Las comunidades de vecinos con calefacción central podrán acogerse ya este otoño a una nueva tarifa regulada del gas, que recortará su factura hasta un 50%.
Tarifa de último recurso
Estas comunidades se beneficiarán de una nueva tarifa de último recurso (TUR) hasta 1,7 millones de hogares que el Gobierno calcula que existen con este sistema, pero no a todas se aplicará de la misma manera. Aquellas que en septiembre de 2023 no hayan aplicado la ley que las obliga a cambiar el contador colectivo por contadores individuales -uno por piso- se verán penalizadas con el 25% del ahorro que hayan acumulado desde que se acogieron a la nueva tarifa.
Además de una nueva tarifa eléctrica para trabajadores de bajos ingresos que no entren en los criterios del bono social y la ampliación de las cuantías del bono social térmico y el eléctrico, su elemento principal es el nuevo instrumento con el que el Gobierno espera que las comunidades de vecinos puedan ahorrarse hasta un 50% de lo que pagan de gas para la calefacción central.
TUR 4
Se trata de una nueva tarifa de último recurso, la TUR 4 y sucesivas categorías, hasta 11, en función del tamaño de la comunidad y su patrón de consumo- que será temporal y estará en vigor hasta diciembre de 2023.
Esta nueva tarifa Permitirá que las comunidades de vecinos, que hasta ahora quedaban fuera de la TUR 3 por superar el consumo anual máximo de 9.000 kilovatios, estén también cubiertas por unas tarifas reguladas, que fija el Gobierno cada tres meses y que, según la OCU, suponen un ahorro de casi 900 euros por vecino y año, si se comparan con la oferta más baja que hacen las comercializadoras de electricidad en el mercado libre.
Cubrirá el 100% del consumo de gas de cada comunidad siempre que esté en la media de consumo de los cinco años anteriores. Para evitar que una rebaja de la factura lo dispare, todo lo que esté por encima de esta media tendrá un incremento del 25% en la tarifa regulada.
Presupuestos Generales del Estado
El Gobierno compensará este ahorro a cargo de los Presupuestos Generales del Estado para compensar a las comercializadoras de tarifa de último recurso por la diferencia entre estos precios regulados y el precio real del gas, junto a la nueva tarifa eléctrica para hogares de bajos recursos y la ampliación de los bonos social, destinará 3.000 millones de fondos públicos. Pero a cambio quiere que esta nueva tarifa suponga un aliciente para que las comunidades cumplan la ley de 2020 y sustituyan los contadores colectivos de gas por contadores individuales, que permitirán a cada vecino saber exactamente cuál es su consumo.
A las comunidades que todavía no tengan contadores individuales se les exigirá una declaración responsable acordada en las juntas de vecinos, por ejemplo a la hora de solicitar la nueva TUR vecinal, en la que se comprometerán a hacer el cambio antes de que termine septiembre de 2023. Si no lo hacen para entonces, se les aplicará el recargo del 25%. Para beneficiarse de la nueva tarifa, además, tendrán que estar al día en la revisión de la caldera.
Fin de la tasa por la 'excepción ibérica'
Por otra parte, el real decreto-ley obliga a las comercializadoras a eliminar de las facturas de gas y electricidad el "cargo" o "tasa" que desde este verano algunas empezaron a incluir para reflejar la compensación por el precio real del gas que contempla el límite de 40 euros MWh de la 'excepción ibérica'.
A partir de diciembre, las facturas de luz y de electricidad incluirán una denominación "unificada" de lo que cuesta compensar a las eléctricas por el precio real que pagan por el gas natural que emplean para producir electricidad y el límite de 40 euros MWh, que eliminará conceptos que hacían alusión a nuevas tasas o impuestos. También deberán reflejar las bajadas del IVA del 21 al 5% en el gas y la luz, al estilo de cómo se plasmó en el ticket de las gasolineras el descuento de 20 céntimos por litro de combustible. "En lugar de pagar un IVA del 21% está pagando un IVA del 5%", ha especificado Ribera.
El decreto-ley también eliminará la permanencia que fijan las compañías para contratos de luz y gas, facilitando así la rescisión de contratos, y permitirá hasta diciembre de 2023 que empresas y autónomos puedan modificar la potencia contratada dentro de un mismo año. También se compensará a las comercializadoras por ello vía Presupuestos, de donde también saldrán los 40 millones que se invertirán para que los hogares con contadores individuales, los que pueden acogerse a la tarifa de gas regulada TUR3 sustituyan sus aparatos analógicos por otros digitales.