Mientras la pandemia devoraba cientos de miles de vidas al día, otra pandemia silenciosa, la de la salud mental, avanzaba sin piedad. La revista científica The Lancet ha publicado el primer estudio que cuantifica el impacto de la COVID-19 en la prevalencia de la depresión y de la ansiedad en la población mundial. Sus conclusiones son devastadoras: se calcula que el contexto epidémico aumentó en 129 millones los casos de estos trastornos en 2020, un crecimiento de un 25%. Es el primer artículo científico que mide el impacto a nivel global, situando a las mujeres y a los jóvenes como los principales afectados; dos tercios de los aumentos en ambos trastornos son femeninos: 35,5 millones de casos adicionales de depresión y 51,8 de ansiedad. “El coronavirus –nos recuerda Sofía Pérez Mendoza y Victòria Oliveres en ElDiario.es del 9 de octubre– ha agravado una situación de base que ya era preocupante, sobre todo por la escasez de recursos para tratar la enfermedad mental. La investigación (bajo el título ‘Global prevalence and burden of depressive and anxiety disorders in 204 countries and territories in 2020 due to the COVID-19 pandemic’ y basada en datos del año pasado) señala que se produjeron 53,2 millones de casos más de depresión severa–lo que supone un incremento de un 27,6%– y 76,2 millones de ansiedad –un 25% más–, y apunta a las mujeres y a los jóvenes como los principales damnificados. Dos tercios de los aumentos, en los dos trastornos, afectan a mujeres: 35,5 millones de casos adicionales de depresión (frente a los 17,7 de hombres) y 51,8 de ansiedad (24,4 en hombres). (…) La investigación hace una comparación con los casos que se habrían dado si no hubiese existido la pandemia y calcula la diferencia. La aproximación sugiere 193 millones de casos de trastorno depresivo severo (2.471 casos por 100.000 habitantes) en todo el mundo sin pandemia en 2020. Condicionado por ella, el análisis revela que hubo hasta 246 millones de casos (3.153 por 100.000 habitantes), un incremento del 28%. Más de 35 millones se dieron en mujeres”.
Con la ansiedad las cifras son aún mayores. Las estimaciones del modelo sugieren que se habrían dado 298 millones de casos de trastornos de ansiedad (3.825 por cada 100.000 habitantes) a nivel mundial, en 2020, sin pandemia. Sin embargo, pudo haber unos 374 millones de casos (4.802 por 100.000) durante 2020, un 26%. Casi 52 millones de los adicionales fueron casos afectados por mujeres. Alize Ferrari, coautora del estudio y líder del grupo de investigación de enfermedades mentales del Queensland Centre for Mental Health Research, subraya que la pandemia “ha exacerbado las desigualdades que existían”. “Los cuidados y las responsabilidades domésticas siguen recayendo en las mujeres que, además, sufrieron violencia de género, incrementadas en varias etapas de la pandemia”, afirma. En cuanto al impacto en los más jóvenes, la investigadora vincula el malestar con el cierre de las escuelas y las restricciones que han limitado la interacción social con iguales de los adolescentes. “Eso, combinado por el incremento del riesgo de desempleo”, añade. La prevalencia adicional se ha dado sobre todo en los jóvenes de entre 20 y 24 años, según el estudio. Sonia Calvo, psicóloga en el Instituto de Psicología Positiva, confirma que nunca había tenido pacientes tan jóvenes en su consulta. “Trabajábamos sobre todo con adultos, pero cada vez vienen más familias muy preocupadas por la salud mental de sus hijos”, cuenta en ElDiario.es. Las organizaciones de infancia insisten en el impacto que la pandemia ha tenido en los niños y adolescentes. El último informe anual de Unicef está centrado en la salud mental y revela que el 58,3 % de los jóvenes entre 15 y 24 años que viven en España se sintieron “a menudo” ansiosos, nerviosos y preocupados y el 36% “a veces”. Más de uno de cada siete adolescentes de 10 a 19 años en todo el mundo tiene un problema de este tipo diagnosticado y durante la pandemia la población infantil del mundo vivió de media seis meses de confinamientos obligatorios, según un análisis realizado por Save the Children. La distribución a lo largo y ancho del mundo tampoco es homogénea. La investigación –con las limitaciones que se exponen más adelante– concluye que las peores cifras en trastornos depresivos y ansiosos se dan en los países con mayores tasas de infección y más restricciones al movimiento de la población. El sur y oeste de Latinoamérica (Ecuador, Perú, Bolivia, Chile y Argentina); Centroamérica y el sur de Estados Unidos; también Egipto o Irán en el este o la República de Sudáfrica han visto crecer la prevalencia de estos trastornos más de un 36% entre su población.
