1.- LA CUESTIÓN
DINÁSTICA Y LA GUERRA CARLISTA
1.1.- La cuestión dinástica
El final del reinado se vio marcado por la cuestión sucesoria. Fernando no tenía descendencia pese a sus tres matrimonios previos, así que en 1829 se casó con su sobrina María Cristina de Borbón, que a los pocos meses queda embarazada planteando el problema sucesorio. Los absolutistas moderados aliados con los liberales y sectores de la aristocracia partidaria de las reformas políticas y económicas apoyaron a la nueva reina, en quien veían la única posibilidad de cambio. Por otro lado los absolutistas intransigentes se alineaban con don Carlos.
Fernando VII promulgaba el 29 de marzo de 1830 la Pragmática Sanción que eliminaba la Ley Sálica y restablecía la línea sucesoria de las Partidas. Significaba poner en vigor una decisión aprobada por las Cortes de 1789, lo que, si bien era legal desde el punto de vista jurídico, no dejaba de ser una medida polémica. Protestada por los carlistas como un atentado contra los derechos de infante don Carlos, se convirtió en un conflicto de primera magnitud cuando en octubre nace la infanta Isabel, convertida en heredera. En septiembre de 1832 se van a producir los sucesos de la Granja, cuando sucesivas intrigas palaciegas, ante el lecho del Rey agonizante, consiguen que Fernando firme la supresión de la Pragmática. Pero, sorprendentemente el Rey se restablece y vuelve a ponerla en vigor. Inmediatamente destituye a los principales ministros carlistas, defenestrando a Calomarde y sustituyéndole por Cea Bermúdez, al tiempo que la reina María Cristina es autorizada a presidir el Consejo de Ministros.
Rápidamente de decreta la reapertura de la Universidades, cerradas desde 1830 por Calomarde, y se decreta una amnistía general, que libera a los presos políticos y permite la vuelta de los exiliados. Los capitanes generales más intransigentes fueron sustituidos por mandos fieles a Fernando VII y en abril Carlos abandona la Corte y se traslada a Portugal.
El 29 de septiembre de 1833 moría el rey Fernando VII, apenas dos días después, el 1 de octubre, don Carlos publicaba el Manifiesto de Abrantes reclamando para sí el trono como legítimo heredero. A partir del día 3 diversas autoridades locales le reconocen como su legítimo soberano, como Talavera de la Reina, Bilbao o la diputación de Álava.
1.2.- Los carlistas
El carlismo tuvo un fuerte componente ideológico y de clase estando formado por los absolutistas más intransigentes, herederos de los firmantes del manifiesto de los realistas puros de 1826. Eran partidarios del legitimismo, la alianza entre el trono y el rey y la vuelta al gobierno clásico del Antiguo Régimen. Su lema sería “Dios, Patria y Rey”
Socialmente el carlismo estaba apoyado por parte de la nobleza y miembros ultraconservadores de la administración y el Ejército. Además del bajo clero, especialmente el clero regular, parte del campesinado e importantes sectores del artesanado.
Desde el punto de vista territorial sus principales apoyos estaban en el ámbito rural, la zona Norte, en el País Vasco, Navarra, Cataluña y el Maestrazgo
3.- LAS GUERRAS CARLISTAS
3.1.- La primera guerra carlista (1833-1840)
En ella el bando cristino o isabelino, agrupado en torno a la regente María Cristina y su hija Isabel II, tenía el respaldo de los sectores moderados y reformistas del absolutismo y de los liberales.
Eran la mayor parte de los generales, del Ejército, la administración y altas jerarquías de la Iglesia. También la burguesía de negocios, los intelectuales y profesionales, las clases medias urbanas, obreros industriales y una parte del campesinado.
Geográficamente era la mitad sur de España y las ciudades. Además, contaron con el apoyo internacional, militar y diplomático, de la cuádruple alianza (Portugal, Inglaterra y Francia) Los inicios de la guerra fueron favorables a los carlistas, sobre todo en el norte, donde el general Zumalacárregui derrotaba a las tropas gubernamentales y ponía sitio a Bilbao, donde moría en 1835.
En 1836 el general isabelino Espartero derrotaba a los carlistas en la batalla de Luchana y levantaba el segundo sitio de Bilbao.
