso, rompe el contrato social y se pierde el crédito y el prestigio. Esto es lo que le ha sucedido a las industrias farmacéuticas cuya imagen social es comparable a la de las industrias tabaqueras. Y ello es un problema, pues necesitamos industrias farmacéuticas innovadoras y fiables, que atraigan al capital y a los trabajadores”.Lo hace Juan tras reconocer los méritos de la industria, que pormenoriza en la primera parte de su texto. Yo, aparte de lo que apuntan Gérvas o Financial Times, creo que lo mismo que sectores básicos para la sociedad como la educación o la sanidad tienen su vertiente pública o que existe un Banco de España, público, debería de existir una industria farmacéutica pública encaminada a atender las necesidades de la población.