Hay varios niveles en los que el gobierno puede imponer una sanidad pública. Decida el lector cuál cree que merece ese nombre, pero sobre todo decida cuál prefiere basándose en argumentos correctos.
1. El Estado obliga a la población a hacerse un seguro de salud, como ahora obliga a estar asegurado para conducir.
En este nivel no hay demasiada componente pública en el seguro. El Estado no gestiona nada, si acaso indica cuáles deben ser las coberturas mínimas que debe tener. Por ejemplo, puede obligar a que el seguro incluya la vacunación contra enfermedades infecto-contagiosas y la obligación de vacunarse. Las componentes públicas serán, por una parte, el evitar el contagio (externalidad negativa de características públicas) y, por otra, el Estado se evita de tener que asistir a quien no esté asegurado voluntariamente. Si la gente anticipa que, sin asegurarse, el Estado así todo le cuidará, el sistema voluntario tendrá un fallo importante.
2. El Estado obliga a la población a pagarse un seguro y usa impuestos para subvencionar los seguros de los más pobres.
La nueva componente pública es la distribución de los recursos para asegurar la atención sanitaria de toda la población.
3. Además de lo anterior, el Estado ahora gestiona los seguros. El Estado recoge dinero de los contribuyentes y cotizantes y contrata la atención médica a quien quiera proveerla.
La novedad es que el personal no decide qué seguro quiere, sino que lo decide el Estado.
4. Un paso más: El Estado es titular de los servicios médicos. Los hospitales son públicos, y los médicos y demás personal sanitario están a sueldo del Estado.
5. Todavía un último paso: Los demás servicios (limpieza, gestión de residuos,...) también son de titularidad pública.
Cuál es el sistema adecuado dependerá de muchos factores. ¿Puede el Estado tomar mejores decisiones de elección de protocolos médicos que lo que harán los hospitales convenidos con las aseguradoras públicas o privadas? Para establecer esos protocolos, ¿es necesario que sea titular del servicio de salud? ¿Queremos asegurar la salud de toda la población como parte de una filosofía de igualdad de oportunidades? ¿Qué abusos sufrirá cada sistema? ¿Tiene buenos incentivos un gestor público a usar mejor los recursos? ¿Cómo está mejor garantizada una atención universal -si es que eso es lo que se quiere- y con menor coste? ¿Es mejor la sanidad pública cuando al lado existe también una sanidad privada? ¿Es mejor la sanidad privada cuando tiene al lado una sanidad pública?
Las respuestas a todas estas preguntas no pueden ser dadas a priori. Ni por gusto personal ni por ideología. Habrá que examinar todas las experiencias y toda la evidencia de que dispongamos. Y no habrá que confundir la respuesta a esas preguntas con otras cuestiones. Por ejemplo, es concebible que alguna gestión privada permita mejorar el servicio. Eso debe distinguirse de la cuestión particular de que algún político otorgue la gestión privada no por razones de eficiencia sino por razones de enriquecer a la parentela. Si eso es así nos opondremos a esto último, pero no a lo primero. También debe distinguirse de la desconfianza (generada con o sin razón) de que una cesión particular de una componente pública implique una pendiente resbaladiza que lleve a otras ulteriores.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------Hace tres años en el blog: El Gran Cañón del Colorado.------------------------------------------------------------------------------------------------------------