Actualmente el estado de bienestar está afectado por una difícil crisis. Existe un declive económico y vivimos momentos de grandes dificultades. Es preciso analizar la situación con algunos datos reales:
- El número de parados cerró el mes de Diciembre de 2014 con un 4,447.711 con una tasa de paro de 23,67 según la EPA.
- Con el aumento de personas en paro disminuye la contribución de los trabajadores a la seguridad social.
- Familias de clase media que tenían un nivel de vida aceptable, hoy no pueden hacer frente a su hipoteca.
- La precariedad, según constata el informe patrocinado por Caritas, afecta a ámbitos como la vivienda o la salud. De los 11,7 millones de excluidos, el 77,1% padece exclusión del empleo, el 61,7% de la vivienda y el 46% de la salud. Un tercio de los jóvenes viven en hogares excluidos. Es “la generación hipotecada”, en palabras de los expertos de FOESSA. (Fomento de Estudios Sociales y de Sociología Aplicada)
- La educación pública está en peligro (en valencia se protestó por los recortes de 180 aulas en primaria y secundaria, lo que supone un total de 600 profesores menos). A menos profesores, menos ayudas y recursos para los alumnos. Se recortan al 50% las becas para estudiar en el extranjero.
- El porcentaje de personas mayores aumentan (mayor esperanza de vida) y disminuye la natalidad. El impacto del envejecimiento sobre el gasto sanitario es insostenible. Esto se agravará en un futuro.
El gasto social en España está por debajo de la mayoría de los países de la Unión Europea. La emigración ha aumentado desde 2008 un 21,9%, fundamentalmente se trata de jóvenes muy cualificados debido al desempleo o salarios precarios que encuentran en nuestro país. También hay muchos inmigrantes que regresan a sus países. Pese a estos datos el Gobierno puso en marcha el siguiente Plan Nacional:
Plan Nacional de Acción para la Inclusión Social del Reino de España 2013-2016
Presupuesto base 2013 PNAIN 2013-2016
Impulsar el empleo de las personas más vulnerables 1.332.231.858 5.644.666.383
Garantizar un sistema de prestaciones para apoyar económicamente a las personas vulnerables 22.054.852.843 86.999.170.544
Otras actuaciones específicas dirigidas a la atención de los grupos más vulnerables:
Acciones de apoyo a la
infancia y a la familia
1.580.436.633 6.321.746.531Personas mayores
Personas en situación de dependencia
1.895.617.228404.802.404
7.703.598.8511.050.867.041
Personas sin hogar 16.009.433 64.037.730
Personas con discapacidad 1.085.721.091 3.811.966.749
Personas inmigrantes y emigrantes 179.242.493 712.399.288
Población gitana 8.876.012 37.504.050
Personas víctimas de discriminación por origen
racial o étnico
600.000 2.400.000Igualdad de oportunidades y mujeres víctimas de violencia de género 143.827.398 595.157.772
Jóvenes en situación de vulnerabilidad 56.502.901 222.485.824
Personas con problemas de adicción 189.895.028 759.580.110
Personas reclusas y ex reclusas 35.243.538 140.656.961
Gobernanza, apoyo y fortalecimiento del Tercer Sector de Acción Social 18.298.712 73.194.846
TOTAL 34.566.397.921 136.574.449.730
Pero no se aplica de forma efectiva ya que en Los Presupuestos Generales del Estado para 2015 contemplan la congelación de todas las partidas de gasto en materia de servicios sociales y atención a la Dependencia que habían sufrido fuertes recortes en este ejercicio.
Según los datos que dispone la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales 3€ es lo que aportará la Administración General del Estado en el año 2015 por cada persona que atienden los servicios sociales.
En los Presupuestos Generales del Estado para 2015 se reconoce que hay casi 1,5 millones más de personas atendidas en los servicios sociales, que han pasado de 6.874.312 personas a 8.319.124 (un incremento del 18%). Sin embargo, el Plan Concertado de Prestaciones Básicas de Servicios Sociales –que es la partida destinada a financiar los servicios sociales más básicos de las entidades locales-, se mantiene en 27.413.730 €, una cifra similar a la del año anterior.
Así, el Estado hace que en la práctica esta congelación signifique una reducción efectiva, cuyo significado es fácil de entender con una simple división: 3 € en todo el año por cada persona que atienen los servicios sociales a los que acuden en primera instancia en sus Ayuntamientos más de 8 millones de personas, que son las más afectadas por la crisis; Esa es la cifra con la que la Administración General del Estado colabora con las entidades locales para responder a su situación.
Más recursos para iniciativas sin ánimo de lucro que para las entidades públicas que atienden a las personas más necesitadas.100 millones de euros destinan los Presupuestos Generales del Estado para apoyar a las ONGs en sus programas de servicios sociales, pero sólo 63 millones para colaborar con las Comunidades Autónomas en estos mismos programas.
Una diferencia que expresa a las claras la intención del Gobierno de la Nación de abandonar las responsabilidades de las Administraciones Públicas respecto a la cobertura de las necesidades más básicas de sus ciudadanos empobrecidos por la crisis o en riesgo de exclusión, y delegar estas responsabilidades en las ONGs, al más puro estilo del viejo modelo benéfico y asistencial que la Constitución de 1977–que tanto exhiben en otros aspectos-, había superado en España.
176.667 personas seguirán sin recibir las prestaciones y servicios a los que tiene derecho por su situación de dependencia. Las partidas para el Sistema de Atención a la Dependencia se mantienen, así mismo, congeladas en 2015, tras el importante recorte de 285 millones de euros por la supresión del “nivel acordado” y la reducción del 13% en el “nivel mínimo” que se produjo en el anterior ejercicio.
Así, la única manera de atender a las 170.000 personas que tienen reconocido el derecho a recibir atenciones y servicios por su situación de dependencia y que no están siendo atendidas–Limbo de la Dependencia-, será a partir del ahorro que genere la baja en el Sistema, por fallecimiento, de algunos de sus actuales beneficiarios. Esta es la crueldad de la medida: fiar el derecho de estas 170.000 personas no a la aportación de los Presupuestos Generales del Estado, sino al fallecimiento de algunas de quienes actualmente están recibiendo prestaciones y servicios.
Casi 8 millones y medio de personas empobrecidas, y muchas de ellas en riesgo de exclusión social, abandonadas a su suerte en los Presupuestos Generales del Estado para 2015.
Recortes sobre recortes: el descompromiso de la Administración General del Estado con las personas más necesitadas. Es importante recordar que la aportación de la Administración General del Estado a los servicios sociales y a la atención a la dependencia representó en 2013 sólo el 12,1% del gasto del conjunto de las Administraciones Públicas (1.811 millones de euros), mientras que las Comunidades Autónomas aportaron el 62,9% (9.424 millones) y las Entidades Locales el 25,0% (3.747 millones).
Así mismo, el recorte en servicios sociales entre los años 2011 a 2013 ha sido mucho más acusado por parte de la Administración General del Estado (937 millones de euros menos en 2013 que en 2011, un recorte del 37,3%) que de las Comunidades Autónomas (1.253 millones menos, un recorte del 10,5%) y que las Entidades Locales (983 millones menos, un recorte del 20,7%). De ahí que la congelación anunciada en 2015 para todas las partidas de gasto en materia de servicios sociales y atención a la dependencia, tengan una significación especialmente negativa para este sector tan necesario en unos momentos como los actuales, para garantizar las necesidades básicas de las personas más perjudicadas por la situación de crisis, y para contener el paso de muchas de ellas de la pobreza a la exclusión social.