80.000 personas con discapacidad no podrán votar este domingo

El Estado español continúa sin aplicar la Convención de Derechos de las Personas con Discapacidad de la ONU, ratificada en 2008, al impedir ejercer el derecho de sufragio a 80.000 personas que cuentan con una sentencia judicial de incapacidad total --dato de la Fiscalía General del Estado--. Ley Orgánica de Reforma Electoral (LOREG) todavía no ha sido modificada por el Parlamento y miles de ciudadanos quedan excluidos de los comicios.   "Este es el problema más radical y estructural. Lo permite la legislación electoral", advierte el presidente del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI), Luis Cayo Pérez Bueno en declaraciones a Europa Press, que recuerda que la Convención de Naciones Unidas obliga a España a modificar la ley bajo la premisa de que ninguna persona por razones de discapacidad puede ser privada de este derecho fundamental.   En 2011, la ONU examinó a España para comprobar el nivel de adaptación de más de 90 normativas a la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad que había firmado tres años antes. Según recuerda el presidente del CERMI, "Naciones Unidas advirtió al Gobierno de que no había hecho los deberes en materia electoral al no modificar la LOREG".   A su juicio, se trata de una cuestión de "voluntad política". En octubre de 2013, la Comisión Constitucional del Congreso de los Diputados aprobó por unanimidad solicitar al Gobierno que elaborara una propuesta de reforma electoral en el plazo de seis meses. Ha pasado más de un año y medio y desde el Ejecutivo no ha salido ningún informe al respecto.

"A NADIE SE LE PIDE QUE JUSTIFIQUE SU VOTO"

   "No cuesta nada acometer este cambio", lamenta Pérez Bueno, que asegura que el Ministerio del Interior, que es el organismo competente en materia electoral, "insiste en que no es necesario modificar la ley", pese a la advertencia de la ONU, la petición del Congreso de los Diputados y la insistencia del Real Patronato de la Discapacidad.   Para el gerente de Down España, Agustín Matía, el problema sobre la restricción del voto del colectivo con discapacidad intelectual radica en la "aplicación estricta" de la LOREG por determinados jueces, que en sus sentencias realizan una definición de la capacidad de la persona para determinar si puede o no ejercer su derecho al sufragio.   A su juicio, la "cuestión de fondo" es que en España actualmente a ninguna persona se le pide una explicación o valoración sobre el partido o candidato al que vota, ni una demostración de si comprende o no los mensajes o programas. "¿Por qué se exige esto a las personas con discapacidad intelectual y al resto no?", se pregunta Matía, que recuerda que la gente puede apoyar a un partido porque le gusta el color de sus siglas o la sonrisa de su candidato.

REVISIÓN DE SENTENCIAS DE INCAPACIDAD

   "El sistema electoral también tiene que ser abierto para las personas con discapacidad", asegura este representante de Down España, que compara la situación que viven ahora miles de ciudadanos con discapacidad con la de las mujeres en España a las que se les impidió votar hasta 1933.   Otra de las iniciativas para ampliar este derecho de sufragio es la de pedir la revisión de las sentencias judiciales de incapacidad, tal y como hace la Confederación española de organizaciones en favor de las personas con discapacidad intelectual y del desarrollo FEAPS. Según su responsable de Comunicación, Fermín Núñez, aunque se ha conseguido incapacitaciones parciales o incluso revocar totales, todavía hay miles de personas privadas de este derecho fundamental.   FEAPS puso en marcha en 2014 la campaña '#MiVotoCuenta' para las elecciones europeas con el objetivo de concienciar a la sociedad y a las personas con discapacidad intelectual de la importancia de ejercer su derecho al voto e incidir directamente en las campañas de los partidos políticos.

PROGRAMAS ACCESIBLES

   Esta misma iniciativa ha continuado desarrollándola en 2015 para los comicios municipales y autonómicos. Además de reclamar a revocación de las incapacitaciones legales, también se centra en los problemas de accesibilidad a la hora de votar y en la adaptación de los programas electorales a 'lectura fácil' para favorecer su comprensión.   Desde las elecciones generales de 2012, FEAPS se ha reunido con los responsables de campaña de los principales partidos para hacer accesibles los programas a través de vídeos resumen o adaptándolos al sistema de 'lectura fácil'. De entre todos ellos, Núñez pone como ejemplo a UPyD al ser la formación política más diligente en este sentido.   El PSOE también colgó en 2012 en su Web una versión más sencilla y la puso al mismo nivel que la normal e Izquierda Unida (IU) hizo un vídeo, un recurso utilizado también por el PP en las europeas del año pasado. Equo y Podemos también realizaron una versión de 'lectura fácil'.   "Si se dirigen a la ciudadanía a captar el voto, que sepan que hay un diez por ciento que tiene más complicado acceder al mismo porque puede no enterarse bien o no recibir el mensaje. Aunque sea solo por egoísmo, los partidos deberían tomar más medidas de accesibilidad", subraya el presidente del CERMI al respecto.

POLÍTICOS CON DISCAPACIDAD

   Antonio Guilló, una de las personas con discapacidad intelectual que ha participado en ediciones anteriores de la campaña #MiVotoCuenta y es formador de Derechos de FEAPS, afirma que hasta hace poco este colectivo tenía "muy difícil" comprender de lo que decían los políticos. "Mucha gente no entendía los mensajes y como consecuencia no opinaba y decidía no votar", advierte.   Si bien Guilló celebra que las personas con discapacidad intelectual cada vez son más conscientes de su capacidad para ejercer el derecho de sufragio, también asegura que "todavía queda mucho por hacer" al respecto. Para él, lo deseable sería que hubiera también en las listas más políticos con discapacidad para sentirse "realmente representados y escuchados".

PERSONAS SORDAS EN MESAS ELECTORALES

   De entre los colectivos de personas con discapacidad, el de personas sordas manifiesta su satisfacción por la participación de casi una veintena de ellas en mesas electorales: 8 como titulares y 11 como suplentes. Concretamente, cuatro en la Comunidad de Madrid, tres en Castilla León, una en La Rioja, cuatro en Andalucía, cinco en la Comunidad Valenciana, una en la Región de Murcia, y una en las Islas Baleares.   Según ha informado la Confederación Nacional de Personas Sordas (CNSE), todas ellas, han ejercido su derecho a solicitar intérpretes de lengua de signos durante la jornada electoral, un hecho que para la presidenta de esta organización, Concha Díaz, "pone en valor normas que apuestan por la igualdad de oportunidades".   El Real Decreto de 2011 por el que se aprueba el reglamento sobre las condiciones básicas para la participación de las personas con discapacidad en la vida política y en los procesos electorales señala que las administraciones deben proporcionar a las personas con discapacidad auditiva, que hayan sido designadas miembros de mesa electoral, un servicio gratuito de interpretación de lengua de signos como apoyo complementario durante la jornada electoral.
www.europapress.es/epsocial/discapacidad-00330/noticia-80000-personas-discapacidad-no-podran-votar-domingo-20150522140659.html
Esta obra está bajo una Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional.