A 40 años del crimen de Aramburu

Por Juan Alonso

Hace 40 años el país era bien distinto. La violencia y la semilla del odio germinó en la construcción política por el recuerdo de los fusilamientos de civiles en los basurales de José León Suárez en 1956 –a manos de la llamada Revolución Libertadora-, hechos claves en la memoria de los jóvenes que se criaron con la abundancia y las contradicciones del primer peronismo, jaqueado por un golpe cívico-militar sangriento.

El derrocamiento de Juan Domingo Perón en 1955 estuvo signado por un fuerte protagonismo de la Iglesia Católica y los sectores agroganaderos oligárquicos, asociados con los intereses de la banca extranjera, que se vieron afectados por el programa económico que llevó adelante el fundador del Justicialismo: la clase trabajadora llegó a participar del 56 por ciento de la renta y la industria nacional y el consumo interno crecieron como nunca en el siglo XX, el mayor logro distributivo de la historia nacional.

Entre los conspiradores contra Perón, se contaba el hombre que moriría baleado y tapado con cal unos años después en un ignoto campo de Timote, en la provincia de Buenos Aires: Pedro Eugenio Aramburu.

En la Argentina de comienzos de los años ’70, Aramburu aparecía como “la válvula de escape del sistema”, según el relato historiográfico de los fundadores de la organización guerrillera de extracción peronista, Montoneros.

El gobierno de facto del general Juan Carlos Onganía se veía debilitado por los cimbronazos del Cordobazo. Y el malestar de los trabajadores sindicalizados y los estudiantes hicieron eclosionar la base de sustentación del gobierno opresor que perseguía a las organizaciones gremiales y encarcelaba a sus líderes más combativos.

Es decir que el secuestro y el posterior asesinato de Aramburu se dieron en el marco de una creciente protesta social con el peronismo proscripto por una dictadura que se cerraba sobre sí misma.

Onganía tenía la utopía de quedarse una década más en el poder, sosteniendo –decía- un presunto plan económico de tono “eficientista” que equilibraría las cuentas del Estado de la mano del inefable Adalbert Krieguer Vasena.

Nada de eso era cierto. Y Aramburu lo sabía. Por eso se presentaba y se proponía como candidato civil para salir del desastre hacia delante.

La embajada de Estados Unidos tomaba notas de sus múltiples reuniones con socialistas, comunistas, miembros de la CGT y jerarcas de la Iglesia.

Por esos años, el máximo exponente de lo que fue la Revolución Libertadora solía reunirse con el líder de la CGT dialoguista, Augusto Timoteo Vandor, y juntos delineaban el país que suponían llegaría alguna vez.

Los dos fueron asesinados con meses de diferencia.

El mismo Perón, en Madrid, le adelantó personalmente a Vandor que esos “diálogos” no eran bien vistos por “la organización” en 1969.

Aquella mañana del 29 de mayo de 1970, el día del Ejército, el general Aramburu estaba en su departamento de la calle Montevideo 1053. Su esposa, Sara Herrera, había salido para hacer unas compras. Aramburu ni siquiera se había afeitado y vestía pijamas cuando sonó el timbrazo.

La empleada doméstica que atendió a los jóvenes montoneros Emilio Maza y Fernando Abal Medina, con ropas militares, simulando ser parte de la custodia del general, no calculó nunca que venían a secuestrar a Aramburu para matarlo el 1 de junio de 1970 de un disparo seco en el piso de tierra del campo de la familia  Ramus en Timote.

Sara, la esposa del general asesinado, nunca se repuso. Y su hijo Eugenio, abogado e idéntico a su padre, menos.

Si bien la saga de la muerte de Aramburu encierra el debut armado de Montoneros, nunca han quedado del todo claros los vínculos de una parte de sus miembros fundadores con asesores de Onganía, Diego Muniz Barreto, por caso, que fue asesinado por la dictadura de Jorge Rafael Videla luego de 1976.

Muniz Barreto se había convertido en uno de los padres ideológicos de esos jóvenes revolucionarios que se educaron en el Nacional Buenos Aires, pasando por el nacionalismo militante de Tacuara y las lecturas del revisionismo histórico de José María Rosa y Juan José Hernández Arregui.

Lo cierto es que la muerte de Aramburu significó un episodio político de características espectaculares que ayudó a posicionar a Montoneros como brazo armado del mayor movimiento político de masas de América latina.

En los hechos fue mucho más que una venganza por los fusilados del ‘56. Por primera vez, una organización guerrillera, en nombre del pueblo, devolvió el golpe y salió a denunciar la ignominia a la que fueron sometidos los sectores más desposeídos de la sociedad desde 1955.

En mayo del ’70 cambió la historia y nunca más la vida fue como era antes.-