Los carlistas intentaron varias expediciones al sur, el general Gómez en 1836 y la expedición Real en 1837 que intentó, sin éxito, tomar Madrid.
Finalmente, el general carlista Maroto firmará el convenio de Vergara, en 1839, con el isabelino Espartero. A cambio de entregar las armas y reconocer a Isabel como reina los carlistas no sufrirían represalias e incluso continuar en el Ejército.
La guerra terminó en 1840 cuando Espartero derroto al general carlista Cabrera en el Maestrazgo.
2.- LAS REGENCIAS (1833-1840)
2.1.- La Regencia de María Cristina: 1833-1840 La Regencia de María Cristina se inicia en octubre de 1833 tras la muerte de Fernando VII. Se continúa con el mismo presidente del Gobierno, el absolutista moderado Cea Bermúdez, este publicó un manifiesto en la que indicaba que las únicas reformas políticas a las que estaba dispuesto a emprender eran las administrativas y manifestaba su intención de defender el régimen frente a toda innovación religiosa o política e insistía en mantener las leyes fundamentales de la Monarquía. Con un país en guerra este proyecto era claramente inviable, fue entonces cuando los capitanes generales de Cataluña, Llauder, y de Castilla, Quesada, enviaron sendos manifiestos a la reina gobernadora aconsejando la destitución de Cea, además otros consejeros como el marqués de Miraflores la recomendaron buscar un Gobierno más aperturista. En enero de 1834 María Cristina sustituyó a Cea por Martínez de la Rosa, liberal doceañista que ya había presidido un gobierno moderado durante el Trienio Liberal. Desde 1834 el régimen inicia una tímida apertura política, pero tanto la reina gobernadora como sus ministros Martínez de la Rosa y el conde de Toreno, fueron reacios a acometer las drásticas reformas necesarias para sanear la Hacienda, relanzar la actividad económica, democratizar el sistema y ganar la guerra. El cambio más importante fue la aprobación en abril de 1834 del estatuto Real, se trataba de una cara otorgada que seguía el modelo impuesto por Luís XVIII en Francia en 1817. Era una concesión de la Corona, constaba de 50 artículos y era obra fundamentalmente de Martínez de la Rosa. Se excluía cualquier mención a la Soberanía Nacional, se establecían unas Cortes bicamerales, con un Estamento de Próceres y un Estamento de Procuradores. El primero lo componían representantes de la nobleza, clero y miembros ricos de las clases burguesas, se exigía un nivel de renta y los puestos eran de designación real y vitalicios. La segunda cámara era electiva mediante sufragio censitario indirecto, sólo pudiendo ser elegidos aquellos que tuviesen una renta de 12.000 reales anuales. La convocatoria correspondía exclusivamente a la Corona, sólo podían discutir lo que se les consultara y podían ser disueltas a voluntad del Rey. Este sistema político apenas permitía la participación de los grandes propietarios, se calcula que apenas 16.000 españoles reunían las condiciones exigidas para votar.
Aún así los miembros de las Cortes fueron más liberales que los ministros y el mismo liberalismo fue evolucionando en dos tendencias, los moderados y los progresistas. Los Gobiernos de Martínez de la Rosa y el conde de Toreno se ciñeron al Estatuto Real, evitaron los cambios en el sistema fiscal, lo que dejó al ejército sin recursos para la guerra, y sostuvieron la censura de prensa. En las grandes ciudades la tensión fue en aumento. EL regreso de los liberales exiliados, la proliferación de periódicos, clubes de debate, tertulias de café, y en definitiva, la formación de una opinión pública, fueron caldeando el ambiente. En el verano de 1834 el cólera se propagó por varias ciudades, tras difundirse el rumor de que los frailes habían envenenado las aguas, se produjeron varios asesinatos y quema de conventos. Los disturbios de verano de 1835, con el asesinato del general Bassa, nuevas quemas de conventos y el incendio de la fábrica Bonaplata en Barcelona, llevaron a la formación de Juntas Revolucionarias en varias ciudades. La Regente se vio obligada a aceptar la dimisión de Toreno y a nombrar a Mendizábal jefe de Gobierno en septiembre. Con la llegada de Mendizábal, un financiero progresista de prestigio y que contaba con el apoyo de sectores influyentes en las Bolsas europeas, se inició verdaderamente la revolución liberal. En los