Siete Comunidades inician en el año de la pandemia el desmantelamiento de las Rentas Mínimas, reducen el número de personas beneficiarias y recortan presupuesto con la coartada del IMV. Madrid, Aragón, Baleares, Galicia, Castilla y León, Castilla la Mancha y La Rioja aprovechan para hacer caja en lugar de orientar el presupuesto a la garantía del derecho a la inserción social reforzando los servicios sociales para la lucha contra la exclusión social.
La C. de Madrid es la que más reduce el número de personas beneficiarias (-12.471 personas), Cataluña la que más aumenta (+42.414 personas) y la C. Valenciana la que más aumenta la cobertura respecto a las personas en situación de riesgo de pobreza (+2,72%).
Solo el 9% de la población bajo el umbral de la pobreza en España se ha beneficiado de las RMI
Únicamente el 9% de la población bajo el umbral de la pobreza en España se ha beneficiado de las RMI que ofrecen las Comunidades Autónomas. Así se desprende del Informe de Rentas Mínimas de Inserción correspondiente al año 2020, que ha hecho público el Ministerio de Derechos Sociales.
Este porcentaje encubre diferencias extremas: dos Comunidades destacan, País Vasco y Navarra, con porcentajes que suponen el 61,7% y el 59,6% respectivamente, de su población por debajo del umbral de la pobreza. Le siguen Asturias y Cantabria, donde reciben estas rentas casi una de cada 6 personas bajo el umbral de la pobreza. Del resto, sólo tres Comunidades garantizan porcentajes superiores al 10% (Cataluña, Aragón y Baleares). Las RMI de las 10 Comunidades restantes ni siquiera alcanzan esta cobertura, y en el caso de Castilla-La Mancha y Canarias, sus porcentajes sólo llegan o están por debajo del 2%.
Simplificar los procedimientos del ingreso mínimo
Le solicitamos al Ministerio que simplifique los procedimientos del IMV y cumpla con la promesa de garantizar la prestación a 800.000 familias como se había comprometido, y recuperar los 1.000 millones que no ha gestionado en el año de la crisis social mayor de la historia reciente de nuestro país. Y a las CC.AA. que los 1.686 millones de euros que invertían en rentas mínimas, se orienten a la garantía del derecho a la inserción social reforzando los servicios sociales, para la lucha de la exclusión social que produce la pobreza continuada, transmitida generacionalmente y sin posible salida en un contexto de escasez y precariedad de oportunidades en el mercado laboral.
Destaca el descenso en el número de personas beneficiarias de la Comunidad de Madrid, donde en el año 2020, el año de la mayor crisis social de los últimos años, se redujo en 12.471 personas las beneficiarias de Renta mínima; esto se une al descenso en 130 millones de euros, la reducción del presupuesto de Madrid a esta prestación, haciendo caja con los presupuestos destinados a la atención de las personas más vulnerables.
Un 15,3% de la renta media por hogar en nuestro país
La cuantía media por perceptor/a de las RMI en el conjunto de España supone el 15,3% de la renta media por hogar en nuestro país. Una cuantía extremadamente baja y que ha bajado 2 puntos desde 2019, pasando del 17,1% al 15%, condicionado probablemente por la aparición del Ingreso Mínimo Vital.
La Comunidad Valenciana, con un 23,4%, es la Comunidad Autónoma cuyos perceptores de RMI perciben una cuantía mayor en relación con la renta de su comunidad. Le sigue Extremadura con unas cuantías superiores al 20% de la renta media de su territorio. Por el contrario, dos Comunidades tienen un porcentaje mínimo, por debajo del 10%, Murcia (9,3%) y Baleares (6,8%). Cuantías ínfimas que, de ninguna manera, permiten a los perceptores garantizar su supervivencia.
Según los últimos datos, 799.203 personas son beneficiarias del Ingreso Mínimo Vital, mientras que a fin de 2020 percibían las rentas mínimas de las Comunidades Autónomas 795.861 personas. Únicamente un 0,04% es lo que el ingreso mínimo vital habría mejorado la cobertura de las rentas mínimas de las comunidades autónomas.