Los documentos sacados a la luz por Wikileaks que viene publicando un "pool" de reputados diarios europeos y norteamericanos, están mostrando en lo que a España respecta un perfil estremecedor en las relaciones entre dos estados presuntamente soberanos. En la realidad, la sumisión de los aparatos del Estado español con respecto al Imperio yanqui que evidencian esos papeles resulta ofensiva incluso para quien como un servidor de ustedes, carece de siquiera una brizna de sentimiento nacionalista. La cosa va mucho más allá de sentimentalismos heridos e incide directamente en el terreno de los comportamientos puramente delictivos, con políticos, jueces, fiscales y periodistas conspirando desde hace años para beneficiar intereses norteamericanos en perjuicio de los propiamente españoles.
Ya no se trata sólo de que personas a sueldo del erario público español maniobren para sabotear aquellas causas judiciales abiertas como consecuencia de que ciudadanos españoles en particular o seres humanos en general sean perseguidos avasallados, torturados o asesinados por los secuaces del Imperio. Lo verdaderamente escandaloso hasta la obscenidad es que haya actores principales de los aparatos del Estado español que según documenta Wilkileaks se ofrecen, obsequiosos, al próconsul/embajador en Madrid para cometer accciones delictivas tan de libro como la prevaricación; sin descartar la corrupción, pues la experiencia nos dice que estos favores nunca se hacen gratis. Total, que tenemos un personal en los aparatos del Estado más propio de una república bananera centroamericana que de un país integrado en la Unión Europea desde hace un cuarto de siglo.
Así por ejemplo según esos documentos hay una nutrida representación del poder judicial español interviniendo para paralizar o liquidar la acción de la justicia en casos como el asesinato del camára de Tele5 José Couso, cometido por tropas norteamericanas durante la invasión de Irak, la investigación de los Vuelos de la CIA transportando secuestrados a Guantánamo y otras cárceles secretas y haciendo escalas "toleradas" en España, y las actividades criminales llevadas a cabo por el Ejército y los servicios llamados de inteligencia norteamericanos en Guantánamo contra los allí secuestrados. En los papeles que está publicando El País leemos por ejemplo como el Fiscal General del Estado, Conde-Pumpido, y el Fiscal jefe de la Audiencia Nacional, Javier Zaragoza, se comprometen a dar carpetazo a estos asuntos (Conde-Pumpido) o a evitar que alguno de estos casos caiga en manos del juez Garzón (Zaragoza). Sin olvidar a Fungairiño, aquél fascista que ejerció de Fiscal General del Estado a las órdenes del entonces presidente Aznar. A Fungairiño la Embajada norteamericana le califica como un gran "colaborador" suyo desde hace mucho tiempo. Es obvio el significado último del término colaborador cuando es usado por servicios de inteligencia: traducido a román paladino, lo que en las películas antiguas se llamaba un traidor a su Patria, puesto al servicio de una potencia extranjera por interés económico o por ideología.
Luego están las broncas del embajador yanqui de turno a ministros, secretarios de Estado y hasta al propio Zapatero en persona. "Estoy perdiendo la paciencia con la postura española en la guerra de Irak", le brama el procónsul de Bush en España, el cubanoyanqui Eduardo Aguirre, a un asesor diplomático de Zapatero. La presión sobre el Gobierno español se revela continua y en ocasiones, asfixiante. El más mínimo gesto del gabinete es examinado con lupa, informado y convertido en munición no ya contra los movimientos españoles en política internacional sino en el manejo gubernamental de asuntos puramente internos. Intrusiones que son llevadas a cabo sin ningún rebozo, con chulería incluso. Lo peor con todo es el papel vicario que sus interlocutores asumen de grado o por la fuerza, reconociendo de facto y a veces explícitamente que los intereses de su país deben quedar subordinados a los intereses y necesidades de EEUU. Este servilismo infame de los aparatos del Estado español y singularmente del judicial y del político, debería motivar dimisiones en cadena desde ya mismo. Pero aquí no dimite ni Dios, antes bien la mayoría de afectados se están acogiendo con todo descaro al "yo no he sido", aunque nos estén enseñando copias de cables obtenidos de los mismos servicios diplomáticos/espionaje norteamericanos que demuestran que sí han sido ellos.
Llama la atención el silencio sepulcral del Partido Popular sobre este asunto. Y es que naturalmente, a medida que vaya saltando a la prensa la nómina de jueces, políticos, empresarios, periodistas y demás esbirros a sueldo de los servicios secretos yanquis, muchos en el PP y aledaños van a tener motivos para maldecir a Wikileaks.