Se ha presentado el documento ‘Recomendaciones para mejorar la adopción de las innovaciones sanitarias y su utilización en la Sanidad Española’ que definen una sistemática que asegura que sólo se apliquen asistencialmente las tecnologías sanitarias que son comprobadamente efectivas y seguras, y sólo se costean con recursos públicos aquellas que son eficientes. Además, definen mecanismos para suprimir selectivamente el uso de lo inútil o injustificadamente peligroso, y para definir las situaciones que realmente justifican la puesta en marcha en la atención sanitaria.
Dichas recomendaciones nacen de un proceso conducido por expertos independientes que culminó en una Jornada de debate científico celebrada el pasado 25 de noviembre.
- Principales recomendaciones
Las recomendaciones cubren todo el proceso de adopción y aplicación de las tecnologías sanitarias. Las de carácter técnico definen la sistemática que debería seguir cualquier tecnología para asegurar que su aplicación realmente beneficia a los pacientes. Las recomendaciones institucionales se dirigen a las agencias de evaluación de tecnologías sanitarias, agencia española del medicamento, Organización Médica Colegial, universidades, autoridades sanitarias, servicios de salud, parlamentos nacional y autonómicos, y partidos políticos en ellos representados. En general, detallan mecanismos concretos para aumentar el rigor y la transparencia de la labor de las diversas instituciones, poder evaluarlo públicamente, y asegurar su independencia de criterio.
*Las recomendaciones se exponen públicamente en la página Web www.adopcioninnovacionessanitarias.org. Esa página también permite comentarlas, sugerir modificaciones, proponer recomendaciones adicionales, y comentar o votar las demás aportaciones, siempre y cuando los participantes se identifiquen y declaren públicamente sus eventuales conflictos de intereses.
--Las principales recomendaciones incluyen:
-1) La constitución de un registro público de las relaciones económicas entre la industria y los profesionales y entidades sanitarias (como sociedades científicas o asociaciones de enfermos), que sería voluntario.
-2) La constitución de otro registro de denuncias de posibles malas prácticas de la industria (como manipulación de estudios científicos o uso de incentivos económicos directos o indirectos para influir en la práctica clínica de los médicos)
-3) La exigencia de evaluar la efectividad y eficiencia de una tecnología (diagnóstica o terapéutica, farmacológica o no), en función de su efecto sobre parámetros que sean verdaderamente importantes para los pacientes y su tratamiento, y no en "indicadores" o "parámetros intermedios" de dudosa relevancia clínica.
-4) La comprobación de la efectividad y seguridad de todas las tecnologías sanitarias antes de autorizar su aplicación asistencial, la definición de los casos concretos en los que cada una está indicada (y aquellos en los que no lo está), la monitorización de su aplicación en la práctica, y la instauración de mecanismos para dejar de financiar públicamente las tecnologías ineficaces o ineficientes.
-5) La participación de tres clínicos independientes, con formación metodológica acreditada y carentes de conflictos de intereses, en los procesos de evaluación y monitorización de cada tecnología, cuyas evaluaciones deberán ser evaluadas y hechas públicos a través de una página Web.
-6) La petición de mayor rigor y transparencia a las entidades implicadas en la aprobación y monitorización de las tecnologías sanitarias, como agencias de evaluación de tecnologías sanitarias o servicios de salud, a los que se requiere hagan públicos a través de páginas Web sus informes, decisiones y el fundamento en el que las basan, exponiéndolo a la evaluación de la comunidad científica internacional.
-7) La exigencia a los servicios de salud de que dejen de financiar las tecnologías comprobadamente ineficaces o injustificadamente peligrosas y vinculen la cobertura de las comprobadamente efectivas a su aplicación en los casos en los que están indicadas.
**En la imagen, de izquierda a derecha: el Dr. Serafín Romero, Secretario General de la OMC; el Dr. Ricard Gutiérrez, vicepresidente de la OMC; y el Dr. Francisco M. Kovacs, presidente de la Fundación Kovacs.