Un periódico resume como errores la sarta de despropósitos que han acompañado los hechos y que impidieron que fuesen denunciados. Y con ello el “fallo” de los protocolos existentes.
Desde este blog hace tiempo que nos referimos a la responsabilidad que tenemos todos ante los abusos sexuales contra los menores.
https://pedsocial.wordpress.com/2009/10/10/matrimonios-infantiles/
https://pedsocial.wordpress.com/2010/04/10/curas-pederastas-el-vaticano-y-los-ninos/
https://pedsocial.wordpress.com/2014/03/27/pedofilia-institucionalizada/
y de forma concreta a los abusos que han tenido lugar en el ámbito escolar en instituciones confesionales. La singularidad de este tipo de abusos asociada a clérigos católicos, que fue inicialmente detectada en los Estados Unidos, resulta esperable que se pudiese reproducir en otros países como Irlanda o España de larga tradición de colegios católicos.
También resulta comprensible que las asociaciones de padres de alumnos hayan expresado su preocupación porque estos casos graviten sobre los colegios y estigmaticen la enseñanza de esas instituciones. Pero, ¿realmente son casos aislados?
La comprobación de prácticas ocultatorias por parte de los colegios, a las que se suman las inoperancias judiciales hacen temer que se estén omitiendo numerosas instancias que, por la naturaleza de los hechos, han impedido a las víctimas denunciarlas.
Precisamente la naturaleza vergonzante de las agresiones sexuales en el ámbito escolar es la que nos obliga a todos a mantener una vigilancia extrema ante cualquier indicio o sospecha.
Los actos sexuales con menores son abusos. Los abusos sexuales son un delito. Quien los comete es reo de derecho común y como tal debe ser tratado. De hecho es un delito que puede perseguirse de oficio, como el terrorismo y otros delitos contra las personas, sin que tenga que mediar denuncia por parte de las víctimas. Y que como en cualquier caso de víctimas menores se debe hacer todo lo posible para evitar la victimización secundaria que supone tener que repetir declaraciones en ocasiones procesales múltiples.
Uno esperaría que el encubrimiento de los abusos sexuales tuviese el mismo tratamiento que la apología o la colaboración con el terrorismo “político”, porque poco hay más terrorífico que verse expuesto a la intromisión en la intimidad por abusos sexuales y las consecuencias sociales y psicológicas que pueden acompañar toda la vida de las víctimas.
Los profesionales que nos dedicamos a los niños, con el compromiso añadido de defender sus derechos, debemos ser activos en estas materias, asistir a las posibles víctimas, indagar los posible indicios, denunciar los conocidos y, en todo caso, exigir por todos los medios que las autoridades administrativas y judiciales la más exquisita diligencia cuando traten estas denuncias. Y, en el caso que las actuaciones caigan cortas de la realidad, perseguir también a los responsables, sean administraciones incompetentes, fiscales ignaros o jueces venales.
Los niños tiene esos derechos a ser protegidos.
X. Allué (Editor)