Este año conmemoramos el Día Internacional de la Educación Social en un contexto de pandemia, y de crisis sanitaria, económica y social, global. Si algo nos caracteriza a las Educadoras y los Educadores Sociales es la capacidad que hemos adquirido para trabajar en situaciones de crisis, hemos ido creciendo ante la adversidad, enfrentando momentos y situaciones políticas, económicas y sociales que han dificultado, y dificultan, el desarrollo de nuestra profesión.
Una profesión esencial, es decir, necesaria para trabajar con las personas y con los colectivos, donde hemos aportado, y aportamos en estos momentos, nuestra presencia y acompañamiento profesional a las personas que se encuentran en los recursos residenciales o en su entorno, y en los momentos más críticos hemos estado y estamos presentes, sin la visibilidad y el reconocimiento que merecíamos tanto en los medios de comunicación como en las agendas políticas.
Seguimos, igual que otros colectivos profesionales, en una situación de precariedad, ante la que tenemos que trabajar conjuntamente para la regulación de las profesiones de la intervención social, regulación que facilitará el acceso a los derechos fundamentales de la ciudadanía, y garantizará un trabajo de calidad y profesionalidad. Necesitamos y solicitamos el apoyo de las entidades que forman parte de las mesas de negociación colectiva, organizaciones sindicales y empresariales, y de las Administraciones públicas.
Necesitamos el respaldo y el compromiso de las universidades en el desarrollo de esta profesión. Los estudios que la acreditan académicamente llevan casi treinta años implantados en las Facultades de Educación de todo el Estado, por lo que urge la revisión de los planes de estudio y la adecuación a las competencias que requiere su praxis, entendiendo que el trabajo con personas exige una formación actualizada y de calidad ante la complejidad de las situaciones que genera la sociedad y con las que trabajamos diariamente. Por todo ello solicitamos el cumplimiento efectivo de la Ley de Colegios Profesionales en cuanto a la participación del CGCEES en el desarrollo de los planes de Estudio de la Educación Social.
Esperamos el apoyo político que hemos solicitado a los grupos parlamentarios en el Congreso de las Diputadas y de los Diputados. El futuro de la profesión y de las políticas sociales, educativas y sanitarias depende de sus decisiones legislativas, entre ellas la incorporación de nuestra figura profesional en la LOMLOE, en la Ley de Protección a la Infancia y a la Adolescencia frente a la Violencia, en las Leyes de servicios sociales, en la Ley de Mediación y en la modificación del reglamento penitenciario.
Es el momento de impulsar y aprobar una Ley que regule el ejercicio del derecho a la Educación Social, como solución definitiva a las reformas parciales, y que sitúe la profesión en el lugar que le corresponde.
Solicitamos a las personas que ostentan responsabilidades políticas, en todos los ámbitos, que usen su capacidad de mediación y diálogo para afrontar la situación que vive la ciudadanía. Se requiere una reflexión de los modelos existentes, en la que el objetivo prioritario sea la cohesión social y el acceso a los derechos fundamentales, y para eso, las Educadoras y los Educadores Sociales seguimos dispuestas/os a trabajar y colaborar, como siempre hemos hecho.
POR UNA SOCIEDAD IGUALITARIA
LA EDUCACIÓN SOCIAL IMPRESCINDIBLE Y REGULADA
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