A Dios rogando y con Maza dando

José Manuel Maza no debería seguir un minuto más al frente de la Fiscalía General del Estado. Maza no reúne el principal requisito que debe cumplir quien ocupa un cargo de la responsabilidad del suyo en un Estado de derecho: máxima independencia del poder ejecutivo. Como ciudadano me siento abochornado por su nueva y forzada comparecencia de esta tarde en el Congreso, la segunda en dos meses y ambas relacionadas con casos de corrupción en el PP. En las dos – “caso Auditorio”  en Murcia y “caso Lezo” en Madrid - José Manuel Maza ha obviado las  evidencias y se ha aferrado a la ausencia de pruebas palpables de que sus actuaciones y las del fiscal anticorrupción Manuel Moix, nombrado por él, buscan ahorrarle al PP disgustos judiciales.
En Murcia se opuso a que el fiscal anticorrupción de aquella comunidad acusará al ex presidente autonómico Pedro Antonio Sánchez en el “caso Auditorio”. En Madrid, su hombre de confianza en Anticorrupción, Manuel Moix, hizo lo posible y lo imposible para detener los registros del “caso Lezo” que llevaron a la cárcel al ex presidente madrileño Ignacio González y a otros presuntos implicados en el saqueo de la empresa Canal de Isabel II. La rebelión de los fiscales madrileños le obligó a dar marcha atrás en una decisión a todas luces escandalosa. A los pocos días, no obstante, relevó de sus funciones a los fiscales que investigaban las comisiones del 3% en Cataluña y sin consultarles siquiera dio curso a la denuncia de un imputado contra ellos.
"Maza no reúne el principal requisito que se supone debe cumplir quien ocupa un cargo de la responsabilidad del suyo"
Moix ha llegado a la fiscalía anticorrupción gracias a lo serio que le parecía al mismísimo Ignacio González, como el propio Maza ha reconocido esta tarde en sede parlamentaria. No obstante ello, al actual Fiscal General no se le ocurrió ni por asomo pensar mal de esa preferencia por parte de un político como González que, mucho antes del “caso Lezo”, ya estaba siendo investigado por otros asuntos turbios como el ático de Marbella.  Moix ha sido también quien, raudo y veloz, ha salido a desautorizar de nuevo a los fiscales madrileños que sospechan de que Ignacio González y sus hermanos recibieron un oportuno chivatazo procedente de las altas esferas políticas o de la judicatura que les puso en aviso de que estaban siendo investigados.  
Ninguna de estas actuaciones de Moix, que como poco pueden calificarse de irregulares, merecen reproche alguno para Maza. Además, no contento con guardar las espalda de su escudero en Anticorrupción, ha tenido también la ocurrencia de pedir que se castigue a los medios de comunicación que publiquen filtraciones judiciales. Cabe suponer que, para este señor, la libertad de expresión y el derecho a la información recogidos en la Constitución deben ser severamente limitados si suponen una amenaza de algún tipo para el Gobierno o para el PP. Al parecer, la Ley Mordaza no le parece suficiente despropósito y quiere reforzarla algo más.
Sólo por una ocurrencia como esa debería ser inmediatamente cesado por quien lo nombró para el cargo, el ministro de Justicia, sólo que éste también debería aprovechar e irse a casa con él ya que a este paso ya ha hecho bueno al nefasto Ruiz Gallardón. Por elevación debería hacer lo propio quien nombró a Catalá al frente de Justicia, un Mariano Rajoy a quien la corrupción en su partido no es extraño que le preocupe más bien poco mientras cuente con fieles escuderos en la fiscalía que se encarguen de echarle agua al fuego.
“Catalá ya está haciendo bueno al nefasto Alberto Ruiz Gallardón”
La falta de pruebas tangibles a la que se aferran Maza, Catalá  y Rajoy sobre la proximidad de la Fiscalía General a los intereses del PP en los casos de corrupción no despeja el manto de sospecha sobre sus actuaciones. La persistencia de esa sombra de duda es incluso peor que las pruebas ya que contamina todo el sistema y hace que paguen justos por pecadores. La corrupción y la manifiestamente mejorable lucha contra ella ha dañado severamente la confianza de los ciudadanos en los políticos y en las instituciones. Sin embargo, las reiteradas  actuaciones de la Fiscalía General del Estado a favor de los intereses del partido en el Gobierno o de la Jefatura del Estado -  recuérdese lo ocurrido con el “caso Nóos” entre otros - ha arrojado una permanente sombra de duda que corroe una de las columnas maestras de la democracia, el sistema judicial.  
Asegurarla es de vital importancia y eso pasa por un acuerdo político – que por desgracia ni está ni se le espera -  que haga del Ministerio Público un verdadero poder al servicio del Estado de derecho y no del partido de turno en el Gobierno.