1934, insurrección y Golpe de Estado

En Octubre de 1934 España contenía la respiración. El Gobierno presidido por Alejandro Lerroux se enfrentaba entonces a una difícil coyuntura. El Gobierno del Partido Radical contaba con el apoyo de la CEDA. Era un partido que, habiendo conseguido el resultado más exitoso de cuantos participaron en los comicios de 1933, no había sido llamado al Gobierno por Niceto Alcalá-Zamora debido a sus reticencias[1]. La brecha entre los monárquicos autoritarios y los cedistas la expresó claramente el antiguo maurista Antonio Goicoechea[2]. Los primeros perseguían una monarquía autoritaria confesional y la sustitución del Parlamento por una cámara corporativa representativa de los intereses económicos y sociales, mientras que los segundos fluctuaron entre la aceptación legalista de la República y ciertas tendencias corporativistas, siempre supeditado todo a una reforma constitucional que se planteaban a corto-medio plazo[3].

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Había un problema. La visión exclusivista que los republicanos de izquierda tenían de la República como algo suyo y de nadie más negaba todo pluralismo político. La democracia era un medio para el fin, la “revolución republicana”, una suerte de colectivismo jacobino que identificaba república con su política[4]. Todo lo demás no podía tener cabida dentro del sistema político[5]. Manuel Azaña trató de persuadir a Diego Martínez Barrio, jefe del Gobierno interino, tras los resultados de 1933, para impedir la reunión de las nuevas Cortes y anular las elecciones[6]. Su objetivo: crear un régimen constitucional parlamentario como forma adecuada para un sistema que eliminase permanentemente a los grupos no afines[7].

Los Anarquistas no vacilaron en sus propósitos de derribar la República. Desataron tres grandes insurrecciones para implantar por la fuerza el comunismo libertario, encabezadas por la Confederación Nacional del Trabajo, CNT: la del Alto Llobregat en enero de 1932, la de enero de 1933 y la de diciembre del mismo año, en la segunda de las cuales tuvieron lugar los sucesos de Casas Viejas[8]. Los Comunistas contemplaron el advenimiento de la República como un paso más hacia la Revolución y la instauración de la Dictadura del Proletariado. Desarrollaron una estrategia de menoscabo del sistema político vigente por medio de la agitación, la lucha callejera y la insurrección[9].

1934, la Democracia del PSOE

Dividido en tres corrientes, alteró su mecánica una vez que el fiasco de las elecciones de 1933 les expulsó del Gobierno. Marginada la corriente de Besteiro, la diferencia estribaba en que mientras los prietistas esperaban que colaborando con los republicanos de izquierda se crearía el clima adecuado para lanzar la Revolución desde el Poder, los caballeristas no dudaban en lanzarse a la lucha armada en cuanto se presentase la ocasión. Prietismo y caballerismo remaban en la misma dirección[10]. Tanto es así que Juan Negrín se entrevistó con Alcalá-Zamora para pedirle básicamente lo mismo que Azaña había procurado de Martínez Barrio: cancelar los resultados electorales de 1933. Prieto dejó claro que si Gil Robles llegaba al Poder el PSOE desencadenaría la revolución[11].

El Catalanismo como garante de la república española

El advenimiento de la República trajo a las primeras líneas políticas a la Esquerra Republicana de Catalunya, ERC. Imbuida del espíritu jacobino, su dirigente Francesc Macià había proclamado unilateralmente la República Catalana al hundimiento de la monarquía[12]. El radicalismo del nacionalismo catalán condujo a la creación de organizaciones paramilitares tales como los Escamots[13], que llevaron a cabo una política de terrorismo contra sus enemigos ideológicos[14]. Encarnaban un nacionalismo socialista radical y colectivista de marcado acento revolucionario[15].

A la irritación que la lentitud del Gobierno a la hora de transferir las competencias que recogía el Estatuto de Autonomía aprobado en septiembre de 1932[16] se le sumó el conflicto suscitado a raíz de la Ley de Contratos de Cultivo de 21 de marzo de 1934. El Tribunal de Garantías Constitucionales la rechazó al entender que la Generalitat no tenía competencias para legislar sobre la cuestión. Con todo, Lluís Companys, Presidente del Gobierno catalán, la ratificó por su cuenta[17]. Cuando Gil Robles retiró el apoyo al Gobierno central por tratar de contemporizar una salida, la rebelión de la Generalitat estaba lista[18]. Según ellos, constituían el garante de la República española contra sus “enemigos”, ahora en el Gobierno[19].