pocos meses que estuvo al frente del Gobierno emprendió reformas fundamentales para lo cual asumió personalmente las carteras de Estado, Guerra, Marina y Hacienda. Su programa incluía la reforma de la Ley Electoral de 1834 para ampliar el derecho al voto y establecer la elección directa, el restablecimiento de la libertad de imprenta, la resolución del problema del clero regular, la reforma a fondo de la Hacienda y la recuperación del crédito público para ganar la guerra. Mendizábal estableció un reclutamiento forzoso que permitió alistar 47.000 hombres y ampliar la rebautizada Guardia Nacional. Para conseguir fondos recurrió a los empréstitos extranjeros y a los impuestos extraordinarios, restableció la Ley de supresión de conventos de 1820, ampliando incluso sus efectos mediante un decreto de marzo de 1836. Su principal medida fue sin duda la desamortización, mediante decreto de febrero de 1836, base para el posterior arreglo de la Deuda y para la reforma fiscal. Mendizábal quiso gobernar con el apoyo de las Cortes, pero poco a poco se fue distanciando de las cámaras, en enero de 1836 tras rechazar estas su proyecto de reforma de Ley Electoral, que ampliaba el derecho de voto hasta 65.000 electores, consiguió que la Regente disolviera las Cortes y convocara nuevas elecciones. Pese a tener una mayoría progresista María Cristina se negó a aceptar los cambios de mandos militares propuestos por Mendizábal, quien se vio obligado a dimitir. Se nombró a Isturiz como nuevo jefe de Gobierno, al rechazar las Cortes el nombramiento fueron nuevamente disueltas, esto provocó protestas que se extendieron a varias ciudades: en julio algunas guarniciones de la Milicia Nacional se amotinaron (Málaga, Granada, Sevilla, Córdoba), mientras en Zaragoza en general Evaristo San Miguel se sublevaba. El 12 de agosto la guarnición de la Guardia Real de La Granja se pronunció a favor de la Constitución de 1812 obligando a la Regente ese mismo día a su nueva puesta en vigor.
Tras el motín de los sargentos de La Granja formo Gobierno un progresista, José María Calatrava, teniendo como ministro de Hacienda a Mendizábal y se convocaron nuevas elecciones según el modelo unicameral de Cádiz. El Gobierno progresista emprendió un amplio programa de reformas con tres objetivos básicos: la instauración de un régimen liberal, el impulso de la acción militar para ganar la guerra y la elaboración de una nueva constitución. Se restableció la legislación de Cádiz y el Trienio, se reforzaron las competencias de las autoridades provinciales, se entregó el mando del Ejército a Espartero y se tomaban severas medidas para acabar con los apoyos del carlismo en retaguardia, sobre todo por parte del clero. Además era evidente que ni la Constitución de 1812 ni el Estatuto Real servían como marco político por lo que las Cortes aprobaron una nueva Constitución en junio de 1837. La Constitución de 1837 era de orientación progresista. Reconocía la Soberanía Nacional, realizaba una pormenorizada declaración de derechos individuales, reforzaba el poder del ejecutivo, otorgaba el poder legislativo de manera conjunta a las Cortes y la Corona, además este tenía el derecho de convocar, suspender o disolver las Cortes y tenía derecho de veto. Se establecieron dos cámaras, Congreso, elegido mediante sufragio censitario, y el Senado, elegidos por el Rey mediante ternas propuestas por los electores. El Rey nombraría a sus ministros, pero estos podrían ser objeto de censura por las Cortes. En las elecciones de octubre de 1837 ganaron los moderados, esto fue posible por el sitio de Madrid y el escándalo que se produjo al conocer las negociaciones secretas llevadas a cabo por el Gobierno durante el mismo. En los tres años siguiente se sucedieron Gobiernos moderados que fueron ganando las sucesivas elecciones a Cortes, pero a nivel municipal vencían los progresistas, al restablecerse la antigua Ley de Municipios que permitía el voto de los vecinos. La vida política transcurrió con enfrentamientos entre las dos tendencias liberales hasta el final de la guerra en 1840. Con el final de la guerra desapareció la última razón de consenso entre ambos partidos. El Gobierno moderado intentó modificar la Ley de Municipios y establecer un sufragio restringido, al ser aprobada la ley los progresistas promovieron una ola de protestas en verano de 1840 y pidieron la intervención de Espartero, héroe popular. María Cristina viajó a Barcelona para intentar convencer al general pero este rehusó. Al firmar la Regente el decreto la Milicia Nacional y el Ayuntamiento de Madrid se sublevaron el 1 de septiembre. Como resultado de ello María Cristina presentó su renuncia como regente el 12 de octubre de 1840 y marchó al exilio. 