Este es el caso, por ejemplo, de las comunidades autónomas de Madrid, Asturias o de la Diputación de León.
En el caso de Madrid el Consejo de Gobierno de la Comunidad aprobó la semana pasada prorrogar los convenios con diversos ayuntamientos para la atención a personas en situación de dependencia, personas con discapacidad intelectual y para los mayores. Para ello la Comunidad de Madrid destinará casi 95 millones de euros, de los cuales casi 70 millones irán destinados al convenio con el Ayuntamiento de Madrid para financiar la ayuda a domicilio, centros de día y el servicio de teleasistencia.
De manera similar el gobierno asturiano ha aprobado destinar 13 millones de euros para financiar los convenios de colaboración con los ayuntamientos para ofrecer los servicios de asistencia a domicilio y teleasitencia durante el 2017 en el principado. Lo que supone que más de 4.400 asturianos podrán beneficiarse de estos servicios.
Por su parte la Diputación de León ha formalizado el contrato para el servicio de teleasistencia que prestará Cruz Roja para los municipios de menos de 20.000 habitantes lo que beneficiará a 1.700 vecinos que podrán mantener su residencia habitual en el ámbito rural.
Lo cierto es que las administraciones públicas están cada vez más comprometidas con las políticas de dependencia y en concreto con las políticas sociales que tratan de posibilitar una vida independiente y de calidad de nuestros mayores en su propio hogar.