Los derechos de las personas enfermas de Hipersensibilidad a los Campos Electromagnéticos (EHS) o electrosensibles, se han visto cercenados por un episodio de conflictos de interés en el seno del Comité Económico y Social Europeo (CESE). La historia es la siguiente. La Sección de Transportes, Energía, Infraestructuras y Sociedad de la Información (TEN), perteneciente al CESE, había elaborado un dictamen que recomendaba a los gobiernos europeos paliar la grave situación de marginación y precariedad en la que viven las personas afectadas por la contaminación electromagnética.
Foto: Stefan Krause
Una comisión de estudio sobre la electrohipersensibilidad (EHS) contrastó todas las pruebas científicas y reconoció entre ellas las que muestran efectos de los campos electromagnéticos en las personas electrohipersensibles. Un proceso que ha durado meses.
El trabajo original ayudaba a difundir la situación de los afectados de exclusión y la vulneración de sus derechos humanos fundamentales, con pérdidas invalidantes de su salud y el abandono de las autoridades sanitarias (desconocedoras de sus efectos y de cómo actuar).
El informe reconocía el incremento de la prevalencia de la EHS, así como los problemas que acarrea, en todos los órdenes -laboral, social y familiar- a quienes padecen el síndrome, la discapacidad funcional que padecen y enmarca la enfermedad como síndrome ambiental ligado a la exposición a los campos electromagnéticos.
Me cuenta Minerva Palomar, que junto a Ángel y otras personas afectadas o con familiares afectados han creado la asociación Electrosensibles por el Derecho a la Salud:
El equipo solicitaba medidas concretas para recuperar los derechos perdidos, ayudando y protegiendo a los afectados, eliminando o disminuyendo su exposición a campos electromagnéticos e incluso planteaba la creación de las llamadas zonas blancas.
También contemplaba medidas tendentes a proteger a la población general y en especial a niños y jóvenes, aconsejando por ejemplo Internet por cable en los colegios en vez de WiFi)”.
Pero alguien debió de ponerse nervioso; cuando los derechos en salud de la población avanzan ciertos negocios retroceden. Y en eso que apareció un contradictamen. Lo presenta un miembro del CESE con numerosos conflictos de interesés, Richard Adams, a menos de 24 horas de la aprobación y sin ningún proceso de estudio previo.
El texto de Adams niega la relación de los problemas de salud mencionados con la exposición a la contaminación electromagnética, obviando la cantidad de pruebas científicas sobre sus efectos biológicos y manifestada por médicos, científicos y asociaciones profesionales de la salud de todo el mundo.
Esta persona usa los argumentos negacionistas por lo general esgrimidos por la industria interesada en que no se reconozcan los posibles efectos negativos de las tecnologías inalámbricas. La historia se repite ya que son muchas las sustancias nocivas para la salud, cuyos efectos negativos se camuflaron durante mucho tiempo por presión de las distintas industrias implicadas (tabaco, amianto, gasolina con plomo, entre otras muchas).
Al final la votación ha sido negativa para el proyecto inicial gracias a “la estrategia Adams” y el contradictamen del fontanero de las operadoras de telefonía fue aprobado. Ese trabajo niega la existencia de este síndrome y se apoya para ello en comités científicos muy cuestionados por su conflicto de intereses, como el SCENHIR (Scientific Committee on Emerging and Newly Identified Health Risks).
No propone ninguna medida ni en la atención ni en la protección de las personas afectadas. Pospone la toma de medidas con el viejo argumento conocido, habitualmente usado por industrias implicadas en problemas medioambientales y de salud, de “no hay suficiente evidencia científica aún” e ignorando la evidencia que no les interesa.
Deja a las personas afectadas en su situación de desprotección y exclusión. Pero ¿quién es esta persona con tanto poder de convicción? Un miembro del consejo de administración de Sustainability First, organización benéfica británica, que promueve los smart meters o contadores digitales o inteligentes que están poniendo ahora las compañías de electricidad o agua y que utilizan radiofrecuencias para transmitir datos).
Esta organización benéfica está patrocinado por BEAMA, que representa a 300 empresas de electrotecnología y asegura tener una influencia significativa en el Reino Unido y en la política internacional.
También por Cable & Wireless, Consumer Futuros, British Gas, EDF Energy, Elexon E-Meter (Siemens), EON Reino Unido, National Grid, Northern Powergrid, Ofgem (el regulador del sector eléctrico británico), Scottish Power Energy Networks y UK Power Networks (redes eléctricas británicas).
Adams aparece también como miembro del Consejo de Partes Interesadas que asesora al Consejo Ejecutivo de RWE AG. Ésta es una de las cinco compañías de electricidad y gas más importantes de Europa, la cual también está promoviendo los contadores digitales.
Para ampliar la información podéis leer el informe completo sobre estos hechos realizado por los grupos europeos de afectados EHS y que trabajan contra la contaminación electromagnética.
Estas personas, además de haber perdido la salud y sufrir constantemente dolorosos y severos síntomas, han perdido sus trabajos, su vida social e, incluso, muchos de ellos su dignidad, al tener que vivir en situaciones paupérrimas que ningún ser humano debería soporta.
Va a haber que ampliar las duras acusaciones del ingeniero de telecomunicaciones y especialista en este ámbito, Pedro Costa, cuando dice habla de “gobiernos lacayos del sector de las operadoras de telefonía”.