La Declaración Universal de los Derechos Humanos, proclamada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948, recoge un conjunto de derechos básicos de las personas. En su 70 Aniversario, muchos de esos derechos siguen sin estar garantizados para la totalidad de la población española.
La Carta representa un ideal común por el que todos los pueblos y naciones deben esforzarse, a fin de que tanto los individuos como las instituciones, inspirándose constantemente en ella, promuevan, mediante la enseñanza y la educación, el respeto a estos derechos y libertades, y aseguren, por medidas progresivas de carácter nacional e internacional, su reconocimiento y aplicación universales y efectivos, tanto entre los pueblos de los estados miembros como entre los territorios colocados bajo su jurisdicción.
En la Carta se establecen los derechos y las libertades fundamentales para todas las personas, resaltando el derecho a la vida, la libertad y la nacionalidad, a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión, a trabajar, a recibir educación y a participar en el gobierno.
En su Preámbulo, la Declaración recoge la doctrina del derecho de resistencia al considerar esencial que los derechos humanos sean protegidos por un régimen de Derecho «a fin de que el hombre no se vea compelido al supremo recurso de la rebelión contra la tiranía y la opresión». Lo que en buena lógica significa que la rebeldía es legítima si el gobierno de un Estado que haya suscrito la Carta no cumple las garantías especificadas en la misma. Esto adquiere plena vigencia en un momento como el actual, en el que gobiernos de inspiración neoliberal recortan brutalmente muchos derechos, entre ellos, los relativos al trabajo digno y a la protección social.
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