Neuroleyes y Neuroderechos

Perder el juicio

Para condenar judicialmente a una persona es fundamental dilucidar si un acto criminal fue realizado libremente o fue el resultado inevitable de una anomalía de su cerebro. Pero ¿qué tan útiles son las neurociencias para el sistema judicial?

Un mes después de la masacre en la escuela de Sandy Hook, en Newtown, Connecticut, el presidente estadounidense anunció, el miércoles de esta semana, una serie de medidas para controlar el uso de las armas de fuego en ese país. Entre ellas, recogió uno de los elementos que surgieron en el debate: la necesidad de poder acceder a los registros de salud mental de quienes compran armas. Es fácil ver la pertinencia de aquello, pero ¿qué pasa con las consideraciones sobre la salud mental de un acusado una vez que éste ya está enfrentando a la justicia?

El término “neuroleyes” nació en 1991 en un artículo de Sherrod J. Taylor en la revista Neuropsychology para designar las investigaciones en neurociencias con potenciales aplicaciones jurídicas. Las neuroleyes no son sólo una disciplina de investigación: intervienen también en el ejercicio cotidiano del poder judicial. En 2011, Francia se convirtió en el primer país que autorizó por ley los estudios de neuroimagen funcional como evidencia forense en procesos judiciales.

En nuestro sistema legal, un crimen tiene dos elementos: un actus reus, o el acto proscrito, y la mens rea, o la mente culpable. Para culpar a una persona, los dos elementos deben haber sido probados mas allá de una duda razonable. Las neurociencias pueden ayudar en la determinación de ambos, dentro de ciertos límites.

Para culpar a una persona es fundamental dilucidar si el acto criminal fue realizado libremente o fue el resultado inevitable de una anomalía de su cerebro. Pero atención: el riesgo de llegar a conclusiones equivocadas es alto. Diferentes estudios han mostrado que personas con trastornos de la conducta social y propensas a la agresividad tienen menos substancia neuronal y una activación anormal en su corteza prefrontal comparados con sujetos sin esas características. Pero sería un error concluir, inversamente, que los sujetos con lesiones en esa región son más propensos a cometer crímenes que personas sin esas anomalías cerebrales. No hay estudios que establezcan una relación de causalidad entre lesiones cerebrales específicas, congénitas o adquiridas, y criminalidad. Las neurociencias aún no pueden discernir el umbral de daño cerebral a partir del cual las personas dejan de ser responsables de sus actos.

¿Pueden las neurociencias también contribuir a establecer un veredicto más allá de una duda razonable? Uno de los puntos fundamentales en un juicio es establecer la veracidad de un testimonio. Estudios con neuroimagen funcional han mostrado que, cuando mentimos, se activan determinadas regiones cerebrales. ¿Es correcto usar esos métodos de exploración como pruebas en un juicio? Estos estudios se han realizado en el laboratorio, con escenarios ficticios, y desconocemos si estos hallazgos son extrapolables a la vida real. La mayoría de los estudios que afirman la validez de esos métodos en los tribunales han sido financiados por Cephos y No lie MRI, dos compañías que de hecho venden la “detección de la mentira”.

Al discutir sobre neuroleyes es prudente recordar el significado de la investigación científica. Como escribe Michael Gazzaniga en su artículo “The Law and Neuroscience”, “la paradoja es que los científicos tienen el deber de presentar los hallazgos de sus investigaciones al público pero, al mismo tiempo, el público sobreestima la importancia de estos hallazgos y concede prematuramente a algunos de ellos el estatus de pura verdad”. En suma, la real utilidad de las neuroleyes al sistema judicial, al menos en su estado actual, no está demostrada.

Con información de www.quepasa.cl