Los ciudadanos que padecen algún tipo de discapacidad, nueve de cada 100 catalanes, están al borde de la rebelión. La lista de obstáculos que les impiden llevar a cabo su reivindicación más básica-tener una vida autónoma- ha crecido en los últimos meses de forma exponencial. No se trata ya de los endémicos retrasos en la aplicación de la ley de dependencia, sino de la insuficiente dotación de horas de asistente personal, los cinco años de retraso de las nuevas normas de accesibilidad y la falta de aplicación del Plan Integral de Salud Mental, entre otros asuntos pendientes.
En este contexto no es de extrañar que un avance -el anuncio del Govern el pasado octubre de la ampliación de la prestación de asistente personal a todos los niveles de dependencia- generara todavía más rechazo. «El asistente personal tiene que ser un derecho y no depender de los presupuestos», denuncia María José Vázquez, presidenta de Ecom, federación que agrupa a 150 asociaciones del sector. En efecto, en las personas con discapacidades moderadas o leves, el Govern condiciona el asistente a la disponiblidad presupuestaria. Carolina Homar, directora en funciones del Institut Catala d'Assistència i Serveis Socials (ICASS), se muestra abierta a ampliar la prestación, pero recuerda que desde la entrada en vigor de la ley de dependencia, menos de una veintena de discapacitados han solicitado la ayuda en forma de asistente personal. Homar recuerda que la Generalitat va más allá en la prestación económica que indica el Gobierno central y rechaza que se compare el precio de un asistente personal con el de las residencias porque en estas el coste engloba ofrece, además, una prestación rehabilitadora, médica y social global.
Otros colectivos de discapacitados, como Cocemfe, ponen el foco no tanto en el debate entre residencias o asistentes, sino en la pobre pensión que reciben muchos miembros del colectivo. Josep Maria Ballesteros, presidente de la entidad en Catalunya, denuncia que «personas con graves discapacidades estén cobrando pensiones miserables.
-PENSIÓN DE 338 EUROS
Es el caso de Toni Pons, periodista retirado, que sufre desde hace 30 años una de las llamadas enfermedades raras, siringomielia, que le afecta a la médula espinal. Recibe una pensión de 338 euros, de los que un tercio lo paga al instituto municipal de Barcelona, que le ofrece vivienda compartida y servicio de asistente personal mediante un programa piloto. Le quedan para vivir 227 euros al mes. «Para tirar tengo que hacer de tripas corazón», dice con una sonrisa melancólica. «Habiendo casos como el mío, cobrando lo que cobro, creo que tampoco se deben pedir barbaridades», añade. A la pregunta de si es mejor vivir en una residencia o de forma individual, Toni responde que «esa es la pregunta del millón, porque depende de la situación de cada uno, pero si una personas necesita atención constante, es mejor que vaya a una residencia».
La raquítica pensión que cobra Toni refleja el caso que denuncia Ecom: que el sistema de copago de la ley de dependencia limita, y mucho, el dinero con el que cuentan finalmente la mayoría discapacitados para pagar un asistente personal. Un dinero que limita la presencia de este apoyo a pocas horas diarias. La única alternativa, entonces, consiste en rascar más el bolsillo del dependiente o plantearse la opción del ingreso en una residencia.
**Publicado en "El Periódico de Catalunya"