Los avisos (amenazas en algunos casos) sobre las catastróficas consecuencias del tan manido “cambio climático” está calando en toda la sociedad, desde las clases dirigentes hasta el último de los ciudadanos. Todos somos más ecologistas y resulta difícil encontrar a alguien que no crea que es imprescindible cambiar, de inmediato, la forma de producir la energía que consumimos diariamente. (Curiosamente, nadie habla de consumir menos; sólo es importante generarla de forma “sostenible”).
Pero este cambio radical es caro. Carísimo. ¿Quién lo pagará? La respuesta es obvia. Nosotros, los sufridores contribuyentes. Un buen ejemplo lo tenemos en el decreto (más bien decretazo) que publicó el actual Gobierno en funciones el pasado sábado en el Boletín Oficial del Estado: los consumidores de energía eléctrica (o sea, todos) pagaremos la friolera de 7.000 millones de euros anuales a las empresas de energías renovables hasta el 2031 a través de nuestros recibos de la luz.
Toda la historia arranca en la época del Gobierno de Zapatero (¡qué gran labor la de este inútil!) cuando decidieron que España sería pionera mundial en la generación de energías renovables y, para ello, comenzó a inundar al sector eléctrico con jugosas subvenciones, generando un déficit de más de 30.000 millones de euros en apenas un lustro.
Con la llegada de la crisis y el cambio del Gobierno, el entonces Ministro de Industria, José Manuel Soria, ante lo insostenible de la situación, impuso en 2013 un tijeretazo a las subvenciones, consiguiendo que los productores “sólo” consiguiesen una rentabilidad de 300 puntos básicos (un 3%) superior a la cotización del bono de Tesoro a diez años. Y ese porcentaje, del 7,4%, quedó establecido para el periodo 2013-2019.
¿Le gustaría que sus inversiones le rentasen un 7,4% anual? A mí, sí, pero a las empresas productoras, desde el pequeño huerto solar a las grandes empresas (Acciona, Iberdrola, Abengoa…), no les pareció suficiente, nunca es suficiente, y denunciaron al Estado español en arbitraje internacional por inseguridad jurídica. Hasta 45 denuncias se han acumulado por valor de 10.000 millones. De estas denuncias, el Estado ya ha perdido laudos por valor de 1.700 millones por los que debe compensar a los afectados con 800 millones. Si extrapolamos las cifras, las denuncias podrían costarle al Estado unos 5.000 millones.
El periodo de seis años que estableció el ministro Soria terminaba ahora. De seguir con la fórmula del 3% sobre el bono a diez años, el beneficio que sacarían rondaría ahora el 4,7% debido a la bajada de los intereses que paga el Tesoro por sus emisiones. Este porcentaje inferior redundaría en los recibos de los contribuyentes en una rebaja de aproximadamente un 5% en lo que pagamos todos los meses.
¡Por fin una rebaja en la luz! Pues nuestro gozo en un pozo. Ante la perspectiva de ir perdiendo juicio tras juicio, el Gobierno de Pedro Sánchez (¡qué guapo es!) ha querido firmar la paz con las eléctricas. ¿Cómo? Regalándoles dinero, como no podía ser de otra forma. Si las productoras de energías renovables renuncian a los pleitos interpuestos, el Gobierno les garantiza que continuarán obteniendo un 7,4% anual en sus inversiones ¡hasta el año 2031!
Echando números: con los juicios podríamos perder unos 5.000 millones; si rebajasen la rentabilidad al 4,7% ahorraríamos unos 1.500 millones anuales, por doce años, unos 18.000. Entre una cifra y la otra, 13.000 millones de euros que les regalamos a las empresas de energías renovables.
¡Qué bonito es ser ecologista y pagar con el dinero de los demás! Ya llegarán las “puertas giratorias” dentro de unos años…