Lo que no han podido la realidad y las informaciones críticas sobre ciertas vacunas de injustificada financiación pública lo están consiguiendo los recortes. La Comunidad de Madrid eliminará la vacuna del neumococo (Prevenar), fabricada por Wyeth, de su calendario de vacunación infantil dentro de los recortes en materia sanitaria que va a llevar a cabo. Esta vacuna venía administrándose gratis a todos los niños madrileños desde 2006. Son razones económicas las que han llevado a dejar de financiarla. Pero es que las razones sanitarias, que deberían ser las que se antepusieran en estos casos, son más razonables en favor de su no financiación.
Según una evaluación independiente realizada recientemente en nuestro país:
-No hay datos sobre la eficacia de Prevenar.
-Los daños que puede provocar no se conocen bien.
-Se vacuna por sistema de una enfermedad cuya incidencia no se conoce.
Esta vacuna era gratuita tan solo en Madrid y Galicia. De modo que las autoridades sanitarias no sólo no deberían financiar este preparado sino que, con los datos de la Oficina de Evaluación de Medicamentos de Extremadura en la mano, deberían desaconsejarla en la mayor parte de casos, algo que no hace la Asociación Española de Pediatría, que como saben quienes leen este blog está financiada por GlaxoSmithKline uno de los mayores fabricantes de vacunas.
En los últimos días se había especulado también con la posibilidad de que la vacuna contra el virus del papiloma humano (VPH), comercializada por Sanofi Pasteur-Merck, Sharp & Dohme (MSD) y GlaxoSmithKline (GSK) como Gardasil y Cervarix respectivamente, saliera del calendario vacunal de las comunidades autónomas como consecuencia de las políticas de recorte que están poniendo en marcha las autonomías, decisión que se ha pospuesto durante un año.
Como opinan desde la Asociación de Afectadas por esta vacuna:
“La verdad es que con lo que está cayendo no entiendo cómo continúa financiándose una vacuna cuyos resultados no se verán hasta dentro de 20 ó 30 años. Por no hablar de los efectos adversos que está produciendo, que las autoridades conocen muy bien. Creo sinceramente que el gobierno debería de gastar su dinero en campañas de educación sexual y conseguir que las mujeres sigan realizándose controles ginecológicos periódicos“.
La última actualización del VAERS, la institución del gobierno estadounidense sobre vigilancia de las vacunas, reporta 110 muertes relacionadas con este producto, 25.132 reacciones adversas notificadas y 826 personas incapacitadas tras su puesta. Veremos qué deciden las autoridades sanitarias dentro de un año. Antes de su integración en el calendario vacunal de las comunidades autónomas más de la mitad de los catedráticos de Salud Pública de las universidades españolas pidieron una moratoria en su aplicación.
Si la aplicación de estas vacunas no está justificada por los datos científicos que se conocen, cabe preguntarse si los responsables políticos de su financiación durante todos estos años no tienen responsabilidades legales por haber derrochado el dinero público. El asunto sólo parece interesarles ahora que necesitan ahorrar. Es una incongruencia difícil de explicar a la ciudadanía. También cabe preguntarse por sus responsabilidades en la merma de la salud de muchas jóvenes a las que se les ha aplicado la vacuna vph y han tenido graves efectos adversos.