35 familias asturianas reclaman a Cuba las propiedades expropiadas por Fidel Castro

El valor de los bienes confiscados entre 1959 y 1962 a emigrantes del Principado asciende a 90 millones de euros

Mansiones, fincas de miles de hectáreas hoy convertidas en ingenios, solares, edificios… Treinta y cinco familias asturianas quieren lo que Fidel Castro les expropió cuando, hace 55 años, entró en La Habana, y están dispuestas a ceder un trozo del suculento pastel a una empresa catalana para lograrlo.

Eso es lo que se ha propuesto el empresario Jordi Cabarrocas, que trabaja para recuperar las propiedades confiscadas por la revolución cubana a 3.000 familias acomodadas de la isla entre 1959 y 1962, de las que «el 90%» eran españolas. «Y la mayor parte de ellas, asturianas y gallegas», según confirman fuentes de ‘1898 Compañía de Recuperaciones Patrimoniales de Cuba’.

Ese es el nombre de la empresa liderada por Cabarrocas, que lleva cuatro años embarcado en esta aventura que ya ha dado sus primeros frutos: cien de esas familias que regresaron a España con lo puesto y un puñado de órdenes religiosas como los Escolapios -solo ellos lo han autorizado a revelarlo- han suscrito un contrato con la sociedad que preside este ingeniero lanzado a un reto que le «apasiona».

Según ese contrato que también han firmado 35 familias asturianas (la mayoría, compuestas por hijos y nietos de los afectados), los titulares ceden a la sociedad sus derechos en caso de que se produjese una negociación con el Gobierno cubano, además de estar dispuestos a entregar el 30% del valor de las propiedades de ultramar que, al final, lleguen a recuperarse.

No tienen nada que perder y sí mucho que ganar, porque, hasta ese momento, explica en conversación telefónica con EL COMERCIO Cabarrocas, la empresa corre con todos los gastos y asume todos los riesgos. Y, para conseguirlo, el catalán se ha rodeado de «70 socios, individuos y empresas que han apostado por el proyecto y que también esperan recuperar parte de su inversión. Pero vamos a acabar siendo unos 200», pronostica.

El premio no es pequeño. Los abogados y peritos que trabajan para la compañía, con sedes en Barcelona, Madrid y Miami, estiman que el valor del patrimonio reclamado por los afectados que ya han dado el paso adelante rondaría los 1.200 millones de dólares (930 millones de euros) entre terrenos, residencias, locales y otros inmuebles. Hasta un total de 800 unidades registrales, todas ellas convenientemente documentadas.

De Llanes a Luarca

Solo el valor de lo que reclaman las 35 familias asturianas asciende a 115 millones de dólares (90 millones de euros), pero es que hay muchas más que aún no se han decidido pero se lo piensan: «Alrededor de un centenar de descendientes de los afectados que actualmente residen en Asturias nos han llamado para interesarse por el proyecto, así que estamos un poco desbordados», reconocen.

Sobre su distribución geográfica, desde ‘1898 Compañía de Recuperaciones Patrimoniales de Cuba’ precisan que «están repartidas por todo el territorio del Principado, fundamentalmente por Gijón, Oviedo y Avilés, aunque también hay una de Nueva de Llanes, otra en Trevías, dos más en Piedras Blancas o tres en Luarca».

Así que ahora Cabarrocas busca «interlocutores en Cuba» para intentar una solución negociada con La Habana: «Somos conscientes de que, con este Gobierno, no tenemos ninguna posibilidad, pero la sensación general es que estamos ante un cambio de ciclo y, cuando ese cambio se produzca, ahí estaremos nosotros, preparados y con todas las reclamaciones unificadas. Lo que estamos haciendo es anticiparnos a la situación, a poder hablar con el Gobierno cubano de mañana y a una Cuba con propiedad privada».

No les sirve el pacto de indemnización suscrito por España y La Habana en 1986, bajo la presidencia de Felipe González, «una jugarreta muy poco elegante» y, para estudiar sus posibilidades de llegar a un acuerdo «desde un punto de vista legal y técnico», han encargado informes a la Universidad de Creighton (EE UU) y a la Cátedra de Derecho Internacional de la Universidad de Barcelona. Defienden, además, que varios fallos del Supremo avalan la legalidad de sus demandas.

Asegura este empresario que pelea en nombre de personas «que se tuvieron que marchar de Cuba de cualquier manera» y, en muchas ocasiones, esperando que aquello fuese transitorio y poder volver, por lo que no tomaron ninguna decisión en aquel momento. Pero aquellos bienes multimillonarios se esfumaron para siempre. O no. «Nosotros no queremos hacer política. Lo que queremos es hacer justicia».

Fuente: El Comercio