Preparativos para un revolución

Los socialistas habían dejado claro su apuesta por la Dictadura del Proletariado Soviética^[20]. Las instrucciones enviadas estaban influidas por el texto del fascista italiano Curzio Malaparte Técnica del colpo di Stato^[21], y el programa de la sublevación implicaba “conquistar el poder político para la clase obrera”^[22]. Los republicanos de izquierda declararon romper con las instituciones legales[23]. El PSOE planteó la insurrección como una medida necesaria para evitar lo que había sucedido en Italia y en Alemania, en una analogía clara con la CEDA[24]. Francisco Largo Caballero, el llamado ‘El Lenin Español’, hizo honor a su sobrenombre al declarar que la revolución se “hace violentamente, luchando en la calle con el enemigo”[25]. La entrada de la CEDA en un nuevo gobierno supuso la señal.

La rebelión chapuza

El 4 de octubre la Ejecutiva del PSOE dio la orden. Militantes socialistas se dirigieron hacia el Ministerio de Gobernación con la intención de tomarlo por asalto[26]. La CNT no les apoyó, la esperada colaboración de simpatizantes del Ejército se quedó en una vana ilusión[27], y el apoyo social en una quimera. Los planes socialistas en Madrid preveían la detención del Presidente de la República, Niceto Alcalá-Zamora[28], y no lo habían conseguido. Tampoco lograron imponerse en las quince provincias en las que había estallado la rebelión[29]. Significaba que el levantamiento que debía tener “los caracteres de una guerra civil”[30] estaba condenado al fracaso.

En Barcelona, Lluís Companys proclamó el Estado Catalán dentro de la República Federal Española, con la idea de incitar a los sublevados en Madrid a que se proclamaran gobierno legítimo y se instalase en Barcelona[31]. El despliegue se mantuvo siempre a la espera de lo que sucediese en Madrid, una de las razones del fracaso[32]. No hubo coordinación. La Generalitat esperaba negociar con el nuevo Gobierno Provisional. La CNT se abstuvo de toda participación. Y los sectores claramente independentistas buscaban con el golpe precisamente eso, la independencia[33]. Companys emitió un bando por el que declaraba el Estado de Guerra, hubo enfrentamientos entre los Escamots y el Ejército, se arrestó a dirigentes anarquistas, durante la madrugada las tropas dirigidas por el general Batet ocuparon las Ramblas y, al amanecer del día 7, todo había acabado. Batet negoció con la Generalitat[34].

Manuel Azaña

Companys y su gobierno fueron detenidos. También lo fue Azaña. Este y otros líderes republicanos de izquierda, entre los que se contaba Martínez Barrio, había intentado una y otra vez que Alcalá-Zamora disolviese las Cortes y nombrase un gobierno presidido por ellos. El segundo se dirigió al último para convencerle del establecimiento de un gobierno de salvación nacional por tiempo indeterminado, una Dictadura Republicana. Lo rechazó[35]. Azaña se reunió con Largo Caballero y con Joan Lluhí, Consejero de Justicia del Gobierno de la Generalitat, para acordar un programa que desembocase en la proclamación de un nuevo gobierno provisional. Fracasó. Lo intentó por última vez al involucrarse en la sublevación. ¿Su propósito? Proclamar un nuevo Gobierno Provisional en Barcelona por medio de un golpe de fuerza contra el Gobierno existente[36]. No llegó a un acuerdo con los conspiradores, pero su implicación estuvo clara.

Asturias

Los revolucionarios ocuparon Oviedo y buena parte del Principado de Asturias. Procedieron acorde con las instrucciones dadas: los administradores e ingenieros de la mina fueron asesinados en Turón, treinta guardias civiles fusilados en Sama y treinta y dos religiosos liquidados[37]. En total fueron asesinados casi cincuenta civiles, a lo que hay que sumar los actos de destrucción generalizada[38].

Franco fue enviado para sofocar el levantamiento, ocasionando unas cien ejecuciones de prisioneros[39] y numerosas torturas y maltratos[40]. Largo Caballero fue detenido y encarcelado, así como otros líderes socialistas. Prieto se exilió. La represión llevada a cabo por el Gobierno fue indulgente[41]: de las 15.000 personas detenidas, sólo unos cientos de revolucionarios fueron sometidos a Consejo de Guerra y, de éstos, dos fueron ejecutados. El PSOE no fue ilegalizado, la mayoría de sus afiliados no pisaron la cárcel y algunas sedes continuaron su actividad. Los prisioneros recibieron privilegios en las cárceles, el Estado de Guerra desapareció, los Derechos y Libertades fueron restaurados y los condenados por delitos leves se acogieron a una amnistía.[42]

La izquierda convirtió el legado de Octubre y la amnistía para los condenados por el golpe en un pilar básico de la estrategia de la coalición reunida bajo el paraguas del Frente Popular[43]. Se planteó la contienda electoral como una venganza tras la derrota de la sublevación. La derecha no iba a olvidar cómo sus adversarios se habían negado a aceptar la alternancia parlamentaria y abrazado la lucha armada. El camino hacia la Guerra Civil estaba abonado. Pero nunca fue inevitable.