2.2.- La Regencia de Espartero: 1840-1843 La renuncia de María Cristina creó un problema constitucional, finalmente Espartero asumió una regencia unipersonal en mayo de 1841 hasta su fracaso y caída en 1843. Una de las razones estuvo en la división de su partido, el progresista, entre los más radicales, partidarios de profundizar en las reformas, y el resto del mismo, más partidario de consolidar el sistema liberal. Una segunda causa fue el fracaso de su política económica, amplió la desamortización pero beneficiando a los propietarios, lo que le alejó del apoyo popular, e intentó llevar al país hacia el libre comercio, con lo que se enfrentó a los industriales textiles y a los trabajadores. El personalismo de Espartero y su talante militarista fueron otros factores de su fracaso. En 1841 sofocó violentamente un intento de pronunciamiento moderado, ejecutando a los generales Montes de Oca y Diego de León y recortando los privilegios forales vascos por la colaboración de dichas provincias en la intentona. En 1842 el temor a un acuerdo de libre comercio con Inglaterra que pudiera hundir la industria textil catalana produjo disturbios y manifestaciones en Barcelona. EL 13 de noviembre la Milicia tomó la ciudad y se enfrentó a las tropas del capitán general van Halen. El propio Espartero ordenó el 3 de diciembre el inicio del bombardeo sobre la ciudad, tras 1000 disparos de cañón y 400 edificios destruidos se rendía la ciudad. La dura represión que siguió empujó a todos los sectores sociales de Cataluña a la oposición al regente. En 1843 tras unas nuevas elecciones, que dejaron a Espartero sin apoyos, se formó una auténtica coalición antiesparterista. Este encargó formar Gobierno al progresista Joaquín María López, pero el programa de éste limitando los poderes del regente y el rechazo de Espartero le llevaron a dimitir. La insurrección se generalizó en verano de 1843, los progresistas se sublevaron ante la tiranía del general y triunfó gracias al apoyo de los moderados, el ejército dirigido por Narváez se pasó a los insurrectos y el 12 de agosto Espartero partía al exilio en Londres. Ante la falta de alternativas, los diputados y senadores votaron el adelantamiento de la mayoría de edad de Isabel II que fue proclamada reina en noviembre de 1843, cuando todavía ni había cumplido los 13 años de edad. Los moderados, regresados del exilio, tomaron posiciones en la corte y Narváez se convertía en el hombre fuerte del momento. Una nueva insurrección en Barcelona era duramente reprimida por un entonces joven general Prim. Tras la dimisión de López en noviembre le sucedió el progresista Salustiano Olózaga, que fue desalojado del poder gracias a un verdadero golpe palaciego de los moderados, terminando así el gobierno progresista. Desde diciembre de 1843 el nuevo jefe de Gobierno, González Bravo, emprendió una política claramente regresiva. Ordenó la disolución de las Milicias, aumentó el tamaño del ejército hasta los 100.000 hombres y restableció la Ley Municipal de 1840. Se dieron órdenes de detención contra los principales líderes progresistas y se cerraron sus clubes y periódicos. Además el Ejército aplastó dos sublevaciones militares en Cartagena y Alicante, con el resultado de más de 200 fusilamientos. El 1 de mayo de 1844 la Reina nombró presidente de Gobierno al general Narváez, líder ya indiscutible del partido moderado.
3.- EL REINADO EFECTIVO
3.1.- La década moderada 1844-1854
Con el Gobierno del general Narváez se inicia la década moderada, presidida por la figura de Narváez, hombre fuerte del partido, y en menor medida por Luís Bravo Murillo. Narváez controló la vida política tanto como jefe de Gobierno como cuando dejó de presidir el gabinete. Buen organizador fue el artífice de la Constitución de 1845 y algunas de las principales reformas legales, controló al Ejército y reprimió con extremada dureza a los movimientos populares.
