Desde la llegada de Iván Duque a la presidencia las organizaciones tienen registro de 236 líderes asesinados, un repunte en las cifras en los diez meses que lleva en el cargo.
El movimiento Marcha Patriótica y el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz) denuncian un aumento sistemático en la violencia hacia líderes sociales y excombatientes de las Farc. Según el informe Todos los nombres, todos los rostros, “aún faltan desarrollos normativos y acciones efectivas para enfrentar la violencia sistemática en contra de comunidades, organizaciones y liderazgos”.
Sobre el panorama actual de homicidios aseguran que entre estos dos grupos que requieren especial protección del Estado ha habido 837 personas asesinadas entre enero de 2016 y mayo de 2019. De esta cifra, 702 serían líderes sociales y 135, excombatientes de las Farc. Además, según las organizaciones, desde la llegada de Iván Duque a la presidencia tienen registro de 236 líderes asesinados, un repunte en las cifras en los diez meses que lleva en el cargo.
Según el informe, los asesinatos de líderes sociales y defensores de derechos humanos tienen un factor geográfico. Entre el 1° de enero y el 22 de mayo del 2019 se han presentado 88 asesinatos en 55 municipios, mientras que en el 2018 hubo 282 asesinatos en 138 de municipios. Para Indepaz, en el 2017 y en el 2016 los departamentos donde más se registraron estos crímenes fueron Cauca, Nariño y Antioquia.
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Otro factor determinante, para las organizaciones, es la identidad de las víctimas. De los 702 líderes sociales y defensores de derechos humanos asesinados, la mayoría pertenecían a minorías y comunidades rurales. Desde la firma del Acuerdo, 499 víctimas de homicidios han sido líderes campesinos, indígenas, afrodescendientes y comunales. Los crímenes también tendrían una relación con la construcción de género. De los 702 asesinatos registrados, 604 víctimas fueron hombres y 98 mujeres.
La causa presunta que más incide en estos asesinatos es el conflicto de tierras. Según el informe, gran parte de los asesinados defendían el territorio y los recursos naturales, pues representan el 71.08 % de los homicidios. Por otro lado, las muertes que estarían relacionadas con cultivos de coca, ya sea pactos de sustitución o erradicación forzada, suman 77 desde la firma del Acuerdo. Esta se descompone así: dos en 2016, 20 en 2017, 44 en 2018 y 5 en 2019.
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Entre los presuntos autores de los homicidios, el informe resalta a exmiembros de grupos paramilitares, grupos armados ilegales como el ELN y el EPL, así como miembros de la Fuerza Pública o grupos armados residuales. Para amenazar a sus víctimas, estos actores recurren a diversas tácticas entre panfletos, llamadas y mensajes por chat o redes sociales, que son difundidas tanto en áreas urbanas como en el campo.
El movimiento Marcha Patriótica, que también participa como autor del informe, asegura que 200 de sus integrantes han sido asesinados desde su creación. De estos, 77 casos han ocurrido desde la firma del Acuerdo. Según el movimiento, en 20 de los 32 departamentos de Colombia se han presentado homicidios en contra de sus integrantes.
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