El Grupo Parlamentario Popular y el de UPyD en el Congreso de los Diputados han propuesto, dentro de la Subcomisión para el análisis de los problemas estructurales del sistema sanitario, que los profesionales sanitarios tengan variables en su retribuciones “en función de lo que se es, se hace y los resultados que se obtienen”, para lo que se debería medir su productividad, índices de satisfacción y calidad del servicio prestado. Esta Subcomisión fue creada en marzo de 2012 y durante un año y 8 meses ha analizado los problemas de la sanidad en España y las reformas que se deben acometer. Fruto de sus trabajos, se ha elaborado un documento sobre el futuro de la sanidad que incluye, además de lo citado, recomendaciones como “favorecer que el profesional gane protagonismo, reconocimiento y autonomía en la gestión clínica” o “desarrollar la colaboración con la iniciativa privada, procurando la optimización de los recursos del sistema público”.
De inicio, la propuesta de la Subcomisión de apostar por una retribución variable parece sensata e, incluso, deseable. ¿A quién no le apetece cobrar más si su trabajo es mejor? O, dicho de otra manera, ¿es lógico cobrar todos por igual con independencia de la calidad del trabajo realizado?, ¿es razonable que se valore igual a los que hacen mucho y mejor que a los que hacen poco y peor? Sin embargo, algo que pudiera parecer tan lógico ha generado una importante polémica entre los médicos y un animado debate en las redes sociales. Llama la atención que, aparentemente, son más los que se oponen de entrada a esta medida que los que la contemplan como algo que merece la pena considerar. Desgraciadamente, esto parece ser un nuevo reflejo de la concepción que de la Sanidad Pública tiene la casta gerontocrática y burocrática, que se resiste a cualquier mínima posibilidad de cambio en su statu quo con independencia de que pudiera o no resultar beneficioso. Un sistema que contemple una retribución variable es un avance para todos aquellos que demandamos cambios en la Sanidad Pública y que apostamos decididamente por un sistema público basado en profesionalización, meritocracia y laboralización. Da la impresión de que lo que subyace es el miedo a hacer públicos unos resultados que, por la propia concepción de la sanidad, debieran serlo desde el inicio. Parece increíble que en España no se puedan conocer y hacer públicos los resultados que los médicos obtenemos en nuestra actividad diaria. A nadie se le escapa que en otros ámbitos de la vida exigimos siempre un conocimiento de resultados, fiabilidad, pros- y contras de cualquier producto que pretendemos adquirir. Y con más razón debiéramos exigir su conocimiento en todo lo que atañe a la salud. Una medida tan simple como contemplar la retribución en función de lo que se hace y como se hace permitiría una autoevaluación continua, un conocimiento constante de las fortalezas y debilidades propias y tomar todo ello como punto de referencia para mejorar en la atención.
Algo aún tan en pañales en España, es ya una realidad en otros países de nuestro entorno. En el Reino Unido se pueden consultar desde junio de 2013 las tasas de mortalidad y morbilidad en determinados procedimientos quirúrgicos. La medida, que generó muchas críticas, ha demostrado algo ya conocido: que los cirujanos que menos intervenciones realizan, son los que obtienen peores resultados. Y este hecho, y más en el contexto de un área sanitaria única como sucede en la Comunidad de Madrid, concede a los pacientes la opción de poder elegir que cirujano o equipo quirúrgico desean que les intervengan a tenor de los resultados publicados. Por otra parte, las propias Sociedades Científicas del Reino Unido han reconocido que estas auditorias contribuyen a disminuir la morbi-mortalidad de los procedimientos y a mejorar los estándares de calidad.
¿Y en España, qué? Retribuir en función del trabajo realizado y de los resultados obtenidos es la mejor manera de discriminar a los mediocres, siempre y cuando se contemple dentro del trabajo no sólo la labor meramente asistencial, sino también las labores docente e investigadora que conforman la actividad médica. Y aquí es, probablemente, donde esté el mayor escollo para desarrollar esta medida. ¿Quién y cómo se va a evaluar la actividad?, ¿qué parámetros se van a considerar?, ¿qué grado de participación vamos a tener los médicos en estas auditorias?, ¿cómo se van a publicitar los resultados?…
Pero quizás, con medidas de este tipo que busquen mejorar la calidad de la atención médica, consigamos que la Sanidad Pública mejore en las clasificaciones internacionales, como proporcionada por el Euro Health Consumer Index 2013. Este Índice se obtiene a partir de datos de estadísticas públicas, encuestas a pacientes e investigaciones independientes, y pretende establecerse como una herramienta para evaluar los sistemas sanitarios modernos. En su última edición recientemente publicada, España aparece en el puesto 19 de los 35 países analizados (a pesar de todos los que proclaman que es “la mejor Sanidad de Europa”), por detrás de los países más avanzados de Europa y por delante tan solo de países como Macedonia, Hungría, Albania, Bulgaria, Malta,…, e Italia. ¿Es para estar orgullosos y no querer cambiar nada?