Puesto porJCP on Dec 23, 2013 in Autores
Manning condenado, Assange refugiado, Snowden exiliado, y Zapatero en el Consejo de Estado. A diferencia de los hackers, los ex presidentes del Gobierno español pueden sustraer y filtrar documentos presuntamente secretos en sus memorias sin que la Fiscalía actúe de oficio, pese a tratarse de información que afecta a los intereses generales de todos los ciudadanos. Porque una de dos: o la información era secreta, y José Luis Rodríguez Zapatero ha cometido un delito llevándose una carta del Banco Central Europeo sin dejar copia alguna en Moncloa, o se ha ocultado durante años que el Reino de España está intervenido y los Gobiernos del PSOE y el PP son en realidad subalternos de Bruselas.
Si España fuese una empresa, o al menos un país serio, las filtraciones interesadas de información se perseguirían de oficio. O a instancia de parte, como bien saben muchos trabajadores acusados de sustraer información confidencial de su empresa, en múltiples ocasiones como tristes cabezas de turco para dar un escarmiento al resto del personal.
La destrucción de datos informáticos y el descubrimiento y revelación de secretos parecen quedar impunes en España cuando los implicados son partidos como el PP o sindicatos como UGT. Por el contrario, la justicia es sumamente severa con los hackers sin adscripción política o sindical definida, como bien saben los agentes del CNI que han sido condenados por revelar información secreta.
Las dos varas de medir de la justicia –y de los medios de comunicación- también tienen sus versiones autonómicas, y ahí está el caso Cesicat para demostrarlo. Ha tenido que pasar más de un mes desde que los activistas de Anonymous denunciasen la confección de listas negras de ciudadanos con cargo al erario público, para que los periódicos catalanes subvencionados por la Generalitat informasen y la Conselleria de Interior explicase en qué se gasta nuestros impuestos el Cesicat. Tampoco consta que la Fiscalía haya abierto una investigación de oficio.
La política, como continuación de la guerra por otros medios (mutatis mutandis Clausewitz), tiene que recurrir en ocasiones a minería de datos inconfesables, una labor de zapa donde se cruzan las trincheras de las diferentes fuerzas en conflicto. Por eso me parece particularmente interesante que el presidente Rajoy haya sacrificado este verano las horas que dedica a la lectura de su periódico deportivo para leerse la epopeya descrita en Victus, de Albert Sánchez Piñol.
La lectura del asedio de Barcelona por las tropas del primer rey Borbón enseña muchas cosas que nunca deberían olvidarse. Si los ingenieros y zapadores de la Generalitat hubiesen hecho entonces tan mal su trabajo como al parecer lo ha hecho el Cesicat, el asedio no hubiese durado un año largo. Y lo duró, vaya si lo duró: de hecho todos los españoles llevamos 300 años asediados por los Borbones.
Que el Cesicat elaborase un informe sobre un DNI catalán con datos biométricos es la puntilla de todo lo expuesto anteriormente. Por favor, que alguien haga bien su trabajo, si no queremos ser el hazmerreír de toda Europa en la prevención de la criminalidad informática y protección de datos personales.
Carlos Sánchez Almeida