El debate sobre Verifactu ha estado marcado más por la confusión que por la falta de información normativa. En los últimos meses, muchas empresas han interpretado erróneamente que la obligación era inmediata, cuando en realidad el propio desarrollo legal ha ido aclarando lo contrario.
Las últimas comunicaciones oficiales confirman lo que ya se venía anticipando: la obligatoriedad de los sistemas de facturación adaptados a Verifactu se aplaza hasta 2027. Este retraso no es anecdótico ni técnico, sino una decisión consciente para facilitar una transición realista.
El contexto normativo del aplazamiento
Verifactu nace como parte del desarrollo de la Ley 11/2021 de lucha contra el fraude fiscal, que introduce la obligación de que los sistemas de facturación garanticen la integridad, conservación, trazabilidad e inalterabilidad de los registros.
El reglamento que concreta estos requisitos técnicos establece cómo deben funcionar los programas de facturación y qué características mínimas deben cumplir. Entre esas posibilidades se incluye Verifactu, que permite el envío automático de los registros de facturación a la Agencia Tributaria.
Sin embargo, el propio proceso de desarrollo reglamentario ha evidenciado que la implantación generalizada requiere más tiempo del inicialmente previsto.
Por qué Verifactu no será obligatorio antes de 2027
El aplazamiento hasta 2027 responde a varios factores clave:
- La complejidad técnica de adaptar miles de programas de facturación distintos.
- El impacto directo sobre autónomos y pymes, que necesitan margen de adaptación.
- La necesidad de dar seguridad jurídica tanto a desarrolladores como a usuarios finales.
- La coexistencia con otros sistemas y obligaciones fiscales ya en funcionamiento.
Este escenario ha llevado a establecer un periodo transitorio amplio, en el que Verifactu existe como marco técnico, pero no como obligación exigible.
Qué cambia realmente con este aplazamiento
El retraso hasta 2027 no supone una paralización del sistema, sino una clarificación del calendario.
En términos prácticos:
- No hay obligación de activar Verifactu en 2025 ni en 2026.
- No hay sanciones por no utilizar sistemas Verifactu actualmente.
- Las empresas pueden seguir utilizando sus programas de facturación habituales, siempre que cumplan la normativa vigente.
Durante este tiempo, los fabricantes de software continúan adaptando sus soluciones y la Agencia Tributaria sigue ajustando los criterios técnicos y operativos.
Verifactu no equivale a envío obligatorio de facturas en tiempo real
Uno de los errores más frecuentes ha sido equiparar Verifactu con un sistema obligatorio de remisión inmediata de facturas a Hacienda.
Conviene matizarlo:
- Verifactu es una opción técnica dentro del reglamento, no una imposición inmediata.
- El envío automático de registros será obligatorio cuando entre en vigor la normativa, no antes.
- Hasta 2027, su uso es voluntario.
Este matiz es clave para evitar interpretaciones incorrectas y decisiones precipitadas.
A quién afectará cuando sea obligatorio
Cuando Verifactu sea exigible, afectará de forma general a:
- Autónomos.
- Empresas.
- Profesionales que utilicen software de facturación.
No se trata de una obligación limitada a grandes compañías ni a sectores concretos, sino de un estándar común que se aplicará de manera progresiva cuando finalice el periodo transitorio.
Qué deberían hacer las empresas ahora
Desde un punto de vista práctico y estratégico, el aplazamiento permite actuar con criterio:
- Informarse correctamente sobre el calendario real.
- No asumir costes innecesarios por cambios anticipados.
- Planificar la adaptación tecnológica dentro de una estrategia global de digitalización.
- Evaluar soluciones compatibles cuando toque renovar o cambiar software, no por presión externa.
Anticiparse puede ser una decisión válida en algunos casos, pero no es una obligación legal ni una urgencia normativa.
Una aclaración necesaria en un entorno saturado de mensajes
El aplazamiento de Verifactu hasta 2027 no elimina la obligación futura, pero sí desmonta el discurso de urgencia inmediata que se ha extendido en algunos canales.
La clave no está en reaccionar, sino en entender el marco legal, los plazos y el impacto real. En un contexto regulatorio cada vez más técnico, disponer de información clara y bien interpretada sigue siendo un activo estratégico para cualquier empresa.
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