Los derechos del paciente, en especial aquellos referidos a la autonomía personal y la autodeterminación, vienen siendo en las últimas décadas motivo de verdadera preocupación para los operadores jurídicos y sanitarios, fundamentalmente si se tiene en cuenta el incremento de los índices de judicialización, la creciente participación ciudadana en salud y la ausencia de políticas públicas sanitarias sustentables.
El binomio médico-paciente, reemplazado en la actualidad por el trinomio equipo de salud-paciente-familia, estuvo basado en un modelo paternalista, hospitalocéntrico, con eje en aspectos meramente biológicos, que excluyó toda consideración de procesos históricos y condicionantes sociales, económicos, culturales e ideológicos respecto de la causalidad y desarrollo del proceso salud enfermedad.
Durante décadas, el padecimiento fue considerado patrimonio exclusivo del saber médico, poniendo en segundo plano el papel de los individuos.
Empero, el cambio de paradigma operado en la sociedad, generó un nuevo proceso de adaptación que tuvo reflejo en la consagración legislativa del principio de autonomía, como se observa con la sanción de la Ley 26.529 y el Código Civil y Comercial. A pesar de ello, nos preguntamos cuantas organizaciones sanitarias conocen y han implementado esos cambios.
Dichas norma pretendieron modificar aquel viejo modelo, entendiendo al ciudadano como sujeto capaz de tomar decisiones sobre su cuerpo, de acuerdo a su propio proyecto vital, pero hasta el momento sólo se logró que el propio sistema se apropiara de esa decisión para elegir por el médico y el paciente, qué, cómo, dónde, cuándo y cuánto dar en salud.
Observamos otros cambios muy profundos en orden a información y tecnologías sanitarias. Internet ha revolucionado el acceso y hemos sido testigos del pasaje, en corto tiempo, de una escasa información sobre temas de salud a una escalada comunicacional de muy variada calidad, casi imposible de cribar. Aun así, ello no implica necesariamente más conocimiento ni más responsabilidad. Se requiere aumentar la conciencia individual y social a través de proyectos dedicados a la ciudadanía sanitaria, donde ese ciudadano con mayor conciencia, colaboración y compromiso, adopte un rol verdaderamente participativo y protagónico en el proceso de toma de decisiones, gestionando su salud para un mayor cumplimiento del plan terapéutico acordado.
Este cambio del rol de pacientes a ciudadanos sanitarios requiere además de una adecuada planificación de las políticas públicas, una mirada diferente en la relación médico paciente, junto a una sociedad organizada, con activas asociaciones de pacientes, que puedan contribuir a una mayor democratización sanitaria.
Estos son los retos hacia el futuro, combinar el humanismo y los avances tecnológicos, para una sociedad que necesita más inclusión, más justicia y más equidad.
Dra. Marisa Aizenberg
Abogada experta en Derecho de la Salud
Consultora en Políticas Públicas,
Tecnología Médica e Innovación Sanitaria