En la destrucción programada de los derechos conquistados por los trabajadores en España que se contiene en la llamada Ley de Reforma Laboral (LRL), toca ahora dinamitar los convenios colectivos. Este lunes han quedado "legalmente" extinguidos los que afectan a casi dos millones de trabajadores ("solo" millón y medio según el Gobierno), al haberse rebasado la fecha límite impuesta para su renegociación sin haber alcanzado acuerdos entre las partes. Solo en el País Vasco se dan por extinguidos alrededor de 400 convenios laborales. Se cumple así lo que con implacable cinismo prevée la LRL, ante la satisfacción de la patronal española, promotores del engendro, y el desconcierto de los sindicatos. Sabiendo lo que venía, los empresarios se han negado evidentemente a negociar nada en los meses precedentes a la espera de que la extinción de los convenios dejara a los trabajadores afectados en sus manos, y poder así imponer ERES, despidos, rebajas salariales y aumentos de jornada laboral a su conveniencia. Los trabajadores sin convenio quedan protegidos solo por el Estatuto de los Trabajadores, especie de Constitución del mundo de las relaciones laborales llena de buenas palabras pero vacía de contenido real en cuanto a la defensa de los derechos de los trabajadores. Cautivo y desarmado el ejército sindical, las tropas empresariales explotadoras están cubriendo todos sus objetivos con la complicidad activa del Gobierno palanganero al que dirigen y sostienen. Y es que este ataque es apenas un ensayo preparatorio de más ambiciosos objetivos. Lo que se busca es "desregularizar" por completo el mercado laboral, para convertirlo de nuevo en la subasta de fuerza de trabajo al por menor que era hasta principios del siglo XX. Quieren acabar con los convenios colectivos y desde luego también con los sindicatos, que desde hace 30 años han basado en ellos su propia razón de existir. Esta es efectivamente una política criminal, terrorista, que enfoca las relaciones laborales al modo en que lo hacían los encargados de obra de las pirámides de Egipto, aunque por el momento sin látigo ni espada, y responde a una voluntad política enunciada y contenida en las "reformas" en materia laboral que está llevando a cabo el Gobierno Rajoy. Lo peor es que no hay respuesta. ¿A qué esperan los afectados? ¿A qué estamos esperando todos?.
En la destrucción programada de los derechos conquistados por los trabajadores en España que se contiene en la llamada Ley de Reforma Laboral (LRL), toca ahora dinamitar los convenios colectivos. Este lunes han quedado "legalmente" extinguidos los que afectan a casi dos millones de trabajadores ("solo" millón y medio según el Gobierno), al haberse rebasado la fecha límite impuesta para su renegociación sin haber alcanzado acuerdos entre las partes. Solo en el País Vasco se dan por extinguidos alrededor de 400 convenios laborales. Se cumple así lo que con implacable cinismo prevée la LRL, ante la satisfacción de la patronal española, promotores del engendro, y el desconcierto de los sindicatos. Sabiendo lo que venía, los empresarios se han negado evidentemente a negociar nada en los meses precedentes a la espera de que la extinción de los convenios dejara a los trabajadores afectados en sus manos, y poder así imponer ERES, despidos, rebajas salariales y aumentos de jornada laboral a su conveniencia. Los trabajadores sin convenio quedan protegidos solo por el Estatuto de los Trabajadores, especie de Constitución del mundo de las relaciones laborales llena de buenas palabras pero vacía de contenido real en cuanto a la defensa de los derechos de los trabajadores. Cautivo y desarmado el ejército sindical, las tropas empresariales explotadoras están cubriendo todos sus objetivos con la complicidad activa del Gobierno palanganero al que dirigen y sostienen. Y es que este ataque es apenas un ensayo preparatorio de más ambiciosos objetivos. Lo que se busca es "desregularizar" por completo el mercado laboral, para convertirlo de nuevo en la subasta de fuerza de trabajo al por menor que era hasta principios del siglo XX. Quieren acabar con los convenios colectivos y desde luego también con los sindicatos, que desde hace 30 años han basado en ellos su propia razón de existir. Esta es efectivamente una política criminal, terrorista, que enfoca las relaciones laborales al modo en que lo hacían los encargados de obra de las pirámides de Egipto, aunque por el momento sin látigo ni espada, y responde a una voluntad política enunciada y contenida en las "reformas" en materia laboral que está llevando a cabo el Gobierno Rajoy. Lo peor es que no hay respuesta. ¿A qué esperan los afectados? ¿A qué estamos esperando todos?.