Los primeros meses del gobierno de Narváez presentan una continuidad con la línea política llevada por González Bravo. Se convocaron elecciones para elegir unas Cortes constituyentes que aprobaron en 1845 una constitución moderada, que en teoría era una reforma de la de 1837. Los principios básicos de la nueva Constitución eran los siguientes: una Soberanía compartida entre el Rey y la Cortes, una declaración de derechos muy teórica, la exclusividad de la religión católica, la eliminación de los límites de los poderes del Rey, un Senado de miembros vitalicios nombrados por la Corona, ayuntamiento y diputaciones sometidos a la Administración al ser designados, poder de la Corona para disolver el Congreso y supresión de la Milicia Nacional.
Además se produjo una importante obra legislativa y reforma del Estado. En 1846 se aprobaba una Ley Electoral mediante sufragio censitario que limitaba el voto a 99.000 personas sobre una población de unos 12 millones (en 1837 votaban 635.000 personas). Desde 1844 se suspendieron las ventas de bienes desamortizados y se devolvieron a la Iglesia los no vendidos. Se aprobó una Ley de Imprenta que restringió la libertad de publicar y se restableció la censura. Ese mismo año se creó la Guardia Civil con el objetivo de asegurar el orden y la propiedad sobre todo en el ámbito rural. Contaba con 6.000 efectivos y se caracterizaba por la disciplina militar, las Casas Cuartel y su actuación por parejas. En 1851 se aprobaba un nuevo Código Penal y se sentaban las bases del futuro Código civil. Siguiendo el modelo francés y la reforma provincial de Burgos de 1833 se fortaleció el poder de Gobernadores civiles y militares. Finalmente en 1845 se reformaba la Hacienda eliminando el viejo sistema fiscal y refundiendo los numerosos impuestos existentes en cuatro tributos esenciales.
En 1851 se firmaba el Concordato con la Santa Sede siendo jefe de Gobierno Bravo Murillo. Se normalizaban las relaciones entre el Estado y la Iglesia Católica. Roma aceptaba la venta de los bienes desamortizados y la legitimidad de la monarquía isabelina. A cambio, el Estado restituía a la Iglesia el resto de sus bienes, establecía un presupuesto de culto y clero y reservaba a los religiosos la supervisión de la educación y la vigilancia y censura en materia doctrinal. Regulaba la jurisdicción eclesiástica y la intervención del Estado en los nombramientos de la jerarquía.
Durante los primeros años un grave problema fue el matrimonio de la reina, finalmente unida a su primo Francisco de Asís. Otro conflicto serio fue la Segunda Guerra Carlista, iniciada en 1846 al fracasar el enlace entre el pretendiente carlista y su prima Isabel. En 1848 al igual que en toda Europa se produjeron sublevaciones, Narváez obtuvo plenos poderes de las Cortes, suspendió las garantías constitucionales y emprendió una durísima represión en las calles.
La crisis del partido moderado se produjo a partir del intento del jefe de Gobierno Bravo Murillo (1851-1852) de reformar la Constitución. Presentó un proyecto de reforma que prácticamente significaba la eliminación de la vida parlamentaria y casi una vuelta al absolutismo. Tres semanas después de presentar su proyecto, en diciembre de 1852, tuvo que dimitir sucediéndose varios Gobiernos a cual más ineficaz. A finales de 1853 era jefe de Gobierno Sartorius que había disuelto las Cortes y gobernaba de forma dictatorial.
3.2.- El Bienio Progresista (1854-1856)
Este periodo comenzó con la revolución de 1854. El inicial pronunciamiento de general Leopoldo O´Donnell fracasó tras un enfrentamiento con las tropas del Gobierno en Vicalvaro, la Vicalvarada. Pero los pronunciados publicaron el Manifiesto de Manzanares, redactado por Antonio Cánovas del Castillo. Prometía un estricto cumplimiento de la Constitución, cambios en la Ley Electoral y de Imprenta, reducción de los impuestos y la restauración de la Milicia Nacional. Apoyado por los también generales Serrano, Dulce y San Miguel y por la población el golpe triunfó e Isabel II encargó el 26 de julio formar Gobierno al viejo general Espartero con O´Donnell como ministro de la Guerra.
