El Consejo General de Colegios Farmacéuticos (CGCF) ultima un informe sobre la viabilidad económica de la red de farmacias que detallará el número de oficinas en España que se encuentran en una situación de riesgo financiero. El objetivo del Consejo es demostrar con cifras, tanto al Ministerio de Sanidad como a las comunidades autónomas, cuántas farmacias se encuentran por debajo del umbral de rentabilidad después de los dos últimos Reales Decreto (4 y 8/2010) aprobados por el Gobierno .La presidenta del CGCF, Carmen Peña, avanzó durante el XVII Congreso Nacional Farmacéutico que "miles de oficinas de farmacia en España facturan una media de 21.000 euros mensuales, sin capacidad de ajustar sus gastos". Esta experta denunció que las farmacias "llevan una década siendo exprimidas en aras de la sostenibilidad del sistema y en detrimento de nuestra propia sostenibilidad".
De hecho, la aportación económica directa de las farmacias españolas a las arcas estatales desde la entrada en vigor del Real Decreto 5/2000 alcanza los 4.250 millones de euros, según cifras del CGCF. Sólo durante 2009 las farmacias tuvieron que ingresar por este concepto 760 millones de euros, el 76 por ciento de las aportaciones que realiza el sector, cuando el margen profesional real de las oficinas sobre las ventas se encuentra en el 22 por ciento.
Otra crítica generalizada durante el Congreso fue la miopía de la Administración al centrar sus problemas de financiación en los medicamentos. Carmen Peña advirtió que la farmacia "ya no da más de sí". Además criticó como "injusta" la limitación de descuentos por volumen de compra, ya que, en su opinión, se trata de una medida "incoherente" porque, por un lado, se incentivan las centrales de compra en el Sistema Nacional de Salud, mientras se limita esa misma gestión a las oficinas de farmacia, recordó. Para frenar esta deriva económica tan perjudicial para la farmacia, la presidenta del CGCF reclamó una financiación finalista y un análisis de la eficiencia de cada una de las partidas del gasto sanitario y del gasto farmacéutico, diferenciando entre hospitalario y farmacia. También solicitó la eliminación de los perjuicios del RD 5/2000, la revisión de sus tramos de escalas y la actualización del impacto anual de la medida, así como la revisión continua de los márgenes de la farmacia en los medicamentos de alto precio.
Carmen Peña aprovechó la actual Ley de Economía Sostenible para pedir una reducción de impuestos para el sector a través de la participación de la I+D pública, ya que este concepto "debe ir más allá y ampliarse a proyectos de investigación sobre nuevas prestaciones sanitarias y farmacéuticas para ver si son rentables y eficientes", con el fin de implantarlas en el sistema de salud y retribuirlas. En este terreno de la cartera de nuevas prestaciones, la presidenta apostó por el actual modelo de retribución ligado al margen, pero abriéndolo a nuevos retos y demandas que, en cualquier caso, deberían ser protocolizadas y si son necesarias "remuneradas por la Administración".
**Publicado en "Acta Sanitaria"