Hay una cuestión que siempre sale a la palestra cuando se habla de autogestión. Y sobre todo cuando, como es nuestro caso, se saca el término "gestión indirecta". Si evitamos en ese momento llamar las cosas por su nombre era para evitar resistencias. Pero algunos de vosotros (no se os pasa ni una! ;-)) os habéis percatado. Efectivamente, es un modelo de gestión sujeto al ordenamiento privado. Se trata de gestión privada de un servicio público.
Muchos de los que no hubieran caído anteriormente estarán ahora echándose las manos a la cabeza: "¿una-nueva-iniciativa-para-privatizar-la-sanidad?". Antes de tirarnos a la caldera del infierno, por favor, seguid leyendo.
Puede producir escalofríos que, efectivamente, pudiera ser una nueva forma de introducir la iniciativa privada en un servicio público. Sin embargo, y a pesar de que en parte es cierto, nosotros no podemos ver más que alineamiento y compromiso pleno con el sistema público por todos lados:
- El personal del grupo gestor provendría del servicio público (basta con solicitar una excedencia por un par de años, precisamente lo que podría durar el pilotaje, por ejemplo).
- Además, se trataría de una cooperativa de profesionales sanitarios que necesariamente deben trabajar en el mismo centro, lo que garantiza que las decisiones caigan mayoritariamente en los trabajadores de la misma (asociacionismo y profesionalismo en su máxima expresión). Ojo, los trabajadores del centro, profesionales sanitarios, y no aseguradoras privadas ni empresas tecnológicas ni de la construcción. El matiz creemos que es importante.
- En el grupo asociativo podrían participar poderes públicos, como las corporaciones locales o diputación, al margen del propio servicio autónomo de salud o quien se consensuara. Es una forma de control, además de facilitar que dentro de la toma de decisiones sobre la gestión intervenga de alguna manera la voz de los ciudadanos.
- Es imprescindible, por pura coherencia interna, que haya control públicode resultados. Si no cumples, no se renueva el contrato, y punto (¿os imagináis algo similar en un centro gestionado por una servicio de salud?).
- Y que la financiación sea pública (no hablamos de sociedades anónimas ni de cotizar en bolsa ni de que esto sea un nido para inversiones de capital privado).
- Y, por supuesto, las prestaciones y servicios como mínimo idénticas a las de cualquier centro gestionado por el servicio de salud.
- La concesión de la gestión del centro debe pasar obligatoriamente por un concurso público. Se escoge el que presente mejor proyecto.
- Los procesos de selección de personal igualmente deben ser públicos y regidos por los principios constitucionales, aunque eso sí, con criterios propios.
- Por si fuera poco, y para alejar sospechas de perseguir intereses ilegítimos, pero sobre todo por pura convicción, necesariamente pensamos que debe primar ante todo el ánimo de no lucro.
- Y, sobre todo, y lo que mayor garantía de vocación pública otorga al proyecto, al margen de sus contenidos, es el hecho de que provenga de personas cuyo compromiso con el sistema públicoy vocación de servicio público son innegables.
Quien se quiera unir al carro tiene la puerta abierta. Este proyecto no ha hecho más que comenzar...