Como primeras medidas los militares golpistas se auto ascendieron, se recuperó la Ley de Milicias de 1822, la Ley municipal de 1823 y se convocaron Cortes Constituyentes. En estas elecciones apareció una nueva fuerza política la Unión Liberal. Era un partido con vocación de centro, estando integrado por los más moderados de los progresistas y los más progresistas de los moderados como Joaquín María López, Posada Herrera, Cánovas o el mismo O´Donnell.
La coalición de unionistas y progresistas pasó a dominar abrumadoramente las cámaras. Demócratas y republicanos formaban la oposición con Castelar o Pi i Margall como figuras destacadas. Además de la constitución que debía sustituir a la de 1845 y que nunca entró en vigor sus principales reformas fueron la Desamortización de Madoz de 1855, la Ley de Ferrocarriles y la de Sociedades Bancarias y Crediticias de 1856.
La Constitución de 1856 era la imagen del pensamiento progresista. Soberanía nacional, una detallada y precisa declaración de derechos individuales, libertad de imprenta y religiosa, limitación de los poderes de la Corona y del Gobierno, los ayuntamientos y diputaciones pasaban a ser electivos, se restablecía la Milicia Nacional, el Senado sería electivo y se ampliaba el derecho de voto a 700.000 personas mediante sufragio censitario.
La Ley de Desamortización General se promulgó el 1 de mayo de 1855 siendo ministro de Hacienda Pascual Madoz. Se trataba de completar la de Mendizábal de 1836 mediante la subasta pública de toda clase de propiedades rústicas y urbanas pertenecientes al Estado, la Iglesia y los propios y baldíos de los municipios. Parte de los ingresos se destinaron a poner en marcha la Ley de Ferrocarriles de 1855. Se pasó así de 200 km de vías en 1853 a más de 5.000 en 1866 y se amasaron grandes fortunas especulando en Bolsa con las acciones de las empresas ferroviarias. La Ley de Sociedades Bancarias y Crediticias de 1856 permitió el surgimiento de un mercado financiero moderno.
Una de las claves del fracaso del Bienio fue el permanente clima de inestabilidad social. En 1854 se produjo una epidemia de cólera, se vivió un alza del precio del trigo como consecuencia de la guerra de Crimea, las malas cosechas, las tensiones entre patronos y obreros y sobre todo por el incumplimiento del Gobierno de las promesas hechas al principio del periodo. En Barcelona se produjo una huelga general en verano de 1855 tras la ejecución del líder obrero José Barceló. En octubre el Gobierno aprobó una Ley de Trabajo que reducía el trabajo infantil a “sólo” 12 horas, se permitían asociaciones obreras que no superasen los 500 miembros y se establecían jurados integrados sólo por patronos.
En los primeros meses de 1856 se sucedieron violentos motines en el campo castellano y las principales ciudades. El Gobierno perdió el apoyo de las Cortes y en julio la reina aceptó la dimisión de Espartero encargando formar Gobierno a O`Donnell. La protesta de las Milicias fue duramente reprimida por Serrano que llegó a bombardear el recién construido Congreso de los diputados.
3.3.- El Gobierno de la Unión Liberal 1856-1868
La Unión liberal será el partido que dominará la vida política durante este periodo, incluía a militares como O`Donnell o Serrano ya miembros de los viejos partidos como Alonso Martínez, Ríos Rosas o Cánovas. Mientras se mantuvo la etapa de cierta prosperidad, hasta 1863, la Unión Liberal consiguió ejercer el poder sin graves problemas, desde ese año una crisis económica llevó a los Gobiernos a una actitud cada vez más intransigente.
Tras un breve periodo de Gobierno de O`Donnell en octubre Isabel II encargó la formación de un nuevo gabinete al general Narváez. Éste suspendió la desamortización, anuló todas las disposiciones de libertad de imprenta y cuantas se opusieran al Concordato y restableció el impuesto de consumos. 1856 y 1857 fueron años de malas cosechas y las protestas fueron duramente reprimidas. En materia legal, desarrolló una importante legislación financiera, se multiplicó la moneda en circulación y se continuó la política de obras públicas y construcciones ferroviarias. En 1857 se hizo el primer censo demográfico de población y se aprobaba la Ley de Instrucción Público, conocida como Ley Moyano.
