El Gobierno ha anunciado que modificará la ley que obliga a los ciudadanos a contar con una cita previa para poder realizar trámites con la Administración Pública. Esta medida, anunciada por el ministro de Transformación Digital y de la Función Pública, José Luis Escrivá, tiene como objetivo simplificar las vías digitales de acceso y el lenguaje administrativo.
La interacción con la administración
Según datos del CIS, casi tres de cada cuatro ciudadanos españoles han utilizado vías telemáticas para hacer consultas con la administración en los últimos 12 meses. Esto consolida la vía digital como una de las formas principales de interacción y acceso a los servicios públicos. Sin embargo, desde Función Pública se recuerda que los canales tradicionales siguen siendo preferidos por muchos ciudadanos.
Modificación de la ley de procedimiento administrativo común
El cambio se llevará a cabo a través de un anteproyecto de ley para modificar el artículo 14 de la Ley de Procedimiento Administrativo Común. Esta modificación se llevará "lo antes posible" al Congreso de los Diputados para mejorar la relación entre los ciudadanos y los servicios públicos.
Te interesa
Reforma del portal de la administración
Además, se realizará una reforma del portal de la Administración para organizarlo por hechos vitales (nacimiento, matrimonio, jubilación...) y facilitar así su uso. En esta reforma, se incluirán pilotos de prestación de servicios de atención ciudadana alimentados con inteligencia artificial.
Fin de la tasa de reposición
Para 2025, el Gobierno cambiará la tasa de reposición de empleados públicos de la Administración General del Estado (AGE). Esta medida se toma ante el hecho de que el 60% de la plantilla de los empleados públicos se jubilará en los próximos 10 años y que el número de efectivos al servicio de la AGE es casi un 10% inferior al de antes de la crisis financiera de 2008.
Así es, la cartera de Función Pública tiene como objetivo durante esta legislatura reemplazar la tasa de reposición de efectivos, un modelo que se basa en el crecimiento vegetativo de las plantillas. En su lugar, se busca implementar un modelo que diseñe las plantillas en función de los servicios públicos que presta el Estado del Bienestar y los escenarios presupuestarios plurianuales establecidos por la Unión Europea. Este cambio representa un enfoque más estratégico y adaptativo para la gestión de personal en la Administración General del Estado.