El Consejo de Ministros se ha reunido este martes 14 de septiembre, para aprobar un nuevo paquete de medidas para amortiguar la subida del precio de la electricidad en el mercado mayorista, de forma que los españoles paguen a final de este año una cuantía similar a la de 2018.
Devolver los beneficios extraordinarios
En él también se fija que las compañías eléctricas deberán devolver parte de los beneficios extraordinarios que obtienen al repercutir sobre las centrales de generación de electricidad los costes de gas que no soportan, un importe que el Ejecutivo estima en 2.600 millones de euros.
Se trata de un encuentro esencial para continuar impulsando el plan de choque que el Gobierno ha diseñado para mitigar la escala de precios.
En concreto, el Ejecutivo ha dado luz verde a la suspensión hasta final de año del impuesto del 7 % a la producción eléctrica y rebajará el impuesto especial a la energía del 5,1 % al 0,5 %, que es lo mínimo que exige la legislación comunitaria, según anunció el lunes por la noche el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.
Dentro de este paquete de medidas, Sánchez explicó que se "detraerán los beneficios extraordinarios que tienen las empresas energéticas" para redirigirlos a los consumidores, "topando" el recibo del gas y reduciendo así la factura de la luz.
Por su parte, la ministra de Política Territorial y portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, y la vicepresidenta tercera y ministra de Transición Ecológica y Reto Demográfico, Teresa Ribera, han comparecido en rueda de prensa para explicar los acuerdos.
"Éste contendrá medidas sociales, fiscales y ambientales, con el objetivo de bajar la factura de todos los consumidores, dar protección a los vulnerables e impulsar la recuperación económica", ha añadido Ribera.
En qué consisten tales medidas
Una de las grandes iniciativas que llevará a cabo el Gobierno se corresponde con fijar un tope al precio del gas, uno de los principales desencadenantes del precio al alza de la electricidad. Se trata de uno de los ejes centrales del plan del Gobierno, puesto que es uno de los ámbitos que más influye en el precio final que paga el consumidor.
Para llevarlo a cabo, el Ejecutivo pretende limitar el máximo de la tarifa denominada como de último recurso (TUR). Este indicador es regulado de forma trimestral por el Gobierno.
No será la única acción dirigida a reducir el impacto en el recibo. Si el Gobierno ya había rebajado el IVA del 21 al 10 %, ahora el objetivo es actuar sobre el impuesto especial a la energía colocándolo en el mínimo posible que permite la legislación comunitaria, el 0,5 %.
Asimismo, el real decreto-ley incluye también destinar 900 millones adicionales, hasta un total de 2.600 millones, de las subastas de CO2 a rebajar los cargos del sistema, así como la celebración de subastas de electricidad que aportarán liquidez y competencia en los mercados a plazo y beneficiará, sobre todo, al tejido industrial y a los comercializadoras independientes.
Las consecuencias hacia las grandes empresas eléctricas
Los grupos empresariales dominantes (Endesa, Iberdrola, Naturgy y EDP) estarán obligadas a ofertar electricidad de forma proporcional a su cuota de mercado y las comercializadoras independientes, así como los grandes consumidores, podrán adquirirla y suscribir con ellos contratos a plazo con un período de liquidación igual o superior a un año.
El Ministerio para la Transición Ecológica aprobará un calendario para estas subastas y la primera tendrá lugar antes de que acabe el año; Iberdrola, Endesa, Naturgy y EDP (que podrán rechazar ofertas por debajo de un precio que establecerá la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia) ofertarán 15.830 gigavatios (GWh), el equivalente al 6,3 % de la demanda eléctrica nacional de 2020.
La norma prevé también la reforma de la tarifa regulada, el precio voluntario al pequeño consumidor (PVPC), para que incorpore la referencia de precio de la subasta con una ponderación máxima del 10%, han explicado desde Transición, que han apuntado que las comercializadoras libres que adquieran energía por esta vía deberán indicarlo en las facturas de sus clientes.
Según el Gobierno, la aplicación de este plan de choque dejará el esfuerzo económico de los consumidores para cubrir su demanda de electricidad este 2021 en el mismo nivel que en 2018 (sin considerar el IPC), unos 600 euros anuales en el caso de un consumidor medio en baja tensión.
"Se lo pueden permitir y lo vamos a redirigir a los consumidores", enfatizó ayer Sánchez en una entrevista en TVE, en la que reprochó que "no es razonable" que estas empresas tengan esos beneficios extraordinarios en estos momentos. "Tenemos todos que ser solidarios y todos tenemos que hacer un esfuerzo", remarcó.
Las eléctricas amenazan con cerrar sus centrales nucleares tras el plan del Gobierno para abaratar la luz
A través del Foro de la industria nuclear, un organismo que integra a las eléctricas, las centrales nucleares y otras empresas del sector, amenazan con cerrar las centrales nucleares del país, de las que son propietarias, porque dicen que el plan presentado este martes tras el Consejo de Ministros las hace inviables.
Para las nucleares, "este proyecto de Ley no debe aplicarse sobre la energía nuclear". En un comunicado publicado este martes por la tarde explican que "el Real Decreto-ley aprobado en el Consejo de Ministros de hoy, aun siendo de aplicación temporal, ahonda aún más en la penalización a la generación eléctrica de origen nuclear".
Por ello, amenazan con el "cierre desordenado" de las plantas nucleares y aseguran que "conducirían a su inviabilidad económico-financiera y le abocarían al cese anticipado de la actividad".
La respuesta del Gobierno ante las amenazas
El Gobierno ha emitido un comunicado horas después en respuesta al pulso de las nucleares en el que explican que "la minoración de CO2 tiene un suelo de 20 euros por tonelada de CO2" y que esto "coincide con el precio que había cuando las eléctricas firmaron el protocolo de cierre en marzo de 2019", por lo que "no supone ninguna detracción de los ingresos que recibían cuando lo firmaron".
"Es más, contempla sus expectativas de mayores ingresos por la subida del CO2 al concederles un 10% de los ingresos sobrevenidos cuando el CO2 esté por encima de esos 20 euros por tonelada", dice el Gobierno, que recuerda además que "el proyecto de Ley se ha tramitado con todas las garantías y ha recibido el informe positivo de la CNMC, del Consejo de Estado y es conforme a derecho nacional y europeo".
Por último, el Ejecutivo recuerda que el cierre de las centrales con el que amenazan las eléctricas "tiene que aprobarlo el operador del sistema, REE, considerando criterios de seguridad del sistema".