Los científicos insisten en que se trata de una aproximación que “subraya una necesidad urgente de fortalecer los sistemas de salud”. La dimensión de la expansión de los trastornos en época pandémica es aún “desconocida”. En el momento de la elaboración del estudio –entre enero de 2020 y enero de 2021– la pandemia seguía activa. “Todavía hay que esperar para ver las secuelas. Es como si estuviéramos abriendo la puerta de casa después de un terremoto. Tenemos que evaluar cómo queda lo de dentro”, señala Vanessa Fernández, doctora en Psicología en la Universidad Complutense de Madrid, especializada en la intervención del estrés y la ansiedad, que anticipa más diagnósticos en el futuro cercano de trastornos de estrés postraumático. La Organización Mundial de la Salud urge a todos los países a invertir en salud mental. “Es preocupante que, pese a la evidente y creciente necesidad de servicios relacionados con la salud mental –más aún durante la pandemia–, las buenas intenciones no se encuentran con inversión”, remarca Tedros Adhanom Ghebreyesus. Y zanja: “No hay salud sin salud mental”. La investigación estima que la prevalencia de los trastornos de ansiedad y depresivos han crecido en España entre un 28 y un 32%. La infradotación del sistema público en atención a la salud mental era ya un problema acuciante antes de la aparición del coronavirus. La media europea estaba de manera previa a la pandemia en 18 profesionales de salud mental por cada 100.000 habitantes mientras los promedios españoles se sitúan en 2,19 psicólogos clínicos o 1,96 enfermeros especializados, según los datos que maneja la Asociación Española de Neuropsiquiatría (AEN) y la Sociedad Española de Psiquiatría (SEP), que son de 2011. Los picos de depresión, según los especialistas consultados, pueden llegar con “retardo”, cuando los contagios están a la baja, porque la preocupación inicialmente se centró en la enfermedad física. El riesgo por la falta de recursos públicos es que se haga crónica, contó a Efe el presidente de la Sociedad Española de Psiquiatría, Celso Arango. “Faltan especialistas y eso hace que personas que no se pueden permitir la psicología privada recurran al fármaco”, apunta Vanessa Fernández. Según la OMS, solo el 25% de los países han integrado adecuadamente la salud mental en los servicios de Atención Primaria.
Amnistía Internacional recuerda que la Agencia Española del Medicamento ha informado del aumento progresivo del consumo de benzodiacepinas, sedantes e hipnóticos por parte de la población española a lo largo de 2020, llegando a las 91 dosis diarias por cada 1.000 habitantes. “De manera previa a la pandemia, España ya aparecía como el país con mayor consumo de ansiolíticos en un estudio realizado por la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes, que cubre 85 países”, dice la organización. “Esto solo se puede abordar con presupuesto y con recursos. La salud mental debe estar encima de la mesa como una prioridad de la agenda política”, afirma Nel González, presidente de la Confederación Salud Mental España, un conjunto de federaciones y asociaciones que lleva meses advirtiendo del empeoramiento de la salud mental en la población. González lamenta que la Ley de Presupuestos Generales, al menos lo conocido hasta ahora, “no tiene una partida dedicada a salud mental”. “De momento, concluye, hablamos de voluntarismo, pero no de hechos”. El Congreso de los Diputados dio el primer paso para aprobar la primera ley de salud mental, propuesta por Unidas Podemos, y el Ministerio de Sanidad ultimó una nueva estrategia. Esencialmente es la misma ley de hace dos años, pero incorpora a la propuesta los nuevos retos que se han evidenciado con la pandemia. En marzo pasado, el diputado de Más País, Íñigo Errejón, llevó al hemiciclo las carencias del sistema de salud mental: la falta de profesionales y el estigma social. Dos flaquezas que necesitaban ser corregidas con políticas públicas que hasta ahora se articulaban con una Estrategia de Salud Mental que lleva diez años caducada. