De lo que queremos hablar bajo el título de esta entrada es de la percepción que tenemos sobre las tendencias privatizadoras de los servicios públicos, y en especial de los sanitarios, que parecen tener aceptación en el actual marco de limitación de recursos para su sostenimiento. Estas tensiones parecen permear incluso entre grupos consuetudinariamente defensores de lo público.
Miguel Ángel Santos Guerra, catedrático de la Universidad de Málaga, enumera una serie de rasgos de nuestra sociedad en referencia a la influencia que pueden tener en la actividad docente para la formación de especialistas sanitarios (1). Entre estos rasgos habla de la privatización de bienes y servicios y dice textualmente que “se argumenta que la privatización hace funcionar mejor los servicios, que la empresa pública es ruinosa y que los funcionarios públicos son perezosos y malversadores de los bienes de todos” (página 57). Esas palabras, surgidas en un contexto económico muy diferente al actual, serían rubricadas hoy por muchos ciudadanos y gestores de lo público como una manera de revitalizar las diezmadas arcas de las diferentes Administraciones.
Para nosotros ese discurso es superficial, simple, fácil y posiblemente demagógico. Plantear que la solución de un posible mal funcionamiento de un organismo o empresa públicos es su privatización supone un atajo poco meditado y quizás basado en intereses ajenos a las miras por la eficiencia. Parece lógico plantearse alternativas antes de manifestar o pretender soluciones radicales. Como dice el mismo autor citado “resulta imprescindible plantearse qué efectos tiene la privatización sobre la diversidad de grupos y personas”.
Conviene tener en cuenta que las empresas privadas, por su propia idiosincrasia, pretenden la obtención de ganancias, mientras que el interés público se ve involucrado en fines diversos, en los que el beneficio económico no cabe. En una economía de libre mercado, y bajo el paraguas de la ideología del liberalismo económico, la oferta de servicios viene a satisfacer una demanda y se produce una regulación automática entre las mismas, oferta y demanda, con compensación del prestador de servicios y de los usuarios, que verían satisfechas sus necesidades a un precio adecuado. Así sería en el mercado perfecto. Pero la realidad es bien distinta y las consecuencias son perjudiciales para la mayoría del complejo social. Como dice, de nuevo, Santos Guerra “la privatización juega en beneficio particular de los que la manejan. La finalidad del los privatizadores no es el bien público, sino los intereses particulares” (1).
Ahora bien, no se trata de denostar, al menos por nuestra parte, la iniciativa privada. Forma parte imprescindible de nuestro sistema económico y social. Se trata más bien de manifestar una toma de posición, fundamentada en una ideología que muchas veces carece de una estructura formal. Sería una “forma de ver la vida”, imbuida de creencias, convencimientos, constataciones. Esta toma de posición puede, como no, cuestionarse, ser discutida y derrotada con herramientas dialécticas. Las corrientes vienen y van, se imponen o se rechazan. Y por esto pensamos que es de importancia capital declarar nuestra resistencia a creer que el camino que se nos muestra es el óptimo, el inevitable y el deseable para nuestra sociedad en unos momentos críticos como los actuales.
Referencias
1. Santos Guerra MA. El buscador de manantiales. Perfil del tutor de medicina. En Cabero Roura L. Manual para tutores MIR. Editorial Médica Panamericana. Madrid (2007). Pag 49-72.