Allí el Gobierno llevará a cabo inspecciones para revisar los registros de las compañías y asegurarse de que cumplen con la ley y no omiten pagos. Toda la información estará disponible en una base de datos pública. Es decir, no importa tanto que hagan los pagos -allí, aunque escandaloso, es legal hacerlos- como que no los publiquen. Aquí nada de nada. Los pagos se hacen y no se publican. El Gobierno español debería meter mano en el asunto y no precisamente conformándose con que el cohecho se haga público sino en acabar con él pues es ilegal además de inmoral y de nocivo para nuestra salud (en parte estamos sobremedicados gracias a esta práctica y lo que es todavía peor, mal medicados con fármacos peligrosos cuya eficacia en muchos casos no ha sido suficientemente probada y su seguridad es desconocida). En tiempos de crisis sería el mejor de los recortes pues quienes realizan estas prácticas están engordando de manera artificial la factura sanitaria que pagamos todos.
¿Las dimensiones del asunto? Más de 1.100 empresas de medicamentos y tecnología médica tendrán que aportar información completa sobre cualquier pago a especialistas. Las multas por incumplir la norma de transparencia serán de 10.000 dólares por cada pago que se omita. Una minucia pues como documento en mi libro Laboratorio de médicos esa cantidad no llega a lo que ofrecen algunos laboratorios a un solo visitador médicos durante un solo mes para comprar la voluntad de los médicos de su target, los que controla.