Leo hoy en "El País" que el Gobierno franquista postmoderno que nos pastorea desde el 20 de noviembre pasado, pretende traspasar la producción y edición de espacios informativos a empresas privadas. Para ello se sacará de la manga una "reforma" de la Ley General de Comunicación Audiovisual, ya que ésta prohíbe actualmente "ceder a terceros" esa actividad.
La reforma con todo, será más amplia y en definitiva abre la puerta a la privatización empresarial de las cadenas autonómicas y a la eliminación de la producción de contenidos públicos en las de titularidad estatal. Todo ello a mayor gloria y beneficio de la "iniciativa privada", ya saben, la que impulsa "la liberalización" (el desmantelamiento, en realidad) de los servicios públicos, que una vez puestos en sus garras en régimen de monopolio pasan a cobrarnos como si todavía siguieran funcionando correctamente, luego de que los hayan vaciado de funcionalidad y contenido.
Naturalmente, estamos ante un esplendoroso regalo a las productoras en manos de elementos ideológica y empresarialmente conectados con el Partido Popular (PP). Con dinero público se pagará la producción de informativos reaccionarios y alineantes, en los que se primará sin duda la vertiente "entretenimiento" (incrementando con toda seguridad el ya desproporcionado tiempo que se dedica ahora al deporte-espectáculo-negocio, y también a informaciones banales y sobredimensionadas como la metereología y el tráfico en ciudades y carreteras, amén de introducir el chismorreo generado por la llamada "crónica rosa" y el famoseo. Se abandonarán los contenidos que además de no interesar desde el punto de vista ideológico, formativo y político (reportajes al estilo Informe Semanal o En Portada, por ejemplo) no resultan económicamente rentables. De fondo obviamente y como motivación elemental del nuevo tinglado, las jugosas comisiones que se repartirán políticos, intermediarios y conseguidores a la hora de distribuir el pastel entre las productoras de contenidos.
El bocado es tan apetitoso que uno se barrunta está largamente trabajado desde hace tiempo, a la espera solo del momento propicio para llevarlo a cabo. Y ese momento ha llegado con la mayoría absoluta del PP en los órganos de gobierno de los medios audiovisuales de titularidad estatal, eficazmente secundado por su (de nuevo) socio preferencial, la derecha reaccionaria catalanista.
¿La izquierda? No sabe, no responde; ni en este caso, ni en casi nada.