Es difícil el seguimiento de la casuística por la diversidad de casos planteados. La fiscalía general del estado ha renunciado a abrir una causa común para todos los casos al no existir una evidencia que conecte unos casos con otros ni de la existencia de una conspiración o trama de tráfico de bebés. El mismo número de posibles casos también resulta muy dispar: 400 casos denunciados frente a unos supuestos 300.000 estimados.
La materia es demasiado seria para dejarla al tratamiento mediático sensacionalista. La tendencia natural a culpar al franquismo de toda suerte de tropelías oculta realidades que merecen investigación más próxima.
Para bien o para mal, el ordenamiento jurídico vigente en estas materias exige la carga de la prueba al denunciante y la carencia de registros va a dificultar el progreso de cualquier investigación. La práctica mantenida hasta los años ochenta de que los registros civiles admitían como criaturas abortivas los neonatos fallecidos antes de las primeras 24 horas de vida no va a ayudar.
Por otro lado y lamentablemente, habrá que contrastar el número de posibles niños robados con los, realmente, miles de niños abandonados por sus madres al nacer en un país donde el control de la natalidad y la interrupción voluntaria del embarazo eran ilegales. Esta lamentable práctica se perpetúa hasta hoy mismo, cuando se ha encontrado un bebé abandonado en un portal de Pozuelo de Alarcón y la propia agencia de noticias apostilla: “Se trata del del primer caso de un bebé abandonado en lo que va de año.” ¿Cuantas madres arrepentidas van ahora a intentar reencontrar a sus hijos?
Personalmente me permito dudar de la existencia de tramas organizadas al menos en los hospitales públicos de la seguridad social por la propia organización y funcionamiento de esos centros y, particularmente, en los que he trabajado desde 1972. Los registros y las historias clínicas, con todos los defectos, difícilmente permitirían una repetición de casos. En cambio sí hemos vivido un considerable número de abandonos.
En cualquier caso, es una materia para las autoridades judiciales y nuestra obligación es insistir en que, si eso fue posible alguna vez, ahora es impensable, para tranquilidad de la mujeres que acuden a parir a nuestros hospitales.
X. Allué (Editor)