Autor: Pablo Gea Congosto para revistadehistoria.es

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Bibliografía:

[1] Vidal, C; Paracuellos-Katyn. Un ensayo sobre el genocidio de la izquierda, Madrid, 2005, pp. 100 y ss.

[2] Del Rey, F; La república de los socialistas en Del Rey, F; Palabras como puños. La intransigencia política durante la Segunda República Española, Madrid, 2011, pp. 212-7.

[3] Ibíd;p. 210.

[4] Beevor, A; La guerra civil española, Barcelona, 2006, pp. 43-4.

[5] Ibíd.

[6] Del Rey, F; ibíd.

[7] Thomas, H; La Guerra Civil española, Barcelona, 2010, p. 158.

[8] Preston, P; El Holocausto Español. Odio y exterminio en la guerra civil y después, Barcelona, 2011, p. 129.

[9] Ranzato, G; op.cit; p. 42.

[10] Payne, S.G; op.cit; p. 40.

[11] Ibíd; p. 35.

[12] Thomas, H; op.cit; p. 159.

[13] González Calleja, E; Entre el seny y la rauxa. Los límites democráticos de la Esquerra en Del Rey, F; op.cit; pp. 317-8.

[14] Ibíd. pp. 320-3.

[15] Preston, P; op.cit; ibíd.

[16] Ranzato, G; op.cit; pp. 51-2.

[17] Ibíd; pp. 53-62

[18] Ibíd; pp. 40-1.

[19] Payne, S.G; op.cit; p. 40.

[20] Ibíd.

[21] Ranzato, G; op.cit; p. 50.

[22] Del Rey, F; op.cit; p. 218.

[23] Payne, S.G; op.cit; p. 41-4.

[24] Álvarez Tardío, M y Villa García, R; 1936. Fraude y violencia en las elecciones del Frente Popular, Barcelona, 2017, pp. 69-74.

[25] Véase Alcalá-Zamora, N; Asalto a la República. Enero-Abril de 1936. Los diarios robados del Presidente de la Segunda República, Madrid, 2011.

[26] Cit. en González Cuevas, P.C; El sable y la flor de lis. Los monárquicos contra la República en Del Rey, F: Palabras como puños. La intransigencia política durante la Segunda República Española, Madrid, 2011, pp. 447-8.

[27] Payne, S.G; El Fascismo, Madrid, 2014, pp. 180 y ss.

[28] Esparza, J.J; El terror rojo en España. Epílogo: el terror blanco, Barcelona, 2007, p. 47.

[29] Álvarez Tardío, M; La democracia de los radical-socialistas en Del Rey, F; op.cit; pp. 229-87.

[30] Ranzato, G; El Gran Miedo de 1936. Cómo España se precipitó en la Guerra Civil, Madrid, 2014, pp. 44 y ss.

[31] Payne, S.G; El camino al 18 de Julio. La erosión de la democracia en España (diciembre de 1935-julio de 1936), Barcelona, 2016, pp. 22-3.

[32] Álvarez Chillida, G; Negras tormentas sobre la República. La intransigencia libertaria en Del Rey, F; op.cit; pp. 45-110.

[33] García, H; De los Soviets a las Cortes. Los comunistas ante la República en Del Rey, F; op.cit; pp. 111-57.

[34] Álvarez Tardío, M y Villa García, R; 1936. Fraude y violencia en las elecciones del Frente Popular, Barcelona, 2017, p. 55.

[35] Del Rey, F; La república de los socialistas en Del Rey, F; op.cit; pp. 208-9.

[36] González Calleja, E; Entre el seny y la rauxa. Los límites democráticos de la Esquerra en Del Rey, F; op.cit; pp.288-91.

[37] Ibíd; pp. 297-300.

[38] Thomas, H; La Guerra Civil española, Barcelona, 2010, p. 155.

[39] González Calleja, E; op.cit; pp.306-7.

[40] Beevor, A; La guerra civil española, Barcelona, 2006, pp. 39 y 44.

[41] Thomas, H; op.cit; pp. 155 y ss.

[42] González Calleja, E; op.cit; pp. 315-6.

[43] Ibíd; pp. 307 y ss.

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