A Chile todavía le quedan avances por conseguir en el sector doméstico

En la 100 Conferencia Internacional del Trabajo, que culminó hace algunos días en Ginebra, representantes de organizaciones de trabajadores, empleadores y gobiernos de los 183 estados miembros de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) adoptaron una nueva norma internacional, el Convenio 189 sobre trabajadores y trabajadoras domésticas. Este establece estándares mínimos de protección para quienes se desempeńan en el trabajo doméstico remunerado, una de las ocupaciones con mayor déficit de trabajo decente en el mundo.

En tareas como cocinar, limpiar, lavar la ropa, cuidar nińos y a otras personas de la familia, las trabajadoras domésticas realizan una contribución social y económica central y se aumentan las oportunidades de empleo remunerado para aquellas con responsabilidades familiares.

En Chile, un 14% de las mujeres son trabajadoras de casa particular, la gran mayoría (82%) en la modalidad de puertas afuera. Muchas de ellas están expuestas a extensas jornadas de trabajo, bajas remuneraciones, escasa cobertura de seguridad social, alto nivel de incumplimiento de las normas laborales y un menor reconocimiento de sus derechos. Chile ha avanzado significativamente en los últimos ańos en la equiparación de los derechos laborales de las trabajadoras de casa particular, pero aún quedan desafíos importantes. Gozan de los mismos derechos que el resto de los asalariados respecto de la seguridad social, la protección a la maternidad, el régimen de vacaciones y el salario mínimo. Sin embargo, la legislación es menos favorable para ellas en aspectos tales como la jornada de trabajo y el cálculo de horas extraordinarias.

Entre los nuevos derechos que reconoce el Convenio 189 están la jornada de trabajo, el descanso semanal de por lo menos 24 horas consecutivas, el límite para los pagos en especie, informaciones claras sobre los términos y condiciones de empleo, así como el respeto de los principios y derechos fundamentales en el trabajo, incluyendo la libertad de asociación y la negociación colectiva. De acuerdo con los procedimientos de la OIT, el convenio entrará en vigencia una vez que sea ratificado por dos países. Uruguay y Filipinas ya han manifestado su interés en iniciar este proceso.

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