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, le contestó al diputado que el Ministerio de Sanidad estaba trabajando en un nuevo plan estratégico, el cual vendrá acompañado de 2,5 millones de euros en los Presupuestos Generales para darlo a conocer y luchar, precisamente, contra esa estigmatización. Por otro lado, muchas de las organizaciones profesionales y de pacientes aún no lo han recibido y otras, como la Sociedad Española de Psiquiatría y la Confederación Salud Mental, prefieren no valorarla hasta haberla estudiado en profundidad. La AEN (Asociación Española de Neuropsiquiatría) tiene una serie de propuestas que en su mayoría encajan con el espíritu del proyecto: abordar la salud mental en el marco de “una sociedad más cohesionada”, reforzando la parte comunitaria: formando equipos multidisciplinares y vinculados al territorio y permitiendo la participación de la ciudadanía en el diseño de estos. La propuesta de ley recoge la participación activa de las personas afectadas por problemas de salud mental en la organización de los servicios. Para Mikel Munárriz, presidente de la Asociación Española de Neuropsiquiatría, es importante también y lo que propone es que “personas que han vivido con problemas de salud mental se incorporen como agentes de apoyo mutuo, facilitadores y gestores de grupos de autoayuda”, para poder enriquecer y apoyar “a partir de su experiencia”.
El Centro de Investigación Biomédica en Red de Salud Mental (Cibersam) dependiente del Instituto de Salud Carlos III forma parte del consejo asesor de la Estrategia de Salud Mental. Su director científico, Eduard Vieta, ha leído el borrador y ha quedado impresionado por “su pobreza”. “La parte de investigación es patética”, afirma, sobre los dos artículos que componen el capítulo dedicado a la investigación, así como un apunte en el capítulo dedicado a las personas afectadas por la crisis de la COVID-19. “La ley habla mucho de derechos humanos, lo cual es obvio, pero habla cero de ciencia. Nunca se habla de enfermedad mental sino de problemas mentales”, añade, recalcando también que solo hay una cita a un estudio científico y que ni siquiera está centrado en España. “La parte de la investigación habla de regulación de derechos e ignora todas las oportunidades que podría haber ahí”, dice Vieta. El primer artículo del capítulo dedicado a la investigación y la promoción de la salud mental alude a que hay que actualizar y hacer públicos anualmente “los datos epidemiológicos” pero el director de Cibersam precisa que “meter datos del sistema de salud es gestión, no epidemiología”. “Estoy cien por cien de acuerdo con lo que dice la ley pero es que son cosas que doy por supuesto”, incide. “Sería una oportunidad para que la innovación participe con aquellos que se dedican a tratar, y eso es algo que sí podría estar aquí. Además, me parece llamativo que no se hable de investigación en biociencia, ni fórmulas concretas para una coordinación con las autonomías que solucione los problemas existentes”, añade. Una de sus propuestas sería la de garantizar la defensa del paciente para que tenga derecho a los tratamientos más eficaces, “a pesar de que sean caros, como ocurre en oncología. No sé si es que acaso son cuestiones para una ley de ciencia en lugar de una ley de salud mental, pero este es un papel que ya nace mal. Es un error pasar un borrador que tiene muchos problemas, hay que traer un documento más trabajado. ¿Cómo vas a construir un buen edificio si pones unos cimientos con aluminosis?”, se pregunta Eduard Vieta. En lo que concierne a la formación, el borrador de ley recoge que la formación de los profesionales debe tener un enfoque de derechos humanos, pero la Asociación Española de Neuropsiquiatría propondrá algo más específico: que la formación esté totalmente desligada de la industria farmacéutica. “Esta ola –concluye Mikel Munárriz– no la debemos dejar pasar. Parece que va a haber un impulso de los servicios públicos, de los cuidados de las personas, de la atención a las situaciones de debilidad que ha evidenciado la pandemia, por lo que hay que estar ahí con la salud mental para que no se quede atrás”.
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Pep Roig, desde Mallorca: Paga, pueblo, paga, España, propiedad privada, El sol imposible, Insultos programados, Un poco de cordura, Hagas lo que hagas…
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Durante la pandemia aumentó la depresión y la ansiedad
La depresión es la enfermedad mental más común en España, durante la pandemia ha aumentado
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