En julio de 1858 la reina llamó al Gobierno a O´Donnell que comenzó su “gobierno largo” más abierto que Narváez era igual de autoritario. Otra figura destacada fue Posada Herrera “El gran Elector” que desde el ministerio de la Gobernación aseguraba la mayoría a su partido en las Cortes. Hasta 1863 hubo una estabilidad política, fue una etapa dorada para la especulación y la construcción ferroviaria, de la aparición y crecimiento de las sociedades de crédito y de los bancos, de una nueva expansión de la industria textil catalana y del surgimiento de los primeros altos hornos en Vizcaya y Asturias.
Sólo hubo dos problemas a destacar, por un lado en 1869 el conde de Montemolín intentaba un golpe de Estado en San Carlos de la Rápita, siendo detenido. Y en junio de 1861 se producía una insurrección campesina en Loja sofocada con la habitual dureza.
3.4.- La política exterior de la Unión Liberal
A lo largo del siglo XIX España había carecido de una política exterior clara, lo que provocó una dependencia de Londres y París, hasta el punto de ver la ingerencia de ambas potencias en el asunto de los matrimonios de Isabel II y su hermana Luisa Fernanda entre 1845 y 1846. Sin embargo el Gobierno de la Unión liberal desarrolló una activa y agresiva política exterior para exaltar la conciencia patriótica y desviar la atención de los problemas internos.
La primera intervención fue la expedición hispano-francesa a Indochina (1858-1863). Luego la Guerra contra Marruecos (1859-1860). Tras las victorias de Castillejos y Wad-Ras se firmó una paz por mediación británica. La tercera intervención fue en el Méjico de Juárez en 1862 que terminó con la retirada española. Otras dos fueron la reincorporación de Santo Domingo en 1861 y la Guerra del Pacífico en 1866.
3.5.- La crisis final del reinado (1863-1868)
La unión liberal se descomponía ante la falta de objetivos políticos y el desgaste que producía el ejercicio del poder. Militares como Prim y políticos como Sagasta se alinearon abiertamente con la oposición al sistema.
Los primeros síntomas de la crisis se produjeron en 1864 al comenzar a detenerse las construcciones ferroviarias, faltaron inversiones extranjeras, los precios cayeron, se produjo una falta de algodón y en 1866 un crack bursátil en toda Europa supuso la ruina de muchos pequeños inversores.
A todo ello hay que sumarle el clima de descontento político. En 1864 comenzó a enrarecerse el clima universitario. Determinados profesores krausistas como Sanz del Río, Canalejas o Cautelar defendían una apertura. En octubre de 1864 el ministro de Fomento, Alcalá Galiano, distó una Real Orden prohibiendo la difusión desde las cátedras de ideas contrarias a la religión católica, la monarquía o la Constitución. Desde la prensa Castelar o Salieron protestaron por el recorte de la libertad de cátedra, pero cuando se vendió parte del patrimonio nacional para cubrir el déficit y resarcir a la reina con el 25% de las ventas un artículo de Castelar se criticaba la legalidad de la operación. El Gobierno expedientó a Castelar y ordenó al rector Montalbán su expulsión. Éste rehusó y dimitió. Los estudiantes solicitaron permiso para una serenata de despedida. La noche del 10 de abril de 1865 se produjo un enfrentamiento entre miles de estudiantes y fuerzas de la policía que se saldó con 9 muertos y centenares de heridos. Las protestas por la matanza de la noche de San Daniel se generalizaron, además algunos de los estudiantes muertos pertenecían a familias influyentes. El propio Alcalá Galiano murió de un ataque de apoplejía y la reina llamó a formar Gobierno a O´Donnell.
El 22 de junio de 1868 se producía la sublevación del Cuartel de San Gil, donde 1.200 artilleros se amotinaron e intentaron hacerse con el control de Madrid. El cuartel fue tomado al asalto produciéndose 60 muertos a los que habría que sumar 66 ejecutados. Otro intento en Gerona fue aplastado por Narváez y el mismo Prim tuvo que exiliarse al fracasar su pronunciamiento en Villarejo de Salvanés. Narváez suspendió la Cortes, cerró todos los periódicos críticos y persiguió a cualquiera que criticase al Gobierno.
En 1868 progresistas, demócratas y republicanos firmaban el Pacto de Ostende. En 1867 moría O´Donnell y en 1868 lo hacía Narváez. Cuando Serrano y la misma unión liberal se unieron al pacto estaba claro que era el fin de la monarquía isabelina que se produciría en septiembre de 1868 tras la Revolución Gloriosa.
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