Los dependientes moderados que solicitaron sus ayudas hace más de seis meses deberían haber empezado a recibirlas el 1 de enero. No ha sido así, ni lo será inmediatamente. Las previsiones más optimistas de los responsables autonómicos de esta ley indican que muchos no recibirán sus ayudas hasta el verano. El calendario de la Ley de Dependencia establece que los dependientes leves entran en el sistema el 1 de enero de 2010. Y así lo ha repetido el Gobierno innumerables veces. "No renunciamos a la ley, los dependientes moderados recibirán sus ayudas a partir de enero", dijo la ministra de Sanidad y Política Social, Leire Pajín, en octubre tras la reunión con los consejeros y en otras ocasiones.
Pero no va a ser así. Para empezar, porque el Gobierno aún no ha aprobado el decreto en el que se detallan las ayudas que estas personas pueden percibir, aunque ya se conocen, porque se acordaron en octubre. El próximo viernes, el Consejo de Ministros aprobará ese decreto, pero después las comunidades tendrán que adaptar sus normativas. El calendario seguirá corriendo.
En una de las reuniones con el ministerio, las comunidades preguntaron qué plazo tenían para resolver estos expedientes y el Gobierno contestó que sus servicios jurídicos indicaban que seis meses a partir del 1 de enero. Como ocurre en otros procedimientos administrativos y como está determinado para el resto de los dependientes, los severos y los graves. Pero muchos de los más de 130.000 dependientes reconocidos están ya valorados como moderados desde hace meses o años, por tanto, su solicitud se cursó hace tiempo y, supuestamente, el 1 de enero tendrían que haber hecho "efectivo el derecho a las prestaciones", como indica la ley. Sin embargo, pasarán a engrosar la ya abultada lista de espera durante algún tiempo.
En plena crisis, contar con estos seis meses supone un alivio económico para las comunidades y para el Gobierno, pero de nuevo una frustración para aquellos a los que tantas veces se les repitió que en enero adquirían su derecho. Si las comunidades sobrepasan esos seis meses, aquellos a los que se les conceda una ayuda económica tendrían que cobrar atrasos a partir de junio.
"Esto supone un aplazamiento administrativo para dar tiempo a que nos organicemos y también por la disponibilidad de recursos", opina un dirigente de una comunidad. "No creo que hasta junio entren en el sistema, sinceramente", reconoce.
Otras comunidades consultadas se quejan, sin embargo, de que el decreto que debe aprobarse aún no haya salido, porque dilatar ese trámite, dicen, llevará al atasco meses más tarde.
Ni siquiera está habilitado el sistema informático para ir introduciendo los datos de estos nuevos beneficiarios, más allá de su valoración.
Para colmo, las elecciones municipales y autonómicas se cruzarán en el camino esta primavera. Las consultas electorales nunca han ayudado al desarrollo de la Ley de Dependencia. Esta vez ocurrirá parecido. Eso, unido a la crisis, parece haber provocado un aplazamiento encubierto de la ley, o al menos, los plazos previstos parecen contar con la complacencia de muchos de los dirigentes que han de implantarla. Las comunidades preguntaron y el Gobierno respondió: el plazo son seis meses a partir de enero. En ese periodo no hay que pagar atrasos. Si se tiene en cuenta el número de moderados que ya están reconocidos y las prestaciones económicas, que recibirían alrededor de un 60% de ellos, el ahorro puede ser de unos 88 millones de euros. Cada beneficiario habrá perdido unos 1.000 euros si estos meses pasan en blanco.
El Gobierno niega que la ley esté aplazada. "No hay nada parado, el decreto se aprobará el viernes, después de haber pasado por el Consejo de Estado. A partir de ahí cada comunidad tendrá su velocidad y actuará según su criterio. No es más que un retraso administrativo como cualquier otro", dijo ayer la secretaria general de Política Social, Isabel Martínez.
Otros entienden todo lo contrario: "Es un aplazamiento encubierto de la ley, a costa de un derecho subjetivo que tienen reconocido los dependientes. Hubiera sido más valiente aplazar la ley y punto", dijo ayer el presidente de la Asociación Estatal de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales, José Manuel Ramírez. "Lo indignante es que los nuevos titulares de derecho tengan que someterse a nuevas esperas", aseguró.
**Publicado en "El Pais"